El pinchazo del chat de los narcos

El resultado de aquella operación se tradujo en un punto de inflexión para Europol, que sacó músculo y potencial; pero también para la cooperación jurídica dentro de la Unión Europea. Fiscales con pistas de distintos países pedían a Francia que cotejasen si de lo suyo, había algo. Sólo a Alemania se enviaron 4.800 rastreos de Encrochat, con conversaciones del servidor que se habían producido en su territorio. Dos cifras del último balance dan idea del impacto: en junio de 2023 se contaban ya 6.558 detenidos, 197 de ellos «objetivos de gran valor», cien toneladas de cocaína y 160 de cánnabis intervenidas, casi un millar de armas incautadas y más de 250 propiedades trabadas. Se congelaron unos 900 millones de euros siguiendo el rastro de las conversaciones. Todo, en poco más de dos años.

Comenzaron a abrirse investigaciones que acabarían transformadas en causas judiciales donde entraron las defensas a mirar bien a fondo los límites de aquel pinchazo inicial. Un juez de Francia lo había autorizado y el tribunal francés equiparable al Constitucional español lo avaló después, pero ¿el Código Penal alemán habría permitido un troyano y una descarga indiscriminada de comunicaciones?, ¿el fiscal está autorizado a requerir a Francia que envíe sus pruebas o ha de pedirlo un juez?, ¿son admisibles en un país las pruebas que ha recogido un sistema de justicia extranjero? Estas y otras preguntas fueron elevadas por un tribunal de Berlín al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Los alemanes no son los únicos que han preguntado. La Audiencia Nacional también tiene dudas, porque en esto, todos estamos igual y las defensas alegan básicamente lo mismo: es nulo.

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Enrique Serbeto

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Este debate jurídico que está pasando bastante desapercibido es de calado y hace unos días se produjo un paso importante en su resolución. La abogada General del TJUE expuso sus conclusiones sobre el incidente que planteaba Alemania y, en líneas generales, avaló el sistema que ha venido funcionando hasta ahora: fiscales que piden por orden europea de investigación pruebas obtenidas en Francia. La premisa, que el reconocimiento mutuo que inspira la cooperación jurídica en el entorno UE significa asumir que lo actuado bajo tutela judicial en el país de al lado, se hizo con todas las garantías. El límite: el propio derecho interno de cada Estado. Si en España, por ejemplo, la ley establece que es un juez quien debe ordenar un pinchazo y en Francia no hubiese mediado autorización judicial, podría haber conflicto. Pero no es el caso. Por lo mismo, los límites a la admisibilidad de las pruebas los pone cada Estado ya que la única regla que marca el derecho europeo es que no se puede decir que no a un indicio sólo porque venga de otro país de la UE.

No escondían en las fuerzas policiales y en la Fiscalía Antidroga su satisfacción tras el dictamen de la abogada general, cuyo criterio suele coincidir con el que acaba expresando el TJUE, aunque para eso queden aún varios meses. Tal y como informó ABC, en España son 76 las causas judiciales vivas que han bebido de Encrochat o el sistema gemelo y también hackeado, Sky ECC, que podrían quedar en nada si el tribunal declara que no pueden importarse y utilizarse esos chats como prueba. Se cuentan tres más que salen de Anon, pero esa actuación es otro cantar, porque se trata de un sistema creado ad hoc por el FBI para pescar delincuentes y la compatibilidad con el derecho de la UE aún no ha sido objeto de análisis. Entre tanto, las defensas insisten en que sigue en el aire la viabilidad de usar Encrochat como prueba en España y algunos autos les dan la razón, hasta que llegue el TJUE y diga la última palabra.