Treinta mil juicios suspendidos en Sevilla en 2023, «un año perdido» para los tribunales

Y podía haber sido peor. Porque entre huelga y huelga, el Ministerio de Justicia de Pilar Llop apagó el conato de huelga de jueces y fiscales con una subida salarial importante. La ministra arregló los paros de los antiguos secretarios judiciales con un incremento en sus retribuciones tras dos meses de oídos sordos. Atajó rápidamente la amenaza de los magistrados y los representantes del Ministerio Público, pero por el momento hace caso omiso a los funcionarios, ni en periodo electoral.

El 2023 es «un año perdido» judicialmente. Es la conclusión que trasladó a este periódico hace unos días la abogada de la Asociación del Defensor del Paciente, María Jesús Villalpando. Ayer, el decano del Colegio de Abogados de Sevilla, Óscar Fernández León, aseguró que la Justicia vive «uno de sus peores momentos del periodo democrático».

La decana de los procuradores de Sevilla, Teresa Rodríguez Linares, fue más contundente: «La Justicia está en peligro porque va a un suicidio colectivo y es tan importante o más como cualquier otro servicio público».

Ayer, los dos decanos, ayer, en rueda de prensa para presentar la concentración que se celebrará mañana ante los juzgados del Prado de San Sebastián en la capital, lanzaron un mensaje de auxilio para salvar a la Justicia.

Respetando el derecho a la huelga de cualquier colectivo profesional, tanto Fernández León como Rodríguez Linares insistieron en que endémica «crisis de la Justicia», reclamando un pacto de Estado «urgente» que ponga en marcha una reforma «profunda y duradera». «Los ciudadanos también tienen derecho a un servicio digno de la Justicia», como pasa con la Educación, la Sanidad,...

En este sentido, lamentaron la paralización de la tramitación de las leyes de Eficiencia Organizativa y de Eficiencia Procesal por la convocatoria de las elecciones generales. Sobre estos nuevos textos normativos había depositadas muchas esperanzas por los operadores jurídicos, menos en el caso de los funcionarios, y cierto consenso político, pero ahora habrá que esperar. La decana de los procuradores no confía en que el nuevo gobierno que salga de las urnas retome el asunto antes de que acabe el año en curso.

No obstante, a pesar de «esta esperanza» legislativa, el decano de los abogados manifestó que hasta la fecha los poderes públicos jamás ha afrontado la tarea de modernizar la Justicia como sí han hecho con otros servicios públicos, sólo han desarrollado parches y visiones «cortoplacistas».

Por eso, «exige a los partidos que concurren a las elecciones que hagan de la Justicia una prioridad, para que la XV Legislatura sea por fin la de la Justicia». Pero «habrá que esperar a que llegue el nuevo gobierno para activar un plan de recuperación», del que desconocen posibles medidas, aunque apuntan una: aumentar la inversión para dejar de estar por debajo de la media europea en número de jueces».

Las consecuencias de la paralización de la Justicia por la pandemia y, después, por las huelgas ya son conocidas. Pero no por ello, los máximos representantes de los abogados y procuradores ayer volvieron a exponer los efectos: las quejas de los ciudadanos por el «nefasto» e «injusto» servicio público que reciben, sin que los profesionales puedan darles una justificación razonable. «Detrás de cada suspensión hay un drama personal», según Fernández León. Teresa Rodríguez subraya que los juicios suspendidos se han llevado a 2025 o 2026. La peor situación se viven en las jurisdicciones Social y Civil.

Esta situación deriva en «tensiones, malos modos, incomprensiones y otros malentendidos» a diario en los juzgados de Sevilla, que incluso conlleva «casos que socavan la dignidad» profesional de abogados y procuradores, que están notaron más la huelga de los secretarios judiciales que la de los funcionarios, que se está dejando notar más en los partidos judiciales que en la capital.

En este sentido, Teresa Rodríguez planteó ayer por qué los funcionarios o los secretarios no pueden avisar el día antes de las suspensiones de los juicios cuando la ciudadanía sabe con antelación el día que se secunda una huelga sanitaria o de taxis en la capital. «¿Por qué en la Justicia no? No era la manera adecuada de hacer ruido, tenían allí a los ciudadanos y a los profesionales.

«No puede ser siempre a costa del justiciable y del profesional autónomo», lamenta la decana de los procuradores, que expresó su «desazón» por lo «lamentable» de la situación de la Justicia, el «patito feo» de las administraciones.