El Congreso convalida el reparto de menores tras la bendición de Junts y el Gobierno niega privilegios

El encargado de defender el decreto, en la última intervención que hará ante el Pleno de la Cámara Baja antes de someterse a una intervención quirúrgica por un cáncer que padece, ha sido el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Su única compañera presente en la bancada azul del hemiciclo, en la que se sienta el Gobierno, era la titular de Juventud e Infancia, Sira Rego, cuyo papel fue fundamental en los criterios pactados con Canarias para el reparto de los menores, así como la ponderación de los mismos, de la que sale claramente beneficiada Cataluña a pesar de que Torres haya negado «privilegios». Entre las autoridades presentes en la tribuna de invitados, destacaba el presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo (Coalición Canaria), que llevaba meses clamando por una solución para una región de dos millones de habitantes que cuenta ya con 6.000 menores extranjeros no acompañados.

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El decreto que se convalida este jueves reforma el artículo 35 de la ley de extranjería —que no está incluido entre los de carácter orgánico de esta norma, los cuales no se pueden modificar si no es con una ley orgánica— para que se repartan los niños y adolescentes inmigrantes entre el resto de comunidades autónomas cuando una, como es ahora el caso de Canarias y de Ceuta, llegue a situación de «contingencia migratoria». Esto es, que triplique su capacidad ordinaria de acogida, que no es el número de plazas del que dispone, sino un cálculo hecho por el Gobierno.

¿Cuál es ese cálculo? Primero se divide la población de España entre el número total de menores extranjeros no acompañados y después se divide la población de la comunidad autónoma entre el resultado anterior. Si el número de menores extranjeros no acompañados de esa región triplica la cifra obtenida, se entiende que está en contingencia migratoria. Y ahí, se aplican para el reparto criterios como la población, la renta per cápita, la tasa de paro, el esfuerzo realizado anteriormente, el dimensionamiento estructural del sistema de plazas o la condición de ciudad fronteriza o de insularidad de cada territorio.

La ponderación del esfuerzo previo es la que provoca, según las estimaciones de Junts, que Cataluña vaya a recibir entre veinte y treinta menores de los 4.000 que se repartirán desde Canarias, mientras que otras como la Comunidad de Madrid deberán acoger a más de setecientos. El Gobierno dio de plazo a las autonomías hasta el 31 de marzo para actualizar el número de niños y adolescentes inmigrantes que tienen en acogida, pero, según el Ministerio de Juventud e Infancia, Aragón todavía no ha ofrecido datos y la Comunidad de Madrid y Extremadura no han enviado información precisa. Esto se suma a los recursos de inconstitucionalidad anunciados por varias comunidades autónomas gobernadas por el PP, que aprecian una invasión de competencias desde el Estado.

En el debate del decreto, Torres ha asegurado que la modificación del artículo 35 de la ley de extranjería «es una medida para todas las comunidades autónomas sin excepciones, sin privilegios y sin señalamientos». El ministro ha optado por un tono emotivo y ha pedido a PP y Vox que miren a los ojos a los niños hacinados en Canarias: «Son los mismos ojos que los de niños que vienen de otro conflicto. Les diferencia el color de la piel, pero esos niños quieren aprender, jugar, vivir seguro, vivir en paz». Su intervención ha concluido con una estruendosa ovación de las bancadas de PSOE y Sumar, antes de dar paso al turno en contra, solicitado por el Grupo Parlamentario Vox.

Su portavoz en el Congreso, Pepa Millán, ha cargado con dureza contra el Gobierno y contra el PP —contra este último por aceptar un reparto previo de menores el año pasado que motivó el abandono de Vox de los Gobiernos autonómicos que compartía con los populares—, y ha aseverado que el Ejecutivo está condenando a los «menas» —acrónimo de menores extranjeros no acompañados, utilizado frecuentemente de forma despectiva— «a la marginalidad y la delincuencia». «Les advertimos que no iban a ser trescientos, que iban a ser más. Lamentablemente el tiempo nos ha dado la razón y no hay más culpables que ustedes (...). Los menores tienen que estar con sus padres», ha dicho, reivindicando su expulsión a sus países de origen, aunque muchos de ellos llegan sin identificación y se niegan a revelar su procedencia para evitar su devolución.

Vicenç Vidal, de Sumar, ha pedido el turno a favor y ha acusado a PP y Vox de situarse en posiciones xenófobas: «Cuando vienen de Ucrania, no pasa nada; pero cuando vienen en patera, son negros y son del sur, es cuando tienen problemas». En la fijación de posiciones, la popular Ana Alós ha justificado el voto en contra de su grupo en que lo que se aprueba este jueves, según ella, es «un parche» que no solucionará nada y en que los criterios del Gobierno son «injustos y arbitrarios; bien diseñados para que a Cataluña solo lleguen veinte menores». El socialista Luc André Diouf, de origen senegalés, acababa de pedir a los populares que «no se arrodillen frente a los racistas».

Un argumento repetido por el resto de formaciones de izquierdas, incluso con alguna lección de catequesis por parte de Jordi Salvador (ERC), quien ha encomendado a Vox la lectura del Evangelio: «Dejad que los niños se acerquen a mí». Todo, aderezado con un despiste de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que ha concedido el turno de palabra al Grupo Mixto antes de dar paso a la réplica de Millán y Vidal, que tenían derecho a ella por haber solicitado, respectivamente, defender la posición en contra y a favor. Por si acaso, la socialista le ha pedido a Millán que no respondiese a los diputados del Mixto, y aquí paz y después gloria. El decreto ya está convalidado, pero el reparto efectivo, a la espera de conocer aún cuántos menores le corresponden exactamente a cada territorio, tendrá que aguardar.