Guilarte, presidente del CGPJ: «Sería inadmisible que el Parlamento revise cómo aplican los jueces la futura ley de amnistía»

-Porque, de activarse, supondría una intromisión del Parlamento en el Poder Judicial, una crítica posterior de lo que un juez haya hecho conforme a la legalidad vigente. Y el problema quizás no afectará tanto a lo decidido. El problema que yo veo es que puede propiciarse una injerencia una vez que se produzca la aplicación práctica por los tribunales de la futura ley de amnistía. La crítica que se pueda realizar de esa aplicación por parte de quien esté legitimado para hacerla resultará legítima; lo que sería inadmisible es que el Parlamento revise cómo aplican los jueces esa ley.

Los términos de ese acuerdo entre partidos resultan ambiguos y habrá que ver si llegan a plasmarse, espero que no, en algo más concreto. Defenderé siempre cualquier actividad judicial vinculada con la aplicación de futuras leyes aprobadas, al margen de la discusión sobre su constitucionalidad, que puede encauzase por otras vías. Por eso creo que la advertencia del CGPJ era necesaria. Otras veces me resisto a hacer cualquier tipo de advertencia, pero es que esto puede resultar muy peligroso.

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Mi idea personal es que unos tienen que respetar la independencia judicial y otros tenemos que respetar la independencia parlamentaria. Si ésta afecta a la independencia judicial o a los principios constitucionales del sistema son otros los operadores que deben enjuiciarla, no el CGPJ.

Yo, personalmente, no voy a criticar cualquier ley que emane del Parlamento; en sentido contrario, la aplicación jurisdiccional de las leyes que salgan de las Cámaras tienen que aceptarse parlamentariamente de manera tajante. La independencia y la división de poderes tiene que ser bidireccional.

-En el voto en blanco que suscribió el lunes, en la declaración sobre la amnistía, argumentó que no se pronunciaba sobre la ley porque todavía no había texto. ¿Eso significa que cuando lo haya se va a pronunciar?

-Entendí que era prematuro pronunciarse porque no había norma, ni tan siquiera pergeñada. No se aceptó por el Pleno así y hubo pronunciamiento sobre el fondo del tema. Entiendo que no hay necesidad ya de un nuevo pronunciamiento que en función de la mayoría que lo aprobó iría en idéntico sentido.

En todo caso voy a procurar no pronunciarme por lo que he dicho de la injerencia bidireccional, siempre y cuando no aparezcan en esa ley cuestiones relativas a su aplicación, cuestiones como la de las comisiones parlamentarias, etc. Lo que no pretendo es expresarme sobre la constitucionalidad de una ley de amnistía ni sobre su aplicación; eso le corresponde en su caso al Tribunal Constitucional y a los jueces que tengan que aplicarla. Pero desde luego, defenderé la aplicación que hagan éstos de esa ley.

-¿Cree que estamos en el momento más delicado de la democracia en lo que se refiere a las injerencias en el poder judicial?

-El acuerdo entre dos partidos y unas declaraciones del presidente del Gobierno todavía creo que se enmarcan en el debate político, del que no soy actor, y por ello no significan una confrontación real con nuestras reglas y principios constitucionales. Si esto se ve plasmando en iniciativas legislativas más concretas que específicamente cuestionen la independencia judicial y la separación de poderes sí que sería más grave.

-No me refiero a este momento puntual, sino a los últimos tiempos, en los que el CGPJ ha tenido que reaccionar ante ataques, por ejemplo, de ministros de Sánchez.

-Estamos en una fase de escalada de interferencias del poder político en la actividad jurisdiccional y, a la vez, deberíamos hacer autocrítica y analizar si en sentido contrario también acaece, como airadamente se nos imputa. Pero lo cierto es que esto obliga al poder judicial a convertirse casi en un activista político, de uno u otro signo.

Yo trato de evitarlo, pero no es fácil. Es lo que estamos viendo: hay muchas iniciativas, aunque sean embrionarias, que implican esa escalada de perversión de un sistema como es el de absoluta independencia de poderes que teóricamente todos aceptamos.

-El hecho de que se haya elevado a Europa el acuerdo ¿qué implica? ¿hasta qué punto es importante que Europa conozca esto?

-Yo creo que no haría falta elevarlo; de hecho no ha sido una decisión mía el hacerlo, porque evidentemente Europa lo iba a conocer e iba a preguntar. Quiero aclarar que, siendo evidente el contenido de los acuerdos, la valoración de elevarlo a Europa no fue discutida e ignoro los términos en los que se ha producido. En todo caso intuyo que si se comprueban este tipo de injerencias, de alguna manera reaccionará. Imagino que Europa tiene mecanismos para evitar esas injerencias si atentan contra sus principios constituyentes.

-¿Por qué da la impresión de que se confía más en Europa que en lo que pueda hacer el Constitucional?

-Hay unos que confían más en el Tribunal Constitucional y otros que confían más en Europa. Yo confío por igual en uno y en otra, y sobre todo en nuestros jueces, en este caso encarnados emblemáticamente en el quehacer de la Sala Segunda y de su presidente.

-Pero ¿no es un poco lamentable esa imagen de politización de determinados órganos como el TC o el propio CGPJ que hay en la sociedad?

-Yo quiero evitarla pero soy un agente coyuntural del sistema con muy escaso peso. Que la imagen exista no es nada bueno, eso es evidente.

-¿Qué le parece que desde el Gobierno se cuestione la legitimidad del Consejo para aprobar declaraciones como la del lunes?

-Me parece que declaraciones institucionales no deben prodigarse, pero si afectan a un tema muy grave para la independencia judicial, veo procedente hacerlas.

-¿Pero tiene legitimidad el CGPJ?

-Sí, y yo defendí que sí, otra cosa es, en terminología vulgar al uso, el «perímetro» de la legitimidad, que no lo es genéricamente para cuestionar decisiones parlamentarias, sino tan sólo en la medida que éstas apunten a una quiebra de la independencia y del funcionamiento independiente de los órganos judiciales. La declaración de ayer, aunque preventiva, tenía desde mi punto de vista una función clara: «Por favor, por ahí no sigan, porque eso sí que sería gravísimo».

-Europa dice que cuando alguna reforma afecte a la independencia judicial se debe escuchar a la carrera, y, sin embargo, una vez más, la amnistía se va a tramitar como proposición de ley, sin informes de los órganos consultivos.

-Eso es una opción política que se tiene que cuestionar políticamente. Yo no puedo hacer posicionamientos sobre una manera de legislar. Si nos piden informes sería para nosotros lo mejor, pero si no los piden no soy quien para cuestionarlo.

-¿Habrá renovación del Consejo?

-Cada vez aspiro con más vehemencia que se produzca, pues lo llevo diciendo mucho tiempo: el sistema actual está absolutamente agotado, tanto en el modo de designación, imposible de acometer ante la falta de acuerdo, como en el modo de ejercicio, es decir, de funcionamiento de los vocales a la hora de decidir el gran tema conflictivo como es el de los nombramientos, ahora latente ante la privación de funciones.

Es importante renovar pero, a mi juicio, más importante es hacerlo buscando alternativas con las que no se perpetúen para el futuro los graves problemas detectados y se consiga recuperar la idea de un CGPJ que encarne la excelencia en materia de independencia judicial.