Caso Marismas: La Junta instó a falsear facturas para quedarse los fondos europeos

El nuevo informe realizado por la Guardia Civil en el marco del llamado «caso Marismas» es rotundo en este sentido. Los agentes sostienen que tras el «previo reparto del pastel», en el que los dos empresarios locales se repartieron 16 millones de euros en subcontratas por parte de la empresa impuesta por la Junta, Befesa, la propia administración andaluza instó a los empresarios a emitir facturas falsas para poder quedarse con el dinero de la Unión Europea antes de que cumpliera el plazo de justificación.

El atestado recoge literalmente que «los miembros de la Junta Rectora y Mesa de Contratación de la CRMG (Comunidad de Regantes Marismas del Guadalquivir) nos dicen que es porque la Junta de Andalucía tenía que gastar el dinero de la partida presupuestaria asignada a ese año, antes de que terminara, si no, se tenía que devolver el mismo». Para los investigadores, esta versión «es la real una vez analizada la documentación aportada a la intervención para su abono».

Y para llegar a esta conclusión es crucial el testimonio del empresario de una de las empresas participantes, Tegner, conocido en Los Palacios como «El Murciano». La Guardia Civil subraya que este hombre «conoce todo lo realizado en primera persona manifestando que había que certificar antes de finalizar el año y Befesa le dijo que facturara parte del movimiento de tierra, cosa que hizo, que emitió una factura por el movimiento de tierra por valor de 1.441.886 euros y que se pagaron en los primeros meses unos nueve millones de euros sin realizar obra alguna». También añade el propietario de Tegner que «la obra no empezó por las inclemencias del tiempo hasta la primavera de 2006 aproximadamente y que había que certificar porque si no la anualidad correspondiente se perdía».

Por todo ello, los agentes de la Unidad de Delitos Económicos que llevan a cabo estas diligencias certifican que el representante legal de la UTE «emite una factura a todas luces falsa con el concepto de trabajos realizados durante el mes de diciembre de 2005 por un importe de 4,3 millones de la primera certificación».

Esos trabajos no se hicieron, pese a lo cual el director general de Regadíos y Estructuras de la Consejería de Agricultura, Tomás Martínez, certificó que «queda acreditado que la subvención ha sido aplicada a la finalidad para la que se concedió, quedando verificado la realidad de la prestación de los bienes y servicios cofinanciados y los gastos a declarar».

Pero en este «enjuague» también están directamente implicados los responsables de la Comunidad de Regantes que gestionaron la obra en aquel tiempo. La Guardia Civil enumera hasta 135 movimientos para otros fines en la cuenta abierta exclusivamente para ingresar las subvenciones y hacer los pagos de este proyecto.

Los que más llaman la atención son dos correspondientes a la imposición de plazos fijos, uno por seis millones y otro por 4,5 millones de euros, que dejaron unos intereses de 412.955 euros a la Comunidad. Igualmente, hay traspasos de dinero de la subvención a otro número de cuenta de los regantes para pagar gastos corrientes de la misma por un importe de 609.920 euros. Entre estos gastos se incluyen gasolina, teléfonos móviles, la luz, nóminas...

Hasta siete delitos atribuye la Guardia Civil a los catorce imputados que hasta ahora tiene el caso, cuyo fraude se cuantifica en 40 millones de euros por unas obras pagadas y que nunca se completaron después de una década de trabajos: prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales, contra la Hacienda Pública, falsedad de documental, alteración de precios en concursos y subastas públicas y corrupción entre particulares. Y aún están pendientes de la investigación que acaba de abrir la Guardia Civil por cohecho.