La Fiscalía pide imputar a 21 personas, cinco ex altos cargos, en el Caso Marismas

Según el escrito que ha hecho hoy público la Fiscalía, en la tramitación del expediente de octubre de 2004 el presidente del Instituto de Andaluz de Reforma Agraria dictó una resolución por la que se resolvía favorablemente la solicitud de una subvención para la comunidad de regantes de las Marismas del Guadalquivir concediéndole así el 60 por ciento de esta peticion. Es decir, Agricultura aprobó el proyecto de modernización presentado con un presupuesto total de inversión de 66 millones de euros y se le conceció a la Comunidad de Regantes una subvención de mas de 40 millones de euros , equivalente al 60 por ciento del presupuesto de inversión que habían pedido.

El Ministerio Público considera que hay que investigar si la subvención cumplió con los requisitos establecidos por la propia resolucion , asi como «el irregular procedimiento de adjudicación de las obras» y el  pago de la primera certificación por unas obras que no se habían ejecutado entre otras cuestiones.

El fiscal cree que en toda esa tramitación se obviaron las reglas establecidsa y que se utilizaron criterios distintos a los establecidos para la valoración de las ofertas económicas técnicas.Y que  , por ello los hechos podrían ser constitutivos de delito de falsedad en documento oficial por funcionario público, prevaricación y malversación de caudales públicos.

Por todo ello, solicita la declaración como imputados ante el juez de 21 personas. Entre ellos Francisco Ruiz Orta, diretor general de Regadiosa, Carlos Javier Rodríguez, jefe de departamento de Infraestructuras y Actividades Estructurales, Manuel Antonio Cruz-Guzman jefe del Departamento de Infraestructuras,  Tomás Martínez director general de Regadios y Julián Martín, jefe de Servicio de Promoción Rural. Todos ellos exaltos cargos de la Consejería de Agricultura a los que se suman otras 16 personas relacionadas con el proceso de contratación y repreentantes de la UTE.

Según el fiscal, el resultado del proceso final de esa «irregular forma de actuar» al puntuar alas ofertas económicas fue que los lciitadores que habian presentao las tres mejores ofertas económicas quedaron en las posiciones 11, 12 y 14 y permitió que la UTE Befesa/Alpi y TEconsa/Elecnor/Meci/Tegnera quedaran colocadas dentro de los cinco primeros puestos pese a que sus ofertas económicas no se lo hubieran permitido.

Entre las irregularidades que cita la Fiscalía se encuentra también el hecho de que la Comunidad de Regantes no llegó a celebrar la junta o asamblea general para aceptar la subvención y tampoco contaba con medios financieros correspondientes al importe total de la inversión para a ejecución de las actuaciones.

Sin embargo el Ministerio Público señala que pese a que fueron advertidos «los responsables públicos no comunicaron estas irregularidades» y extendieron una certificación en la que «se certificaba falazmente que el 10 de noviembre de 2004 se había aceptado la subvención sin que tal asamblea general llegara a celebrarse en ningún momento».

Además, sigue la Fiscalía, se afirmaba que se había abierto una cuenta corriente para la contabilidad cuando todavía no disponían de medios financieros correspondientes al importe total de la inversión para la ejecución de las actuaciones.

Ahora está en manos del juez Juan Gutiérrez Casillas decidir cuando cita a declarar a todos ellos teniendo en cuenta que este juzgado también instruye las macrocausas de Invercaria, el uso de las transferencias de financiación en nueve empresas públicas o la Fundación DeSevilla entre otras diligencias.