La persecución de Hacienda al periodista de ABC que desveló la trama del caso Montoro

Las informaciones empezaron a publicarse el 25 y 26 de abril de 2017. Aunque las más importantes —y, por tanto, las que desataron la ira del ministro— fueron las exclusivas del 28 y 29 de junio de ese mismo año. Se trata de dos portadas en las que, por un lado, se informó en exclusiva sobre las cenas en Caja Madrid con empresarios y banqueros en 2011, a los que Montoro adelantaba la política económica y fiscal del inminente Gobierno de Rajoy, con él al frente de la cartera de Hacienda. A esas cenas le acompañaba el presidente del despacho privado que fundó, Ricardo Martínez Rico, para «repartir tarjetas» y captar clientes.

La segunda portada se publicó tan solo un día después. En ella, Chicote detallaba que grandes empresas contrataban al bufete vinculado al ministro. «Ferrovial pagó 270.000 euros por dos informes sobre el modelo de contratación pública», añadía esa información.

Tras dejar pasar ese verano, la Agencia Tributaria —con Cristóbal Montoro como ministro del ramo y por tanto a sus órdenes— empezó en septiembre a investigar a Javier Chicote. Esta decisión vino, según denunció el periodista de ABC, «como represalia a las informaciones que publiqué denunciando escándalos del despacho que había fundado el ministro». Y añade: «Cuando vi que en el informe aparecía mi hija, de entonces cuatro años, comprendí la calaña de la gente a la que estoy molestando».

Noticia Relacionada

Cristóbal Montoro deja de ser afiliado del Partido Popular tras su imputación

Emilio V. Escudero

La formación había abierto un procedimiento informativo que ha quedado en suspenso tras la decisión del exministro

Como explicó Chicote, fue una «investigación irregular e incluso ilegal». Sólo tres meses después de esas exclusivas, el entonces inspector jefe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) —unidad de élite de la Agencia Tributaria—, José Manuel Alarcón, envió el 26 de septiembre de 2017 un correo electrónico al exdirector general de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), Santiago Menéndez, y al entonces director del Área de Inspección, Luis Sánchez. Es decir, a toda la cúpula de la Agencia Tributaria. Por encima de ellos solo estaban el secretario de Estado, Ricardo Martínez, y el ministro Montoro.

El documento de la investigación, bautizado como 'Informe Chicote', estudió al completo la vida personal del periodista de investigación de ABC: analizó a su mujer, hijos, padres e incluso suegros. «Hasta la herencia que recibí tras la muerte de mi padre en 1999», detalló el afectado. El informe no descubrió nada y concluyó sin «ninguna sanción». «Me trataba de una víctima más», aseguró el periodista, uno de los informadores con los que el ministro tenía «disputas».

El origen de la causa que se seguía contra Montoro y sus colaboradores no era éste, sino los manejos del despacho Equipo Económico, que el exministro fundó con otro nombre y del que se tuvo que desvincular, al menos en apariencia, tras regresar al Gobierno a principios de 2012. Pero, durante el registro policial de la sede de esta firma por parte de los Mossos d'Esquadra aparecieron documentos que confirmaban inspecciones prospectivas para represaliar e intimidar a periodistas, directivos de medios de comunicación y políticos de PP y PSOE, todos ellos con un denominador común: ser incómodos o molestos para Montoro.

Entre ellos, el jefe de investigación de ABC, que desde 2017 había desvelado varias exclusivas sobre lo mismo que ha terminado con la imputación del exministro del PP en un juzgado de Tarragona. Y esos documentos de altos cargos e instituciones públicas los encontró la Policía catalana en la sede de la empresa privada que fundó Montoro.

Pese a la gravedad de lo anterior, la Fiscalía Anticorrupción no ha investigado esas represalias intimidatorias de la cúpula de la Agencia Tributaria. Incluso pese a que la fiscal titular del caso, Carmen García Cerdá, consideraba que sí era necesario esclarecerlo. Así, en septiembre de 2023, un mes antes de que ABC lo publicara y varios medios se hicieran eco de ello, los fiscales de Anticorrupción analizaron durante una reunión de cuatro horas si había que investigarlo o no.

García Cerdá defendió que sí, por afectar a derechos fundamentales de las personas que fueron objeto de esas represalias prospectivas. Sin embargo, una mayoría de diecinueve fiscales frente a cinco consideró lo contrario y Anticorrupción dio carpetazo a esta derivada.

Ahora se conoce la decisión del titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, Rubén Rus, quien ha levantado el secreto de sumario de la causa que implica al exministro popular en presuntos conflictos de interés, tráfico de influencias y uso de información privilegiada en beneficio de clientes privados.