Las grabaciones del caso Marismas: «La Junta llamó indicando quién debía ganar»

En primer lugar se trata el posible amaño del concurso. Uno de los testigos de la Comunidad de Regantes, Rafael Algarín, declaró a la Guardia Civil que el anterior presidente de esta entidad, el imputado Diego García Santos, le contó que lo había llamado el director general de Agricultura de manera personal y que el primer director de obras, Manuel Sánchez, dijo en una reunión «de viva voz que desde la Junta de Andalucía se emitió una llamada telefónica indicando la oferta a elegir de las empresas licitantes». En efecto, la literalidad de la grabación es la siguiente. El director de obra confiesa que en la mesa de adjudicación se decidió la ganadora en cinco minutos, tiempo en el que «difícilmente se pudo analizar nada». Y luego da una clave: «Hubo una llamada, que me dijo Diego (García Santos, presidente de los regantes, que era la entidad que adjudicaba), antes de la votación del director general instando a que se votase a alguna de las empresas andaluzas o votar a Befesa o votar a Alpi, que tenía experiencia nula».

Sánchez también explica que «yo redacté el proyecto de licitación con una serie de mejoras que ellos hacen y que durante un mes y pico se estudiaron las ofertas más válidas y finalmente se hizo una lista de cinco empresas que en principio iban a ser tres, pero que la Comunidad de Regantes instó a que fueran las cinco primeras. Este trabajo lo hizo Tharsis y participaron dos miembros de la Junta de Andalucía». Según indica, allí «se elaboró un dossier y se expuso a la asamblea antes de la votación y se decidió en cinco minutos que la empresa elegida era la quinta de la lista». La última. «No podíamos imaginarnos que se iba a tardar tan poquísimo en decidir quién era la adjudicataria y muchísimo menos que iba a ser la última en la lista, ya que en este tipo de obra tenía experiencia cero».

Lo más curioso es que antes había ganado otra UTE, formada por empresas locales —Tegner, Meci—, pero la Junta la rechazó porque la segunda empresa, propiedad del cónsul de Turquía, no tenía certificado para poder contratar con la administración. Sin embargo, la empresa ganadora, Befesa, las subcontrató después. El director de obra también lo dice en la grabación: «Befesa era la que iba a dar la cara a la Junta de Andalucía, pero la que realmente iba a hacer las obras era la otra».

Eso lo certifica un responsable de Befesa, Federico Barceló, en otra de las grabaciones aportadas al caso. Un regante le pregunta: «¿Eso de que les obligaron a contratar con Tegner y Meci?». El representante de la empresa ganadora contesta: «Era una condición del contrato si queríamos ser adjudicatarios, está puesto hasta por escrito, hecho en un notario».

Para culminar esta parte de la historia, que es sólo la rama que afecta al posible amaño del concurso, los denunciantes aportan otra grabación realizada al dueño de la citada subcontrata Tegner, Emilio García Navarro, que llega a afirmar que «en esta obra manda la Junta de Andalucía». Y relata cómo, pese a ganar el concurso fueron rechazados porque su socio, Meci, no tenía calificación: «Cuando sale la licitación ya tiene calificación y la mete, pero Ruiz Orta (jefe de servicio) detecta que es posterior a cuando se hace la licitación. Eso no pasaba nada si no hubieran querido que la obra fuera para Befesa. Echaron a éste, echaron al otro…».

Las cintas ya han sido aceptadas por el juez como «pieza de convicción». La Guardia Civil ha certificado que no fueron manipuladas y que las conversaciones que contienen son reales. Además, el magistrado también ha dictado una providencia el pasado 27 de noviembre en la que permite la personación de varios de los cargos de la Junta denunciados por la Fiscalía y ordena una exhaustiva investigación del patrimonio de los implicados.

Concretamente, el magistrado otorga oficios a la Guardia Civil para que la Unidad de Auxilio Judicial de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y la Delegación de la Agencia Estatal de Andalucía expidan informes «de los datos existentes en la base de datos centralizada de la AEAT» referidos a los inculpados durante «los ejercicios 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 relativos a Impuesto sobre la Renta, Impuesto sobre el Patrimonio, retenciones de trabajo, fincas urbanas y rústicas, impuestos de sociedades, autoliquidaciones de actividad exterior, sociedades, empresas en las que figura y cargo de las mismas, relaciones con terceros, modelo 347 completo y aquella información que pueda ser relevante para la investigación de la causa».

Las personas y entidades a las que afecta esta medida adoptada por el juez son los antiguos miembros de la Comunidad de Regantes Cristóbal Díaz, Diego García Santos; los responsables de la Consejería de Agricultura Francisco Ruiz Orta, Manuel Antonio Cruz-Guzmán, Carlos Javier Rodríguez y Julián Martín Jorreto; el empresario Emilio García Navarro y su propia empresa, Tegner, así como Befesa y Meci Works, propiedad de Manuel Moreno, cónsul de Turquía. También están implicados Mariano Garamendi, Manuel Gálvez y José García.

De todos ellos ha pedido también el juez a la Confederación Española de Cajas de Ahorro y otras entidades bancarias «información referente de las sociedades y personas investigadas» como cuentas corrientes, depósitos bancarios, hipotecas, préstamos... El magistrado ve indicios claros del fraude y llegará hasta el final.