El Estado dejará de ingresar más de 23.000 millones anuales con el fin de los coches de combustión

Sobre el sector del automóvil hay varias tasas que le suponen al Estado unos ingresos importantes. El año pasado ascendieron a casi 28.200 millones de euros, un 5,7% más que en 2016. De estos tributos, algunos se seguirán cobrando, como el IVA por la adquisición de vehículos , el impuesto por transferencias de vehículos usados o por el cambio de titularidad, entre otros. Sin embargo hay otros que tienen sus exenciones especiales para los automóviles eléctricos, como son los de matriculación y de circulación.

El año pasado se recaudaron en concepto de matriculaciones y permiso de circulación cerca de 3.300 millones de euros. Unas tasas que son una fuente de ingresos importantes para comunidades autónomas y municipios.

Pero el grueso de la pérdida de los ingresos en las arcas estatales le llegará por la vía de los carburantes. La prohibición de circular coches con motor de combustión significa que el Estado renuncia a los ingresos que actualmente tiene por la venta de combustibles, que el año pasado ascendía a casi 20.000 millones de euros -19.712 millones en 2017, un 5,1% más que el año anterior-. Este dinero, en algunas comunidades autónomas, se ve incrementado con el denominado « céntimo sanitario », por lo que esta recaudación dejará de ingresarse a partir de 2050, momento en el que según la Ley de Cambio Climático y Transición Energética dejarán de circular por las carreteras españolas vehículos con motores de combustión.

La idea del actual Gobierno socialista es conseguir renovar el parque automovilístico actual en treinta años, de manera que solo haya coches con cero emisiones. Eso supone sustituir los cerca de veinticinco millones de turismos que circulan actualmente por las carreteras españolas, cifra muy complicada de lograr con los actuales ritmos de venta y producción en España.

Cada año se están vendiendo en el territorio español una media de un millón de coches. Para poder conseguir cumplir con el objetivo de que solo rueden coches eléctricos, a partir del próximo año se deberían vender un mínimo de 833.333 eléctricos -hasta octubre de este año se han vendido 10.000 eléctricos-, algo completamente imposible por producción, por precio y por demanda.

Además, el parque móvil español tiene actualmente una antigüedad media de 12,5 años. Esto significa que los españoles sustituyen su automóvil cada diez o doce años, por lo que la renovación completa de los casi veinticinco millones de vehículos habría que concentrarla en ese periodo de tiempo, lo que equivaldría a duplicar las ventas anuales hasta los dos millones anuales en el periodo entre 2040 y 2050.

La industria española lleva mucho tiempo preparando la transición hacia la fabricación de modelos cada vez más ecológicos. Adaptaciones que han supuesto multimillonarias inversiones en adaptar las líneas de montaje y en crear tecnologías limpias que impulsen los coches del futuro. Prácticamente no hay marca que no haya anunciado que sus modelos a partir de 2020 tendrán una versión electrificada -pueden ser coches híbridos, híbridos enchufables o eléctricos puros-, pero siempre manteniendo una parte de su oferta con motores o con ayuda de motores de combustión.

La Asociación española de fabricantes de automóviles y camiones (Anfac) ha rechazado «de plano» el proyecto de Ley por sues efectos negativos en el empleo y en la demanda, fabricación y futura adjudicación de nuevos modelos a la industria española. El vicepresidente ejecutivo de Anfac, Mario Armero, alertaba de los efectos negativos que puede tener en el empleo la intención del Gobierno de prohibir en 2040 la venta y matriculación de vehículos que emitan CO2. Afirmaba Armero que los «pasos» que está adoptando el Gobierno en materia de automoción pueden tener un impacto laboral negativo y ha recordaba que en las fábricas españolas de automoción trabajan 100.000 personas, a las que hay que añadir otras 200.000 vinculadas al sector.

Para los fabricantes de automóviles, este proyecto de Ley tiene una serie de implicaciones económicas, laborales, sociales y de políticas que impactan sobre un tejido industrial que representa el 10 % del PIB y emplea al 9 % de la población activa. Anfac también critica la comparación que el Gobierno hace con otros países y les recuerda que Reino Unido ha aprobado un plan de 1.500 millones de libras para la compra de vehículos limpios y Alemania 1.000 millones de euros, mientras que España ha dedicado 74,5 millones de euros en cinco años y este último no ha dado nada.