La Asociación de Fiscales recurre el nombramiento de Delgado al frente de Memoria Democrática

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Nati Villanueva

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Fuentes de esta asociación, que desde el mismo día del nombramiento ya estaba estudiando con sus abogados la viabilidad de este recurso, señalaron a ABC que en esta ocasión no es tanto la falta de motivación, sino el empeño del nuevo fiscal general del Estado en nombrarla a ella antes de las elecciones del 23 de julio, lo que ha provocado la respuesta de la Asociación de Fiscales. Como en el caso del también recurrente Luis Ibáñez, de momento se trata de un anuncio de recurso, es decir, el escrito con los argumentos correspondientes, se presentará cuando sean emplazados a hacerlo, en unas semanas. Los vocales de la AF y el de la Asociación Porfesional e Independiente de Fiscales (APIF) en el Consejo Fiscal habían pedido tiempo a Álvaro García Ortiz para estudiar la posible incompatibilidad entre las funciones que está llamada a desempeñar Delgado en la nueva Fiscalía de Memoria Democrática y las que ejerce su pareja, el exjuez y abogado Baltasar Garzón en un despacho que lleva idénticas materias.

El fiscal general, que ya había adelantado este Consejo Fiscal tras anunciar Sánchez que convocaba las elecciones para el 23 de julio, se negó a aplazar la reunión como le habían pedido la mayoría de los vocales y siguió adelante con los nombramientos previstos para ese día, entre los que también se encontraba el de la jefatura de la Fiscalía de Odio.

Para la Asociación de Fiscales, la inexistencia del informe preceptivo por parte de los vocales del Consejo Fiscal que se negaron a participar en el debate y votación de esta plaza ya es razón de nulidad. A su juicio, ese informe no puede considerarse como un "mero acto de trámite» porque «tiene por objeto coadyuvar a la propuesta del fiscal general del Estado, mediante las consideraciones que puedan formular los miembros de un órgano mayoritariamente representativo de la carrera fiscal».

Recuerdan en esta asociación que el Ministerio Fiscal es una organización pública cuyos principios de actuación y reglas básicas de funcionamiento se establecen directamente en la Constitución, y eso es precisamente lo que permite preservar a la institución de vaivenes políticos. En este sentido, la garantía de objetividad, imparcialidad y profesionalidad del Ministerio Público puede verse menoscabada por decisiones que, si bien se presentan como formalmente correctas, alteran el orden de principios y valores constitucionales.

Nada más efectuarse ese nombramiento la AF ya avanzó que «la actuación del fiscal general del Estado ha incumplido de forma palmaria las reglas esenciales para la formación de la voluntad de un órgano colegiado como el Consejo Fiscal al decidir, de forma unilateral y en contra de la mayoría de sus miembros, que no se sometiera a la consideración del Consejo el cumplimiento de una de sus funciones, como es la apreciación de una causa de incompatibilidad". Expusieron este argumento a la ministra Llop pidiéndole que no elevara el nombramiento al Consejo de Ministros, pero la ministra concluyó, tras consultar a la Abogacía del Estado, que no tenía margen para no hacerlo.