Nos faltaba Montoro

La calidad de vida de un estado no se puede medir exclusivamente en horas de sol, número de enclaves naturales de ensueño o en la longevidad de sus habitantes. La justicia social es la herramienta contra los desequilibrios que acaban destruyendo la prosperidad de una nación. Desigualdades que empiezan por los individuos y se propagan a los territorios.

Los posibles abusos que pudo cometer el exministro de Hacienda del PP no pueden nunca tamizarse con el pago de la factura política del pasado. Da lo mismo que dejara su despacho por la derrota electoral. Hablamos de un uso partidista del Estado, que en caso de confirmarse debe llevar aparejada una condena. Si bien esta Justicia española, en otro síntoma inequívoco de podredumbre institucional, tarda un siglo en dictar sentencia y eso termina por jugar a favor de quien tiene que rendir cuentas. Siete años o lo que tarda su hijo en hacer toda la Primaria y su primer año en Secundaria, es el tiempo transcurrido desde que ABC denunciara los posibles tejemanejes de Cristóbal Montoro hasta que ha habido un auto judicial en su contra. Casi nada.

Y en ese largo tiempo de sospechas, se promulgaron leyes como la que en 2018 reformó el trabajo autónomo, que en esencia supuso una mayor presión fiscal sobre un colectivo que no se pone en huelga, no forma parte de las mesas de negociación colectiva pero que sin embargo, constituye una legión silenciosa de pequeños emprendedores que arriesgan todo lo que tienen por sacar adelante sus proyectos profesionales y de vida. Autónomos que vieron cómo les apretaron las tuercas a la hora de hacer balance con el fisco y que ahora se enteran que mientras ellos sudaban lo suyo, se cocían favores hacia grandes corporaciones. Un ejemplo de libro de desequilibrio colosal que infecta la salud de una sociedad que quiere viajar en el vagón más avanzado.