Abogados y procuradores de Sevilla lanzan un SOS: «La Justicia vive uno de sus peores momentos de la Democracia»

Es el diagnóstico al que llegan los máximos representantes de estos colectivos de profesionales después de una pandemia, la del coronavirus, que afectó a este servicio público de manera intensa. Fue la más paralizada y la última que recobró la normalidad. Y cuando comenzaba la administración de Justicia a ver la luz, llegaron las huelgas. Primero, los letrados de la Administración de Justicia, antiguos secretarios judiciales, y después los funcionarios. Entre tanto, hubo un conato de los jueces.

Ante esta situación, los abogados y los procuradores no se van a quedar de brazos cruzados. Aprovechando la convocatoria del Consejo General de la Abogacía Española, a través de todos los colegios del país, llaman a la concentración de este miércoles a las doce del mediodía en el Prado, bajo el lema 'En defensa de la Justicia, por la ciudadanía y por la Abogacía'.

El objetivo, como han explicado este lunes en rueda de prensa Óscar Fernández León y Teresa Rodríguez Linares, es reivindicar el cese de la actual paralización del servicio público y su inmediata reactivación, así como exigir la definitiva adopción por los responsables de un Pacto de Estado que conduzca a la adopción de medidas que supongan «una reforma profunda y duradera de la Justicia, una reforma que la transforme en un verdadero servicio de calidad».

Esta concentración, «verdaderamente histórica», pretende aunar no sólo a todos los abogados de nuestro Colegio, sino igualmente a compañeros profesionales de otros colectivos implicados en la administración de Justicia, así como a la ciudadanía sevillana y las entidades que la representan, según Fernández León, que ha analizado la situación actual de la Justicia.

«Desafortunadamente, desde que la mayoría de nosotros tenemos uso de razón se habla de 'la crisis de la Justicia'. Así, en singular. Crisis. Como si fuera consustancial al propio servicio que la Justicia presta a la sociedad. Y es que, la Justicia no parece haber importado mucho, o al menos no lo suficiente, sea cual fuere el color de los gobiernos, tanto estatal como autonómico», ha lamentado el decano.

Por eso, ha asegurado que «no ha existido aún una legislatura en nuestra democracia en que se haya modernizado verdaderamente este servicio público, como sí las ha habido claramente para la educación, hacienda o la sanidad, entre otros servicios públicos que, con la Constitución, nuestros poderes públicos se han afanado en crear y consolidar». No es que la administración de Justicia no importe, «es que importan más otros servicios públicos».

En este sentido, ha explicado que las iniciativas de cambio impulsadas hasta la fecha no han gozado de suficiente voluntad política o han perecido por la falta de visión de Estado, o de mero sentido institucional, incluidos «los vaivenes del cortoplacismo». El diagnóstico de los males de la Justicia ya está hecho desde hace décadas, pero «nadie termina de implementar las soluciones proyectadas para este servicio público, aunque sea patente para todos que requiere de modo urgente una reorganización que lo haga más rápido y efectivo, así como mayores recursos materiales y personales, que aseguren su calidad».

Por si fuera poco, en 2019 llegó la pandemia del coronavirus. La Justicia no fue solo la administración más paralizada, sino una de las que más ha tardado en recuperar la normalidad. «Todavía no habíamos recuperado dicha normalidad cuando irrumpe la huelga de los letrados de la Administración de Justicia, congelando nuevamente la actividad durante meses. Y ahora, al reciente conato de la huelga de jueces y fiscales, le sigue la actual huelga de funcionarios».

Ambos decanos han respetado el derecho a la huelga de cada colectivo profesional, pero esta huelga «continúa manteniendo paralizada la Justicia, sin control efectivo ni del cumplimiento de los servicios mínimos, y sin viso alguno de solución».

«La Justicia vive, pues, uno de sus peores momentos del periodo democrático, paralizada desde hace meses por sucesivas huelgas, y sin implantar las medidas de transformación proyectadas en las Conferencias Sectoriales de Justicia, ni de los proyectos de ley que en estas se habían consensuado, y que ya habían llegado al Congreso de los Diputados».

Y por tanto las consecuencias son evidentes: «La Justicia sufre una gravísima crisis de deterioro en su funcionamiento, escenario crítico que está afectando gravemente tanto a la ciudadanía, que no puede confiar en el Estado para que resuelva sus problemas y sea el garante de sus derechos fundamentales, como a quienes tenemos del deber constitucional de su asistencia jurídica y defensa».

Fernández León ha expuesto que cada día reciben sus los despachos miles de quejas de la ciudadanía por el «nefasto» servicio público de Justicia y por el «injusto» servicio que reciben, sin poder ofrecer ninguna justificación razonable, y el cliente, «muchas veces no entiende nuestras explicaciones, culpándonos de la situación».

La paralización de procedimientos y actuaciones judiciales así como los retrasos en los señalamientos está suponiendo que muchos compañeros dejen de trabajar o disminuyan considerablemente su actividad profesional, planteándose incluso el cierre de sus despachos. «Esta es una de las consecuencias dramáticas para nuestra profesión, y que hace que muchos compañeros y compañeras hayan pasado de 'vivir' en y de la profesión a tratar de 'sobrevivir' ante la falta de casos debido al más que defectuoso funcionamiento de la Justicia».

 El coste del mal funcionamiento de la Justicia, con sus retrasos y aplazamientos, lo soportan los abogados con su propio trabajo y tiempo, pues, como profesionales libres, «nuestro mayor valor es el tiempo que ocupamos en nuestra actividad». Esta situación se agrava en el turno de oficio, quienes desempeñan su trabajo «en unas condiciones precarias e indignas».

Por último, ha señalado las tensiones, malos modos, incomprensiones y otros malentendidos que se producen diariamente en este contexto crítico en los juzgados, supone que se produzcan «muchos casos en los que se socava nuestra dignidad del profesional».

Por todo ello, ha reivindicado un servicio público que soluciona problemas a la gente, protegiendo sus derechos y libertades. «Esa es la función primordial de este servicio público. El que hoy en día, ya de por si obsoleto, lleva meses paralizado. Y esa es precisamente la razón por la que abogados y abogadas seguimos creyendo en el sistema de Justicia, y lo defendamos, por muchas que sean las deficiencias de funcionamiento y retrasos, impensables en cualquier otro servicio público».

Y ha mandado un mensajes a todos los partidos políticos: «A unos y otros les exigimos la urgente e inmediata reactivación del servicio público, por el bien del país y de la ciudadanía. Y por eso mismo, también exigimos a los partidos que concurren a las elecciones que hagan de la Justicia una prioridad, para que la XV Legislatura sea por fin la Legislatura de la Justicia».

Por su parte, la decana de los procuradores ha sido más contundente ante la «lamentable» situación judicial, que también afecta y mucho a los procuradores, nexo de unión entre tribunales y abogados. En Sevilla se reciben al día 10.000 notificaciones. Hay días que estamos recibiendo menos de 4.000 por la huelga.

Los juicios suspendidos en estos meses se están volviendo a señalar en 2025 y 2026, sobre todo en jurisdicciones tan afectadas como la Civil o la Social. Rodríguez Linares ha explicado que si todos podemos saber cuando hay una huelga de taxi o cuando una huelga sanitaria, por qué no se puede saber con antelación si se suspenden los juicios de un día o no. «No era la manera adecuada de hacer ruido, preferían tener allí a los profesionales y a los ciudadanos», se ha quejado la decana de los procuradores.

La situación genera «desazón». «No puede ser siempre a costa del justiciable y del profesional autónomo (abogado y procurador)». Por eso ha hecho un llamamiento a los funcionarios para que «ayuden». «No es difícil un entendimiento», aunque reconoce que la Justicia es el «patito feo» de las administraciones, «no interesa».

La solución para la Justicia podía pasar por las leyes de eficiencia organizativa y procesal, que se han quedado paralizadas en su tramitación por la convocatoria de elecciones generales. Teresa Rodríguez no es optimista en este asunto: no creo que antes de que acabe el año se retome. Ha concluido con un mensaje preocupante: «la situación es preocupante porque la Justicia va a un suicidio colectivo y es tan importante o más como otro servicio público».