Así destapó ABC en 2017 las maniobras de Montoro que han terminado en su imputación

La investigación, iniciada en 2017 y hasta ahora clasificada, se centra en las actividades del bufete que fundó en 2006 el exministro, originalmente llamado Montoro y Asociados y renombrado como Equipo Económico tras su ingreso en el Ejecutivo de Mariano Rajoy, cuando la gestión pasó a manos de su hermano Ricardo.

ABC, de la mano del jefe de investigación del diario, Javier Chicote, publicó en portada dos exclusivas clave para la investigación del denominado caso Kitchen fiscal del PP, ahora rebautizado como caso Montoro. La primera exclusiva que publicó ABC revelaba que Cristóbal Montoro, tras fundar su despacho Montoro y Asociados en 2006, traspasó sus acciones a su hermano Ricardo en 2008 al regresar a la política, y rebautizaron la firma como Equipo Económico.

La primera noticia sobre las presuntas irregularidades del despacho Equipo Económico, fundado por el entonces ministro de Hacienda, apareció el 25 de abril de 2017. Ese día, Javier Chicote informaba en ABC de que la Fiscalía Anticorrupción había presentado una querella contra dicho bufete por delitos de prevaricación y tráfico de influencias relacionados con la adjudicación, presuntamente «a dedo», de un contrato con las Cámaras de Comercio en 2012. Entre los querellados figuraba el hermano del ministro, Ricardo Montoro.

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Al día siguiente, el periódico amplió la información. Chicote desveló que Equipo Económico actuó como un intermediario clave —una «bisagra»— entre el Gobierno y las Cámaras de Comercio en el proceso de reforma legal de estas entidades. El informe elaborado por el despacho fue presentado al entonces ministro de Economía, Luis de Guindos, y a la Secretaría de Estado de Comercio, sirviendo como base para modificar la normativa vigente.

Meses después, el 27 de junio, ABC volvió a dar la exclusiva: el Juzgado de Instrucción número 22 de Madrid admitía a trámite la querella de Anticorrupción. La jueza citó a declarar al hermano de Montoro y a varios de sus exsocios, entre ellos el ex secretario de Estado Ricardo Martínez Rico, por su papel en los hechos investigados. Sin embargo, el diario denunció que, a pesar de ese supuesto alejamiento, Montoro siguió vinculado al bufete, facilitando contactos y oportunidades de negocio a sus antiguos socios incluso antes de volver al Gobierno.

Durante 2011, mientras el PP se perfilaba como claro ganador de las elecciones generales de finales de ese año, Montoro mantuvo reuniones privadas con importantes empresarios y banqueros, acompañado siempre por Martínez Rico, su exnúmero dos en Hacienda y presidente del despacho. Según confirmaron varios testigos a ABC, Martínez Rico repartía tarjetas y actuaba como su asistente, aprovechando estos encuentros para posicionar a Equipo Económico ante los futuros responsables políticos.

Las reuniones, organizadas por Rodrigo Rato en la sede de Caja Madrid, permitieron a los socios del despacho estrechar lazos con el círculo empresarial más influyente del país, justo antes de que Montoro fuera nombrado ministro de Hacienda. La información también apuntaba que algunos miembros del bufete trabajaban estrechamente y sin cobrar con el grupo parlamentario del PP, ayudando a definir su estrategia económica mientras estaban en la oposición.

Una vez en el poder, iba creciendo el ruido en torno a la cercanía del ministerio a la consultora que él mismo fundó, hasta el punto de que algunos altos cargos vetaron la entrada de los socios del despacho en sus departamentos para evitar posibles conflictos de interés. Además, ABC recordaba que algunos miembros del bufete, entre ellos ex altos funcionarios de Hacienda, habían ocupado puestos clave en etapas anteriores, lo que alimentaba las sospechas de trato de favor y puertas giratorias.

La segunda exclusiva, también en portada, venía tan solo un día después. ABC reveló que el polémico contrato con las Cámaras de Comercio —por el que la Fiscalía Anticorrupción presentó una querella por intentar influir en un cambio legislativo que finalmente se materializó— no era un caso aislado en la trayectoria del despacho fundado por Cristóbal Montoro.

El diario desveló cómo este bufete, dirigido por antiguos altos cargos del Ministerio de Hacienda, fue contratado por importantes empresas para elaborar informes que buscaban influir en decisiones del Gobierno, en muchos casos liderado por el propio Montoro.

Uno de los ejemplos más llamativos fue el de Ferrovial, que encargó dos estudios por un total de 270.000 euros más IVA. El primero, en 2012, proponía una base de datos sobre los pagos municipales a proveedores, en pleno contexto de crisis económica y morosidad por parte de los ayuntamientos.

Ese mismo año, Hacienda impulsó el Plan de Pago a Proveedores, considerado un éxito económico. El segundo informe, en 2013, planteaba reformar los contratos públicos locales para adoptar el modelo de 'smart city', permitiendo adjudicaciones a largo plazo y a un solo operador, algo que finalmente no se implementó.

Además de Ferrovial, otras empresas como Abengoa recurrieron a Equipo Económico. En 2012, durante una reunión de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, Montoro presentó un informe que coincidía palabra por palabra con uno que Abengoa había entregado al ministro de Industria, José Manuel Soria, defendiendo las primas a las energías renovables. Abengoa tenía como asesor al bufete, y su presidente, el propio Martínez Rico, era a la vez consejero de la compañía.

Otro caso fue el de Codere, la empresa española del juego. Según publicó Bloomberg, Hacienda habría favorecido sus intereses frente a competidores internacionales. También se conoció que varias instituciones públicas afines al PP contrataron a Equipo Económico: en 2008, Madrid Network, participada por la Comunidad de Madrid, firmó contratos por dos millones de euros; el mismo año, el ayuntamiento madrileño de Tres Cantos pagó al despacho más de 84.000 euros.

En todos estos casos, ABC denunció hace ya ocho años la cercanía entre el despacho fundado por Montoro y el poder político y económico, alertando sobre posibles conflictos de interés, tráfico de influencias y uso de información privilegiada en beneficio de clientes privados. Justo lo que ha desembocado en la imputación del exministro popular de Hacienda.