Una nueva filosofía en la gestión pública

Con esta modificación, la Compra Pública de Innovación eleva su no sólo su importancia dentro de la estrategia general Andalucía, sino también su capilaridad y horizontalidad dentro de la misma. Podríamos decir que deja de ser el objetivo o la responsabilidad específica de un ente en concreto para convertirse en una estrategia común y compartida por toda la administración andaluza en todas sus políticas y ámbitos de actuación. Dicho de otra forma, toda la administración andaluza va a asumir e intentar llevar a la práctica la idea de que la mejora de los servicios públicos puede ser la mejor plataforma para estimular la innovación en el entorno empresarial próximo.

En eso consiste básicamente la Compra Pública de Innovación. Se trata de una fórmula de contratación cuyo objetivo es sacar a licitación servicios y productos avanzados no disponibles aún en el mercado que puedan ayudar a mejorar la gestión y/o servicios públicos. Y eso, que así dicho, no parece gran cosa, asumido como filosofía de gestión pública, representa una verdadera revolución tanto en las políticas de apoyo a la innovación, como en la colaboración del sector privado a los objetivos de mejora de las prestaciones públicas.

Con respecto a lo primero, la gran transformación que representa la CPI consiste en acabar con el monopolio de los incentivos o ayudas públicas (a fondo perdido o con devolución de la totalidad o parte de la financiación concedida) como herramienta única de estímulo de la innovación del sector privado. Se estima que en España la licitación pública representa más del 12% del PIB y más del 20% del gasto público, por lo que su importancia como motor del desarrollo económico es indudable. Con la CPI, se la intenta convertir también en instrumento de fomento de la I+D+i y por tanto en fórmula complementaria a los incentivos, que mejore su retorno.

Con respecto a los incentivos, en el fomento de la innovación, la CPI proporciona al menos una importante ventaja, que es la de compensar una brecha de mercado característica de los sectores de alta tecnología, permitiendo que las empresas hagan su apuesta tecnológica sabiendo que cuentan con un cliente que va a asegurar sus ventas. Dicho de otra forma, la CPI no solo ofrece oxígeno financiero a la innovación. También le aporta un cliente, un mercado potencial y una experiencia o aval clave para el desarrollo de negocio.

Paralelamente, además de un cambio de filosofía en el estímulo de la innovación empresarial, la Compra Pública de Innovación lleva a otro nivel la colaboración público-privada en la mejora de los servicios públicos. De fuerte tradición anglosajona, la colaboración del sector privado en los objetivos públicos ha despertado cierta sospecha en España, particularmente desde ciertos flancos de la izquierda, en los que se sigue identificando el interés general con la titularidad pública, especialmente en el ámbito de la sanidad y la educación.

La historia del Estado del Bienestar muestra, sin embargo, que los servicios públicos sólo pueden garantizarse bajo fórmulas de colaboración entre el sector privado y el sector público que eviten el sobredimensionamiento de lo público y al tiempo fomenten el emprendimiento empresarial y el dinamismo económico. La CPI supone llevar más allá esa colaboración, convirtiendo al sector privado en el gran aliado de la administración pública no sólo para mantener la calidad y el nivel de prestaciones de sus servicios públicos, sino también para mejorarlos y renovarlos, en un contexto además como el actual donde la transformación digital y la incorporación de la IA representa grandes oportunidades de mejora en la atención al ciudadano.

Lejos de la polarización y la conflictividad como atmósfera política, pudiera parecer que en Andalucía no se están acometiendo cambios. Sin embargo, el fomento de la compra pública de innovación y la potenciación de su transversalidad dentro del organigrama de la administración andaluza, me parece que responden a un cambio profundo en la concepción de las políticas públicas. Un cambio de filosofía en la gestión pública que, lejos de dicotomías simples, refuerza la colaboración y las sinergias entre el sector público y privado para el interés general.

SOBRE EL AUTOR

FRANCISCO J. FERNÁNDEZ ROMERO

Es Abogado y Doctor en Derecho