Los cuchillos y la sierra acorralan a un «desafiante» Daniel Sancho

Para Daniel Sancho, sin embargo, no hay más cambio que la interrupción del proceso judicial y, por tanto, la espera en el módulo de la cárcel de Koh Samui que comparte con medio centenar de presidiarios, donde no caerá sobre su cabeza gota alguna, pues en Tailandia los crímenes de los que está acusado se limpian con otro líquido.

El Año Nuevo local pone fin a la primera semana del juicio contra el español, acusado de asesinar y desmembrar el verano pasado en la vecina isla de Koh Phangan a su acompañante, el colombiano Edwin Arrieta; mediático caso convertido en una de las noticias más comentadas en España desde entonces.

Tres cargos penden contra Sancho, quien solo ha reconocido la profanación y ocultación del cadáver, penado con un máximo de un año de cárcel; no así la destrucción de documentación ajena –el pasaporte de Arrieta–, castigada con hasta cinco años, y el asesinato premeditado, para el que la legislación tailandesa reserva la pena de muerte.

Las tres primeras jornadas parecen acercar al español al desenlace más extremo. «Estoy prácticamente convencido de que con esta línea de defensa que han seguido, el devenir de las sesiones, las testificales y lo que se ha escuchado en el juicio, unido a la actitud del acusado, se le podría acabar imponiendo la pena de muerte», señala a ABC Juan Gonzalo Ospina, responsable del equipo legal que representa a los familiares de Arrieta, personados como coacusación junto a la Fiscalía tailandesa.

Participantes en el proceso describen a Sancho como «tenso, por momentos incluso desafiante» a la hora de interpelar directamente a algunos de los testigos, hasta el punto de cuestionar su testimonio, lo que provocó que el juez le llamara la atención en repetidas ocasiones.

Diez personas han declarado hasta ahora, siguiendo un orden aproximadamente cronológico. La lista incluye a algunos de los policías involucrados en el comienzo de la investigación, la comerciante a quien Sancho alquiló una moto al llegar a la isla, la tendera a quien compró un kayak para deshacerse en el mar de parte de los restos mortales de Arrieta, la basurera que encontró partes del cuerpo en un vertedero y la cajera de la ferretería donde adquirió un serrucho.

Durante su intervención, Sancho habría tratado de plantear una pregunta que llevaba implícita la noción de que esta herramienta sirve para cortar cocos. «En ninguna cocina profesional hay algo parecido a una sierra, salvo por el cuchillo de pan, que es mucho más pequeño. Lo que él compró parece una segueta de marquetería, en absoluto apropiada para manipular alimentos», apunta Joaquín Campos, cocinero y escritor que estos días sigue el proceso judicial desde Koh Samui. «Los cocos se cortan con machete», zanja.

Dicho serrucho, en consecuencia, representa una de las pruebas clave del caso, pues vendría a afianzar la tesis de la Fiscalía, según la cual «Daniel Sancho viajó a Tailandia con la idea preconcebida de acabar con la vida de Edwin Arrieta». La defensa, por contra, planteará cuando llegue su turno dentro de dos semanas que el español trató de defenderse de una supuesta agresión sexual y durante el forcejeo posterior Arrieta falleció a causa de un impacto fortuito en la cabeza por lo que este, superado por los acontecimientos, decidió deshacerse del cadáver.

La decisión de disputar los cargos con un relato alternativo en lugar de adoptar una actitud conciliadora para así alejar la posibilidad de una sentencia de muerte ha causado sorpresa en la bancada contraria ante, a su entender, la solidez de las evidencias incriminatorias. Cabe destacar, no obstante, que aunque el veredicto dictamine la pena capital resulta poco probable que Sancho acabe siendo ejecutado, dado que en la mayoría de los casos Tailandia no acostumbra a aplicarla a extranjeros.

En ese sentido, sirve como modelo la suerte del también español Artur Segarra, quien en 2016 extorsionó, torturó y asesinó a su compatriota David Bernat para después arrojar sus restos mortales al Chao Phraya que atraviesa Bangkok. El caso Daniel Sancho parece seguir una trayectoria similar: Segarra no asumió los hechos por lo que fue condenado a pena de muerte, rebajada tiempo después a cadena perpetua por un indulto real cuando por fin reconoció su culpabilidad. Tras ocho años de cárcel, Segarra podría ser extraditado a España –donde también tiene cuentas pendientes con la Justicia– pronto. He ahí el horizonte último, también para Sancho.

Testigos oculares describen al español como «inmovilizado de pies y manos con grilletes tan pesados que le hacen heridas, a los que va atado un plástico para que la cadena no arrastre al caminar. Va ataviado con una especie de pijama grande holgado, una mascarilla y lleva el pelo corto, aunque no rapado». Sancho ha intervenido en español con la ayuda de un sistema de traducción simultánea al tailandés.

La información del caso depende de este tipo de declaraciones ante el hermetismo impuesto por las autoridades tailandesas, quienes no han permitido que ningún periodista entre las decenas de desplazados al lugar accediera a la sala. El secretismo se ha incrementado después de que en la primera sesión un reportero local tratara de irrumpir en el interior para hacer una fotografía. En consecuencia, el juez, cuya identidad no ha sido revelada, ha elevado a amenaza la advertencia de que cualquier filtración podría tener consecuencias legales e incluso penas de cárcel.

Las restricciones han elevado aún más la expectación generada por el caso, en particular alrededor de los padres del acusado, Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo, sometidos al acoso constante de paparazzis, quienes a bordo de motocicletas aceleran detrás de sus coches, registrando cada uno de sus movimientos por Koh Samui. «Apenas pueden salir de la habitación del hotel», comentaba una persona cercana.

«Por favor no me cerréis el paso, dejadme pasar, no me empujéis, no me pongáis zancadillas, no me piséis, no me persigáis por la isla, os lo pido por favor», reclamaba con educación el conocido actor a su llegada a la segunda sesión del juicio oral. «Os voy a decir una cosa, en este país está prohibido grabar a la gente y hacerle fotografías. No tengamos un problema, ¿de acuerdo?», zanjaba ante un corrillo asfixiante de micrófonos. Bronchalo, que en días previos sufrió un ataque de ansiedad al verse acorralada en un callejón, ya habría tomado medidas legales.

«El caso se ha convertido en terreno de batalla para una guerra encarnizada de audiencias entre los magacines televisivos», incidía una fuente involucrada. Los perversos incentivos propiciados por la competición entre la prensa rosa hacen el resto. «La relación entre Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo importa más que la sentencia contra Daniel Sancho. No digamos ya la muerte de Arrieta».