Puig se desliga de la ayuda a una firma salpicada por Azud y el PP le acusa de beneficiar con fondos Covid a los socios de su hermano

«Hemos ayudado en la pandemia a más de 16.500 empresas en ese programa concreto, el Resistir Plus, y desde luego, todas las empresas que cumplían los requisitos han sido apoyadas por este Gobierno. No hay ninguna traslación, ninguna relación, de aquello que pudo pasar en el pasado, y determinará la Justicia, con lo que hoy se está realizando en la Comunidad Valenciana», ha defendido este miércoles en una entrevista en 'Herrera en Cope'.

Tal y como ha avanzado ABC, a esta mercantil -señalada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por realizar 'merchandising' para los socialistas valencianos que después pagaban otras empresas presuntamente a cambio de adjudicaciones públicas- se le concedió la máxima cuantía posible en el marco de las ayudas Covid.

Precisamente, preguntado por los gastos electorales -no declarados como tal- de las campañas de 2007 y 2008 que habrían abonado cinco mercantiles por un importe de 332.588 euros, Puig ha señalado que se trata de una cuestión «judicializada» que conoce «por los medios de comunicación». «Yo en aquel momento no tenía ningún tipo de responsabilidad -es secretario general del PSPV desde 2012-, pero eso no me exime», ha añadido.

«Las responsabilidades que haya que asumir por parte del PSOE, si son necesarias, se asumirán. Hasta este momento, lo que sabemos de los dirigentes de aquella época es que se hizo todo de acuerdo con la ley de aquella época», ha incidido.

El caso Azud, ha aseverado el barón socialista, le quita «escasos segundos» de su tiempo. «Estamos hablando de una cuestión residenciada hace más de una década y además que afecta a administraciones vinculadas al PP. Por nuestra parte, si alguien en algún momento tomó una decisión equivocada o no correcta, tendrá que asumir sus consecuencias, pero en absoluto le afectan ni a la dirección actual del partido ni a la Generalitat», ha reiterado.

Ximo Puig también ha quitado hierro a las anotaciones con su nombre halladas en la agenda del que fuera tesorero del PSPV Pepe Cataluña, imputado en la causa.

«Que yo aparezca en una agenda de una persona que tiene relación con el partido desde hace mucho tiempo no creo que signifique nada, pero en cualquier caso no hay ninguna traslación porque en aquel momento además yo no tenía ninguna responsabilidad, yo era alcalde de Morella, o sea que no tenía ningún tipo de peso en el partido«, ha argumentado.

«Tengo absoluta confianza en la Justicia. Lo que no se puede es embarrar el campo permanentemente. Ayer vimos dónde está el epicentro de la corrupción en la Comunidad Valenciana», en referencia al juicio al expresidente de la Generalitat Francisco Camps en la Audiencia Nacional.

Al respecto, ha subrayado que el Consell siempre se ha personado en las causas judiciales relativas al PP para defender el interés general: «No tenemos ningún tipo de animadversión personal contra nadie».

En un comparecencia posterior ante los medios y preguntado por la solicitud del PP para crear una investigación -con él como primer compareciente- sobre la supuesta caja 'B' del PSPV en el Senado, Puig ha indicado que se trata de «un ejercicio patético para tapar las vergüenzas» de este partido.

Tras la entrevista, la portavoz del PP en las Cortes Valencianas, María José Catalá, ha reprochado a Puig que «no tiene ningún interés en ser transparente» ante «su negativa» a activar la comisión de investigación parlamentaria sobre Azud que la Cámara autonómica aprobó en junio de 2021. El PSPV cree que hay que esperar a que se levante el secreto de todas las piezas separadas para iniciar las comparecencias.

Los populares han solicitado a la titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia personarse en la causa como acusación popular. A juicio de Catalá, «cuanto más tiempo pase sin dar explicaciones, este caso va a pesar como una losa sobre el actual Ejecutivo y va a ser más difícil que su credibilidad no se vea dinamitada».

Sobre la subvención recibida por Cronosport, la portavoz del PP ha garantizado que desde su partido estarán «vigilantes» con las contrataciones actuales de la Generalitat con empresas implicadas en la trama.

Este asunto también ha protagonizado parte de la comparecencia del conseller de Hacienda, Arcadi España, en la Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda de las Cortes Valencianas. El diputado del PP Rubén Ibañez ha reprochado a España los 200.000 euros otorgados por la Generalitat a esta firma.

Ibañez ha esgrimido una de las camisetas que el PSPV encargó a Cronosport con el texto «Ximo Puig. De ahora en adelante», lema de la candidatura a la secretaria general del partido que no ganó en el congreso de 2008. Unos trabajos que no fueron facturados ni a terceras empresas ni al PSOE, por lo que los investigadores desconocen quién las pagó. Puig «quiso ser secretario general con esto», ha asegurado el diputado popular en referencia a la prenda que sostenía.

«Me sorprende que usted vaya con camisetas, porque en su grupo político no han tenido mucha costumbre», le ha respondido España. El conseller de Hacienda ha defendido lo que, a su juicio es «una cuestión básica». «¿Me estaba diciendo que no cumpliéramos con la normativa? Si una empresa o un autónomo cumple los requisitos establecidos por la normativa no hay margen para la Administración para dársela o no», ha incidido, al tiempo que se ha referido a un escenario en el que «el político de turno diseña unas medidas y a quien quiere se las aplica o no». «Eso no es serio y lo sabe», ha agregado el conseller socialista.

El portavoz de Hacienda ha señalado, asimismo, que las ayudas llegaron solo al 2,6% de los autónomos en la Comunidad Valenciana en 2021 y al 1,8% de las empresas ». «Sin embargo, en la última convocatoria realizada por la Generalitat para las ayudas, el 28 de diciembre de 2021, se quiso primar a tres de las cuatro empresas que están bajo sospecha relacionadas con el caso del hermano de Puig y sus socios». De esta forma, el portavoz de Hacienda ha explicado que la Generalitat concedió a Kriol Produccions 28.037 euros, a la televisión de Castellón 27.700 y a Canal Maestrat 8.800.

Estas tres mercantiles pertenecen a los socios de Francis Puig, los hermanos Adell Bover, investigados junto al hermano del presidente de la Generalitat por presunto fraude en subvenciones.

El portavoz popular ha recalcado que una de las empresas beneficiadas «entró en concurso cinco meses después de recibir la subvención cuando una de las bases para obtener las ayudas era que las empresas debían tener actividad durante todo 2022».