La Junta supo el ganador de las obras de la marisma tres días antes del concurso

Así de contundente es la conclusión de la Guardia Civil en un nuevo atestado entregado al juez de instrucción número 16, Juan Gutiérrez Casillas, que investiga este fraude millonario cuyos fondos prodecen principalmente de la Unión Europea.

La propia Oficina Europea Antifraude ya confirmó el amaño del concurso y otras irregularidades como la falsificación de las certificaciones de obra en otro informe adelantado por ABC. Ahora, en cambio, la Guardia Civil desvela cómo se ejecutó y qué intereses podría haber detrás.

Todo empezó con un conflicto entre los regantes y la Consejería de Agricultura. La adjudicación correspondía a los miembros de la citada Comunidad y, tras reunirse la mesa de contratación, se decidió dar el contrato a la UTE compuesta por las empresas de la zona Meci Works —propiedad del cónsul honorario de Turquía en Sevilla—, Tegner y Elecnor.

Uno de los regantes que participaron en esa mesa reconoce en su declaración como imputado ante los agentes que se decidió que fuera así porque «la Junta Rectora sabía que Manolo Moreno —el citado cónsul— era del pueblo y que para darle la licitación a una empresa de fuera, se prefirió dar la licitación a Manolo Moreno y Emilio García», éste último también un empresario local, dueño de Tegner, conocido en Los Palacios como «El Murciano».

En su investigación, la Guardia Civil ha descubierto que además de esta razón los regantes que componían la mesa, todos ellos con estudios primarios o sin ningún tipo de formación, tenían otras: fueron invitados a numerosos viajes a Turquía (a cargo del cónsul) y a Israel, París, Bruselas...

Sin embargo, esta decisión trastocó los planes de la Junta, que según las diligencias apostaba por Befesa. Por ello, la misma noche en la que se decidió la adjudicación, uno de los dos altos cargos de la Consejería de Agricultura que estaban en la mesa de contratación volvió a llamar a los regantes para explicarles que había un problema.

Así lo confirma otro de los imputados. Todos admiten que el vocal de la Comunidad, Diego García Santos, recibió una llamada de alguien de la Junta. Su argumento era que la UTE formada por los empresarios locales no tenía la clasificación para poder optar a ese concurso y que había que volver a celebrarlo. En sus pesquisas, la Guardia Civil ha logrado acreditar que esto es falso. Esa UTE sí tenía los documentos en regla, emitidos por la Consejería de Innovación, para poder optar a ese contrato.

Pero a pesar de ser revocada, no impugnó la segunda adjudicación, que esta vez sí fue para la UTE Befesa-Alpi. La Junta tuvo tiempo de hacer el cambio porque, según los agentes, la Comunidad de Regantes facilitó «el resultado» al funcionario Francisco Guzmán el 19 de septiembre de 2004, pese a que la «apertura debe ser el 22/09/2004 a las 10:00 horas», como recoge el Boja del 31 de agosto.

No obstante, para la Guardia Civil son sospechosas las dos adjudicaciones, tanto la de los regantes como la de la Junta, ya que en ambos casos se usó un modelo que «le lleva a valorar las ofertas económicas más favorables para la Comunidad de Regantes Marismas del Guadalquivir con menor puntuación y las menos favorables económicamente con mayor puntuación, quedando situada Meci-Tegner y Befesa-Alpi en cuarta y quinta respectivamente, sindo las ofertas undécima y décima más caras respectivamente de las presentadas».

Lo curioso es que la Junta alegó para revocar a la que habían decidido los regantes que no tenía la citada clasificación —los agentes aportan los documentos que desacreditan esta afirmación— y que «en la selección final efectuada por los técnicos de la mesa de contratación la mencionada UTE no aparece entre las tres primeras ofertas». En efecto, era la cuarta. Pero Befesa, que era su apuesta, era la quinta.

En todo este lío, que no es más que el primer capítulo de un largo fraude con facturas falsas y obras por valor de 40 millones que se justificaron y nunca se terminaron de hacer, la mejor oferta era la de la UTE Vias-Cobra, pero nunca tuvo la menor opción de ganar el concurso. Los regantes apostaban por la unión de empresarios locales y la Junta por Befesa. Todas las declaraciones de 14 nuevos imputados en el caso —todos los miembros de la mesa de contratación y dos cargos más de Agricultura— admiten esta situación.

Y los agentes añaden, tras la testifical del empresario apodado «El Murciano», que se llegó a una entente entre ambas partes en la que Befesa contrataría a los empresarios locales a los que se había arrebatado el concurso. El «contrato privado» se firmó tres días antes de la adjudicación definitiva. El cónsul de Turquía lo niega, pero la Guardia Civil asegura que «falta a la verdad» porque incluso fue nombrado gerente de la nueva UTE con un sueldo de 5.000 euros al mes.

Es decir, todos quedaron contentos, ya que Meci facturó entre 6 y 8 millones por unas tuberías, que, además, no eran las que contemplaba el proyecto. Una década después y cuarenta millones de euros más tarde, en la marisma no funciona ni un sólo centímetro del revolucionario sistema de regadío previsto.