Jueces y fiscales alertan en su paro de que el Gobierno de Sánchez quiere un Poder Judicial «más maleable, en la senda de las democracias iliberales»

«Que no quepa duda -advierten- de que estas reformas van encaminadas a convertir al poder judicial en un poder con minúscula, un poder más débil en su función de contrapeso del poder político, más maleable y sensible a las presiones mediáticas y del poder, en la senda de las democracias iliberales que, por eso, no lo son realmente«.

Respecto al nuevo acceso a las carreras judicial y fiscal aseguran que se ha tramitado «injustificadamente» por vía de urgencia y no responde a ninguna demanda social. «Se trata de una reforma legal que va a rebajar la excelencia de conocimientos en el acceso a las carreras judicial y fiscal, eliminando contenido esencial para nuestra formación e introduciendo pruebas más subjetivas y susceptibles de filtración».

Además de otras medidas (como la de meter la política dentro del órgano que debe velar por la ética de los jueces), alertan de que se pretende crear un centro de preparación de opositores dependiente directamente del Gobierno y, por ello, «con riesgo de selección ideológica de los futuros jueces y fiscales de este país». Pero, sobre todo, «poniendo falsamente a Europa como excusa», se quiere modificar la base de ambas carreras «convirtiendo en jueces y fiscales a mil trecientos jueces y fiscales sustitutos, sin pruebas que midan su aptitud para ello y, consecuentemente, en contra de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, con grave perjuicio de las promociones más jóvenes y de los miles de opositores que se están sacrificando para alcanzar su sueño de ser juez o fiscal».

Sobre la segunda de las reformas, la del Estatuto fiscal, necesaria antes de dar la instrucción a los fiscales recuerdan que se quieren aumentar las competencias del fiscal general del Estado, quien «seguirá nombrándose por el Gobierno sin ningún tipo de filtro previo, lo que, sumado a la eliminación de garantías de autonomía de los fiscales, incrementará aún más si cabe, en contra de las exigencias europeas, el riesgo de injerencias políticas en las causas de corrupción».

«Todas estas reformas -añaden- tienen lugar en un ambiente de continuo ataque al poder judicial y de descrédito de la Fiscalía, con declaraciones políticas que deslegitiman las resoluciones judiciales que molestan, que tratan al Ministerio Fiscal como un apéndice el Gobierno y que, por todo ello, minan la confianza de los ciudadanos en su Justicia, lo que facilita los abusos de poder contra esos mismos ciudadanos».

Sostienen, además, que «la existencia de un Poder Judicial fuerte e independiente no es un derecho de los jueces, es una garantía de todos, como lo es tener una Fiscalía imparcial y autónoma. Ambas exigencias son imprescindibles para preservar la buena salud democrática de un país».

Así piden la retirada de ambos proyectos y anuncian que de lo contrario adoptarán «medidas de conflicto más intensas, como la huelga».