A juicio las obras en la Casa de la Moneda, que fueron paralizadas en 2011

Los hechos se remontan a 2009, cuando la empresa Patio del Tesorero inició las obras de diez viviendas en la Casa de la Moneda usando para ello una autorización de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico y del delegado provincial de la Consejería de Cultura.

La C onsejería de Cultura paralizó en enero de 2011 las obras, calificando los hechos como posibles delitos contra la ordenación del territorio y contra el patrimonio, si bien finalmente no será acusación en el juicio oral, según ha podido saber ABC. La Fiscalía investigó las obras y concluyó que se había llevado a cabo un remonte por encima de la segunda planta y se habían demolido muros antiguos del siglo XVIII y XIX pese a que no se había permitido demolición de ninguna clase.

Por ello, la Fiscalía de Urbanismo y Patrimonio Histórico presentó una querella al entender que los datos aportados por la sociedad Patio del Tesorero en el reformado del proyecto básico y de ejecución de las diez viviendas en la Casa de la Moneda fueron supuestamente falseados «para hacer creer que la superficie construida total preexistente era sustancialmente superior a la real».

El Ministerio fiscal asegura que «se dibujó un remonte por encima de la segunda planta que nunca existió y se contemplaba un ático que no existía antes», toda vez que los volúmenes de los castilletes de acceso a las azoteas fueron «superados» respecto a la realidad. Las demoliciones habrían ocasionado, según el fiscal, « daños de imposible reparación » en ese edificio protegido, daños que han «alterado gravemente» su estado original.

El Juzgado de Instrucción 13 abrió una investigación a raíz de la querella de la fiscalía. En la fase de calificación de los hechos, la Fiscalía consideró que se había cometido un delito contra el patrimonio histórico y otro contra la ordenación del territorio (delito urbanístico). Por esa razón, pidió para el promotor del proyecto, M. M. A. administrador de la empresa Patio del Tesorero, así como para los arquitectos técnicos F. G. F. e I. D. R. una pena de un año de prisión y multa de quince meses con cuota de 20 euros, así como inhabilitación para ejercer durante dos años como promotor, técnico director o constructor, por el delito urbanístico. En cuanto al delito contra el patrimonio histórico, el fiscal de Urbanismo pide otro año de prisión, con lo que en el caso de ser condenados los imputados no ingresarían en la cárcel si no tienen antecedentes penales.

La Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía no ha presentado finalmente acusación, aunque fue la que paralizó las obras en la Casa de la Moneda , indicaron fuentes de la defensa consultadas por ABC.