Cinco años sin avances en la lucha contra el veneno

El «bloqueo» en los avances en la lucha contra el veneno al que alude WWF es, en su opinión, «especialmente» preocupante en Castilla-La Mancha, Castilla y León y Extremadura, pues albergan algunas de las principales poblaciones de las especies más afectadas: buitre negro, alimoche, milano real o águila imperial, cita la organización.

La puntuación global (basada en la comparativa de ocho criterios que representan prioridades que las autonomías y la administración del Estado ya identificaron en la Estrategia Nacional contra el uso ilegal de cebos envenenados en el medio natural de 2004 ) ha disminuido «ligeramente» respecto a la clasificación de 2011 (de 280 a 267 puntos). Y, una vez más, resalta WWF, «únicamente» Andalucía alcanza el mínimo exigible; mientras que Aragón y Cataluña, se acercan. Pero más de la mitad de las comunidades (10 de 17) se sitúan en la categoría de graves carencias.

Los cebos envenenados son utilizados en distintas zonas del mundo para eliminar especies depredadoras, como zorros, perros, lobos y aves rapaces , que compiten con el hombre por algunos recursos cinegéticos, ganaderos o, en menor medida, agrícolas. Pero, «dada su total falta de selectividad, afectan también de forma crítica a numerosas especies, por lo que estamos ante una práctica ilegal en la legislación europea y nacional», recuerda WWF.

«El problema no decrece o no lo hace de una manera suficiente», advierte WWF. Algunas especies indicadoras así lo muestran. Por ejemplo, Castilla y León informó de 677 milanos reales intoxicados entre 1990 y 2015; de ellos, 302 en la última década. Entre Aragón (70) y Navarra (29) alcanzaron casi la centena de alimoches envenenados en el total del mismo periodo; 48 de ellos, en la última década. Se suele estimar que solo se detecta alrededor de un 10% de los animales muertos por esta causa, por lo que la organización calcula que entre 1992 y 2013 podrían haber muerto en España unos 185.000 animales entre aves y mamíferos, muchos de ellos amenazados.

Por último, la organización informa de que siete comunidades (Castilla y León; Comunidad Valenciana; Cantabria; Canarias; Cataluña; Navarra y Extremadura) han aprobado entre 2011 y 2016 Planes de Acción de lucha contra el uso ilegal de cebos envenenados en el medio natural; sumándose a las que ya disponían de una Estrategia: Andalucía, Castilla-La Mancha y Aragón.