Las trabas administrativas frenan ocho grandes proyectos inmobiliarios en Sevilla

Gabriel Rojas, Idisa, Iberdrola o Altamira (del grupo Santander) son algunas de las empresas que se afanan en sacar adelante estos proyectos, aunque con numerosos obstáculos por la falta de financiacion y las trabas administrativas que encuentran, según la patronal de la construcción Gaesco.

Juan Aguilera, gerente de Gaesco, denuncia el encorsetamiento que provoca el actual Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla (PGOU) de 2006, «aprobado justo antes del inicio de la crisis económica, cuando las necesidades eran otras». A su juicio, la mayor parte del PGOU no se ha cumplido por la falta de financiación y por las pegas múltiples que se ponen a los proyectos las administraciones. De hecho, sólo se ha desarrollado un 6% del PGOU de 2006, de modo que no se han ejecutado ni una sola de las 4.011 viviendas libres y de las 18.287 viviendas protegidas autorizadas en suelo urbanizable.

Los constructores y promotores denuncian que el Ayuntamiento no ha ejecutado los sistemas generales (alcantarillado, calles...) vitales para llevar a cabo varios proyectos «y ello pese a que durante la época en que Alfredo Sánchez Monteseirín era alcalde recibió más de 400 millones de euros de las empresas para que se ejecutaran». Ese dinero ha terminado invertido en otros sistemas generales, como las «Setas», el carril bici o el Metrocentro.

«El acceso al abastecimiento de agua o el saneamiento son infraestructuras básicas para la prestación de servicios. Ahora que ha pasado la crisis y muchos de los proyectos urbanísticos se van a desarrollar , nos encontramos con que el Ayuntamiento no ha hecho su trabajo y están sin ejecutar los sistemas generales necesarios para proyectos que cuentan ya con el plan parcial aprobado», según Aguilera.

Además, la patronal de la construcción afirma que para los nuevos desarrollos urbanísticos es necesario aprobar planes parciales que tramita el promotor ante el Ayuntamiento. «El problema es que para aprobar esos planes parciales son necesarios decenas de informes sectoriales de todas las administraciones, que se demoran bastante en emitirlos, retrasando así la ejecución de los proyectos. Esos informes necesarios son sobre red viaria, movilidad, vías pecuarias, ejecución de obras hidráulicas, suministro o abastecimiento de agua».

Cuando se trata de un cambio de uso del suelo de residencial a oficinas o de terciario a residencial, la cuestión se complica sobremanera. «A la hora de la verdad, la Junta de Andalucía dice que hay que cambiar el PGOU, cuando la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) dice que esos cambios deberían hacerse en el ámbito municipal . Eso no ocurre en otras ciudades, donde existe cierta flexibilidad para cambiar los usos en función de las necesidades», indicó Aguilera.

Uno de los proyectos que ha tenido que sortear numerosos problemas ha sido el del barrio que varios arquitectos de prestigio, como Norman Foster, diseñaron en el solar de Cruzcampo . Tras quebrar Urvasco, un pool de bancos ha continuado con este proyecto pero se encontró con que los terrenos no habían sido recalificados, pero la Junta recurrió porque no se habían previsto espacios para los edificios públicos. El TSJA acaba de poner fin al pleito al rechazar el recurso de la Junta, con lo que ya ha luz verde para este barrio de 2.000 viviendas.

Otro proyecto que ha tenido que superado no pocos inconvenientes ha sido el de San Nicolás Oeste , donde irá la segunda tienda de IKEA. El proyecto tiene el plan parcial aprobado definitivamente y ahora se procede a la reparcelación. El Ayuntamiento ha deslindado también una vía pecuaria, desafectada por la Junta. Gobierno central y Ayuntamiento acaban de firmar un convenio para facilitar su accesibilidad. Fomento cede al municipio la carretera SE-020 y dos tramos de la N-630, y financiará el enlace de la primera de ellas con la A-4 y la conexión de la SE-35 con la SE-020.

En cuanto a Higuerón Norte , donde Iberdrola tiene un 85% de los terrenos en que se ejecutarán zonas comerciales y oficinas e industria, el proyecto se realizará en varias fases debido al volumen de inversión que exige. La primera fase está pendiente de aprobación del plan parcial definitivo, para lo cual necesita tres informes de distintas administraciones: uno de inundabilidad de la CHG, otro de Fomento de la cesión de la SE-20 y un tercero de la Junta sobre la cesión al Ayuntamiento la carretera de Brenes.

El proyecto de Idisa en Buen Aire , frente a Salta Clara, está muy avanzado, ya que su plan parcial está pendiente de aprobación definitiva tras presentar varios informes sectoriales de distintas administraciones.

Por otra parte, el proyecto de Metrovacesa de 2.800 viviendas en Palmas Altas se retrasará porque el Ayuntamiento acaba de anular el convenio de urbanización porque la constructora paralizó las obras en 2012, en plena crisis económica.