La oposición intenta echar atrás el pliego de recogida de residuos del Ayuntamiento

En concreto, ambos grupos políticos cuestionan el tipo de contrato, que es lo que condiciona la duración de la concesión, que el Ejecutivo de Antonio Román ha estipulado en el pliego durante 15 años. Si se trata de un contrato de servicios, no se puede conceder por más de cuatro años (más dos prórrogas). En cambio, si es un contrato de gestión de servicio público, tendría un máximo de 25 años de concesión.

«El gobierno de Antonio Román lo ha considerado como de gestión de servicio público cuando en realidad estamos ante un contrato de servicios. Porque para considerar un contrato de gestión de servicios públicos, el elemento fundamental es que el riesgo de explotación lo tiene que asumir el concesionario, y sostenemos que en este caso no se transmite en el contrato», ha asegurado Luis Maximiliano, el portavoz de IU en el Ayuntamiento.

Por su parte, Magdalena Valerio, portavoz socialista en el consistorio, ha recordado que aún se espera la sentencia del Tribunal Superior de Castilla-La Mancha por el recurso que interpuso el Ayuntamiento contra la paralización del llamado «megacontrato», en el que se incluían algunos servicios incluidos en estos pliegos. «Sería mucho más lógico que Román adjudicase estos servicios por uno o dos años, un plazo razonable para que el TSJ resuelva el contencioso-administrativo, en lugar de por 15 años como pretende hacer el alcalde».

Desde el Ayuntamiento defienden el actual pliego, alegando si la concesión sólo fuera por cuatro años, los estudios financieros no se soportarían. «El contrato asciende a 7,5 millones. De ellos, 5,1 corresponden a sueldos y 2,1 a la amortización que queda pendiente de la maquinaria. Por lo tanto, sólo de gastos fijos estamos hablando de 7,2 millones de euros, sin contar con la realización de ninguna inversión. Sí sería necesario comprar cuatro o cinco camiones nuevos, lo que junto al combustible, subiría el coste de la concesión a 9 millones», ha explicado Jaime Carnicero, concejal de Contratación, quien ha concluido que se elevarían los gastos y solo quedarían dos opciones: «Subir los ingresos a través de una subida de impuestos o repercutirlo en el personal. A ver cómo el PSOE e IU miran a la cara a esos trabajadores y les dicen que están poniendo en peligro su estabilidad laboral».

La unión de diferentes servicios en un único contrato es otro de los puntos referidos en el recurso llevado a trámite por la oposición. Dentro de dicho pliego se agrupan cinco servicios: limpieza viaria y recogida y transporte de residuos sólidos urbanos, recogida de ropa usada, restablecimiento de la seguridad vial y medioambiental en caso de accidente de tráfico, recogida de aceites usados y recogida de restos vegetales o poda. Según el Ayuntamiento, este modelo permitirá que Guadalajara ahorre entre un 8 y un 10 por ciento con respecto de lo que se paga en la actualidad, que en cifras serían unos 700.000 euros anuales.

Valerio contradice al Ayuntamiento y se queja de que se adjudique «por 15 años casi 125 euros en total en un solo contrato de servicios». Por su parte, desde IU abogan por la municipalización de dichos servicios, gestionando de manera directa la recogida de los residuos urbanos.

«No es de recibo que ahora se planteen si estos servicios deben o no estar unidos, cuando en sus años de gobierno no han puesto en duda que ambos comparten grandes sinergias. En este Ayuntamiento están ligados desde hace cuarenta años y nunca han hecho nada por cambiar el modelo de gestión que ahora critican», ha asegurado Carnicero, que también ha respondido a Maximiliano que con la municipalización existiría también riesgo laboral. «Habría que finiquitar el servicio y se tendrían que convocar nuevas plazas según los principios de publicidad, mérito y capacidad».

Jaime Carnicero ha reiterado que el equipo de Gobierno cree en la legalidad del expediente que se está tramitando para la adjudicación, así como en la forma de gestión de esta concesión, fundamentada en la filosofía «Smart City». Y lamenta que la oposición esté inmersa en «una espiral obstruccionista con la que persiguen dinamitar la acción del gobierno sea como sea, sobrepasando incluso la raya de la responsabilidad institucional». Prueba de ello es que los recursos han sido presentados en Madrid en vez de en Guadalajara, lo que supone que el plazo de contestación por parte del Tribunal Administrativo Central sea mayor.

El concejal de Contratación ha incidido en las «nefastas consecuencias» que dichos recursos tendrán para Guadalajara. Su presentación conlleva de por sí un retraso en los plazos para adjudicar el contrato y costes adicionales para el Ayuntamiento. Pero además, en el caso de que el Tribunal resolviera a favor, se pondrá en peligro la estabilidad de las personas que actualmente trabajan prestando estos servicios «porque a nivel laboral no es lo mismo tener asegurado un empleo durante sólo cuatro años (periodo propuesto por el PSOE) que durante quince».