El Gobierno se alía con Bildu para desatascar su Ley de Memoria Democrática

A pesar de que ERC aún sigue sin confirmar su posición definitiva, el respaldo de Bildu a la norma, junto al de PNV y otros partidos minoritarios, acerca a PSOE y Unidas Podemos a los apoyos necesarios para garantizar la viabilidad del proyecto de ley emanado del Ministerio de Presidencia . En rueda de prensa, la portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua , ha sacado pecho de la negociación con el Gobierno, que resulta una vez más clave para el resultado final.

El Ejecutivo se alía estratégicamente con Bildu, coalición que integra a Sortu, partido heredero de la ilegalizada Batasuna, brazo político de la extinta banda terrorista ETA , en una materia tan sensible como la memoria. La ley pretende mejorar y sustituir a la de Memoria Histórica aprobada en 2007 por el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero . Era la iniciativa estrella de la exvicepresidenta Carmen Calvo , pero la asumió el ministro Félix Bolaños al sucederla en Presidencia en la crisis de gobierno con la que Pedro Sánchez reestructuró su Consejo de Ministros el verano pasado.

El acuerdo entre el Gobierno y Bildu plasma el reconocimiento de víctimas de violaciones de derechos humanos hasta el 31 de diciembre de 1983, lo que afecta a las víctimas de torturas y de la llamada 'guerra sucia' contra ETA. Un periodo que no solo excede la dictadura de Francisco Franco , también la Transición , e incluye el primer año del socialista Felipe González en el Gobierno. En esa época comenzaron las acciones de los Grupos Antiterroristas de Liberación ( GAL ) y se perpetraron los asesinatos de los etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala .

Aizpurua, que ha celebrado que la ley resultante de la ponencia es «más ambiciosa» que la planteada inicialmente por el Gobierno, ha enumerado otros acuerdos con su coalición, como la cesión del Palacio de la Cumbre al Ayuntamiento de San Sebastián, la reconversión del Fuerte de San Cristóbal , en Pamplona, en un espacio de memoria y la declaración de «ilegalidad e ilegitimidad» de los tribunales franquistas creados desde 1936. El reconocimiento de las víctimas de torturas quedará en manos de una comisión de expertos independientes aún por desarrollar. En el Palacio de la Cumbre se torturó a Lasa y Zabala y el Fuerte de San Cristóbal fue una cárcel durante el franquismo.

Además de los acuerdos con Bildu, la ponencia incorpora al proyecto de ley del Gobierno la batería de enmiendas registradas el pasado noviembre por PSOE y Unidas Podemos, incluida la controvertida modificación que plantea aplicar el derecho internacional a la Ley de Amnistía de 1977 , una de las bases de la Transición, y declarar que los crímenes de lesa humanidad, genocidio y tortura no prescriben ni son perdonables. La interpretación de esta redacción choca entre PSOE y Unidas Podemos, aunque desde ambos partidos se admite que su impacto será «reducido» al menos penalmente hablando.

Enmiendas transaccionales con PDECat y Más País , además, declaran «ilegal» el régimen franquista , reconocen el resarcimiento de bienes incautados durante la Guerra Civil y la dictadura , y sitúan el catalán , el gallego y el vasco como víctimas de la represión franquista; reivindicaciones clásicas de ERC que capitalizan ahora PDECat y Más País con sus pactos.

La Ley de Memoria Democrática, atascada durante meses en el trámite de enmiendas, se reactivó la semana pasada tras el batacazo del PSOE en las elecciones andaluzas . Los socialistas decidieron mover fichas en varios terrenos y constituyeron la ponencia de la ley. Este martes, en la primera reunión con contenido, se ha aprobado el informe de la ponencia con el aval de PSOE, Unidas Podemos, PNV, EH Bildu, PDECat , Más País y Coalición Canaria , la abstención de ERC y Junts , y el rechazo del PP , Vox y Ciudadanos .

Fuentes del PP alertaban al concluir la reunión del «peligroso revisionismo» que están aceptando los socialistas con tal de sacar adelante la norma con sus socios. Iván Espinosa de los Monteros (Vox) ha censurado que se pacte con «el brazo político de ETA» y Edmundo Bal (Cs) ha pedido , irónicamente, que se nombre a Arnaldo Otegi ministro del Interior