La mina de Aznalcóllar: entre la desesperación y la Justicia

El concurso público e internacional, basado en un cumplimiento riguroso de la nueva minería sostenible, ecológica, impacto ambiental, nuevas medidas de seguridad, era una de las herramientas de la Junta de Andalucía para activar de nuevo la otrora poderosa minería andaluza, generadora de riqueza y trabajo, muy necesarios tras la gran crisis. En Aznalcóllar, el paro era del 32%.

Es lógico pensar y así lo he comprobado personalmente (trabajando en esa mina durante 16 años) la ilusión y la esperanza que todo el pueblo tenía para que sus vecinos continuaran ganándose la vida en unos yacimientos explotados desde la antigüedad.

Es, pues, fácilmente comprensible la desilusión y desesperanza de esas personas, con el alcalde a la cabeza, y de otras muchas empresas, tras comprobar que, por tercera vez, la Justicia ha vuelto a paralizar el proyecto. Y eso que en dos ocasiones anteriores (6.11.2015 y 11.03.2019) la magistrada archivó la causa, al no encontrar la Guardia Civil, ni la Fiscalía, ni las otras partes, pruebas o indicios de ilegalidad, y diciendo en el auto que «la controversia se debía a cuestiones puramente administrativas».

No entraremos en la tediosa batalla judicial que ya dura seis largos años, que en la hemeroteca de la prensa local se puede repasar. Es tremenda la cantidad de querellas, autos, archivos, declaraciones, que mantienen los litigantes, encabezados por la empresa perdedora del concurso, ecologistas, adjudicatarios, Fiscalía, Audiencia Provincial, Anticorrupción, etc.

Aquí los únicos que ganan son los bufetes de abogados y el que pierde es el pueblo de Aznalcóllar, los trabajadores y empresas de la zona. Dice un dicho que la Justicia, si llega tarde, no es Justicia.

A la mayoría de la gente le da igual quién lleve o no razón. Solo quieren que la Justicia actúe con rapidez, y piden a las autoridades que den una solución definitiva al conflicto y la mina pueda abrirse de nuevo.

Es meritorio señalar el esfuerzo que la empresa adjudicataria actual lleva haciendo en esos seis años, invirtiendo recursos y dinero en hacer investigaciones y cuidar el entorno, con personal que ha contratado, sin saber si finalmente podrán explotar la mina y obtener su lógico beneficio.

Las reservas seguras del yacimiento de Los Frailes (existen las llamadas reservas probables) son de unos 40 millones de tns. de piritas complejas, que contienen unas 180.000 tns. de cobre, 950.000 tns. de plomo, 1.360.000 de cinc y unas 270 tns. de plata, todo ello por un valor superior a 5.000 M de euros, a los precios actuales. Hoy el cobre se cotiza a 6.900 euros/ tn.

Además, y esta es una opinión personal, existe una gran sinergia entre esta mina y su vecina Cobre las Cruces. Sería muy beneficiosa para ambas compañías y también para futuros proyectos cercanos de la Franja Pirítica Ibérica.

Matsa es un ejemplo de las tecnologías mineras, a la vanguardia mundial. Atalaya en Río Tinto es otro ejemplo. Y Cobre las Cruces ha patentado una refinería polimetálica, donde se obtendrían cátodos de cobre, plomo cinc y lingotes de plata, lo que incrementaría muchísimo el ‘valor añadido’.

Lo que la naturaleza ha creado en la mina se transformaría íntegramente en ella. Un acuerdo estratégico entre ambas compañías sería un gran avance para poner mucho más en valor la riqueza que encierra la Franja Pirítica, en su mayoría en Andalucía.

Lamentablemente, en España no tenemos empresas con la fortaleza económica (si la tecnológica) para sacar adelante proyectos de esta envergadura, pero sabemos que la mayoría de esos 5.000 M de euros se quedarían en Sevilla, y Andalucía, en forma de impuestos, mano de obra, talleres, constructoras, repuestos, electricidad, explosivos, combustibles, obras sociales, etc. Por todo ello, me uno a las miles de personas que anhelan una pronta solución a este tremendo galimatías judicial, que puede que tal vez cuando se solucione, las condiciones del mercado de los metales hagan inviable el proyecto.

Pedimos a las administraciones que, respetando, como no puede ser de otra manera, los procedimientos judiciales, puedan cerrar el tema declarando a la empresa que sea, adjudicataria definitiva, para que el interés público prevalezca sobre los legítimos intereses privados.

El sentido común así lo exige.

Luis García Calzada

es ingeniero técnico de minas