Amenaza de cierre en algunos despachos de abogados de Sevilla por la paralización de la Justicia
La falta de actividad en los juzgados lleva a algunos bufetes a repensar medidas para ahorrar costes como el traslado de las oficinas a sus domicilios o despidos
El 2023, 'annus horribilis' de la Justicia en Sevilla: unos 30.000 juicios suspendidos
Rueda de prensa ayer del decano de los abogados, Óscar Fernández León, y la decana de los procuradores, Teresa Rodríguez Linares
Los decanos de los abogados y procuradores de Sevilla, Óscar Fernández León y Teresa Rodríguez Linares, respectivamente, ofrecieron ayer una rueda de prensa sobre la situación de ambos colectivos como como consecuencia de la grave crisis que vive la administración de Justicia por la ... pandemia del coronavirus, primero, y por las reiteradas huelgas entre profesionales de este servicio público. Y apuntaron una amenaza real: el cierre de algunos despachos por la falta de actividad.
Ambos reconocieron ayer que el riesgo de cierre está sobrevolando algunos bufetes de la ciudad y la provincia por la falta de actividad en los tribunales desde hace meses. Cuando parecía que la administración de Justicia arrancaba tras la pandemia del coronavirus, llegaron los dos meses de huelga de los secretarios judiciales y después, la huelga de los funcionarios.
Ni Fernández León ni Rodríguez Linares tienen constancia real aún de que compañeros hayan tenido que cerrar sus despachos, pero saben que algunos plantean despidos de trabajadores o trasladar la oficina a casa.
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Peor es la situación de los colegas del turno de oficio y el servicio de asistencia jurídica gratuita ante la no tramitación de las demandas o causas.
En Sevilla, según su decana, los procuradores reciben en total 10.000 notificaciones a diario. Ahora hay jornadas que no alcanzan las 4.000. No se tramitan las demandas ni otros escritos. Y «muchos abogados y procuradores dependen de una de esas resoluciones para cobrar», afirma Teresa Rodríguez Linares. El coste del mal funcionamiento de la Justicia la pagan los justiciables y los profesionales autónomos con desplazamientos innecesarios y plazos eternos.
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