El desconcierto

El asunto de la dicotomía público-privado, que se repite año tras año cuando comienza el periodo de escolarización, es uno de los básicos de la izquierda en este país; la educación y la sanidad, como puntas de lanza que solo sirven para crear desconcierto en la ciudadanía. Lo público —y lo dicen así— es lo mejor, y no se admite discusión. Yo tampoco la admito, pero entiendo lo público como lo que realmente es: un servicio que presta el Estado y que garantiza el acceso para todos, sin excepción. Lo de la gratuidad ya es otro asunto, porque el transporte público no es gratuito —a excepción de los bonos del tren— y la limpieza pública no es gratuita, por poner dos ejemplos de servicios públicos. Pero ¡ay! con la sanidad y la educación hemos topado en este país, que ya ha olvidado que en los años ochenta tuvo que concertar colegios precisamente para prestar y garantizar ese servicio público esencial que es la educación. Y también ha olvidado que una ministra de Sanidad socialista, Trinidad Jiménez anunció a bombo y platillo aquella cosa de la «factura en la sombra» para que cada uno, y cada una, tomara conciencia de lo que realmente cuestan los servicios sanitarios en el sistema público, que, evidentemente, no son gratis, sino que los paga el Estado.

Ahora, ya lo sabe, todos se echan las manos a la cabeza ante la amenaza de 'privatización' de los servicios de atención primaria que la Junta de Andalucía anunciaba la pasada semana. Y, nuevamente, el fantasma de los conciertos extiende sus alas más negras para confundirnos. Verá, la ecuación es mucho más simple de lo que parece. Intente pedir cita en su centro de salud, con suerte podrá cogerla para dentro de quince días; con suerte, para entonces, sus molestias habrán remitido pero si no es así, tendrá que esperar dos semanas para que le atienda un médico y puede que, para entonces, sus molestias se hayan convertido en algo más serio, ¿verdad? Ahora, imagine que en un centro concertado, un facultativo le puede atender con mayor rapidez, agilizando los trámites, y el Estado le garantiza ese servicio que a usted no le supondría ningún desembolso económico, ¿rechazaría usted la atención porque no es un funcionario 'público', ni es un centro 'público'?

Solo hágase esa pregunta, y sobre todo, respóndala.