Anticorrupción expedienta a la fiscal que quiso investigar los correos de Hacienda en el caso sobre el despacho de Montoro

Se trata de un proceso instado por Anticorrupción y previo al puramente disciplinario regulado en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal durante el que se recopilan datos sobre lo ocurrido y que puede desembocar en la apertura formal de un expediente disciplinario por incluso una falta de las consideradas muy graves y que acarrean desde el apercibimiento hasta la salida del servicio.

Según adelantó El Periódico de España y confirmó ABC en fuentes fiscales, este movimiento se produce en el contexto de esa causa de Tarragona en la que afloraron correos internos de la Agencia Tributaria y la Oficina Nacional de Inspección Fiscal que contenían inspecciones realizadas, entre otros, al periodista de ABC Javier Chicote, quien nunca fue notificado de investigación fiscal alguna y que justo en fechas anteriores había publicado informaciones comprometedoras sobre la gestión de ese despacho creado por Montoro.

García Cerdá quería instar al juez a requerir a la Agencia Tributaria los documentos anexos en todos los correos aflorados para investigar en qué contexto y con qué justificación se habían producido esas inspecciones que también afectaban a políticos y otros periodistas. Sospechaba de un delito de revelación de secretos porque se estaba intercambiando esa información altamente sensible de terceros entre distintos miembros de la cúpula.

Sin embargo, su jefe directo, el teniente fiscal Antonio Romeral, como después Alejandro Luzón, consideraban que no era pertinente y vetaron esa línea de investigación, por lo que García Cerdá sometió su criterio a examen de la Junta de Fiscales al entender que la orden de no seguir adelante era injusta o injustificada.

Finalmente, perdió el pulso, pues la mayor parte de los miembros de Anticorrupción coincidieron en que la jefatura tenia razón en que no debían practicarse esas diligencias, tal y como informó este diario. Fueron 19 votos frente a cinco que sí pedían indagar en esos correos electrónicos.

Las fuentes consultadas apuntan que el expediente está derivado de aquel enfrentamiento, si bien no concretan qué paso dado se imputa a García Cerdá como desobediencia a una orden directa de su jefe. De momento, se ha pedido información al equipo policial vinculado a las pesquisas de Tarragona, que siguen bajo secreto de sumario.