El Tribunal Administrativo levanta la suspensión cautelar al pliego de residuos

Así, el Tribunal da luz verde al procedimiento de contratación al entender que sí puede haber «una asunción del riesgo, al menos parcial, por el contratista», ya que «teóricamente la retribución del contratista no va a ser constante, aunque la variación pueda demostrarse no muy grande a lo largo del periodo de duración del contrato, y esta es una circunstancia que es imposible conocer de antemano».

Igualmente, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales manifiesta en su resolución que «los recurrentes aciertan al afirmar que la vinculación entre las prestaciones que constituyen el objeto del contrato no puede entenderse como una mera vinculación subjetiva por razón de la entidad contratante», sino que «para poder acudir a la figura del contrato mixto no basta con que convenga económicamente y es necesario cumplir los requisitos legales». En este caso, el Tribunal entiende que es posible la complementariedad de los servicios municipales que pretenden agruparse en un solo contrato, al poder el contratista utilizar el mismo personal, la misma maquinaria y el mismo material de trabajo para diferentes actividades.

Además señala que «no se aprecia mala fe o temeridad en la interposición del recurso» presentado por los grupos de la oposición municipal.

El grupo socialista ha sido quien ha hecho público la resolución del Tribunal y ha manifestado, a través de una nota de prensa, que acata su decisión y que no presentará recurso administratico contra los pliegos del contrato. «Manifestamos nuestro respeto a la resolución acordada por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, aunque no la compartimos en todos sus extremos», ha asegurado el PSOE.

En este sentido, el grupo municipal socialista subraya que «se trata de un Tribunal técnico, cuyo criterio entendemos razonado y ajustado a la normativa actual, por lo que no consideramos procedente presentar recurso contencioso-administrativo, ya que optar por esta vía podría suponer perjuicios para la ciudadanía de Guadalajara».

No obstante, el Grupo Socialista señala también que siguen «sin compartir el modelo de contrato elegido por el Ayuntamiento de Guadalajara, tanto por el tiempo de vigencia, que será de 15 años, como por la inseguridad que va a generar tanto a la prestación como a la calidad del servicio, así como por la falta de garantías laborales y contractuales para los trabajadores del servicio que se derivan de las condiciones establecidas en los pliegos del concurso».