Puig subvenciona con 200.000 euros a una empresa salpicada por la caja B del PSPV

Cronosport se encuentra en el radar de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por haber realizado parte de las campañas electorales del PSPV bajo sospecha, en 2007 y 2008. La mercantil solicitó dicha subvención y su adjudicación fue aprobada el 24 de septiembre de 2021 por el Gobierno autonómico –conformado por PSOE, Compromís y Unides Podem–, tal y como se publicó cinco días después en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana.

Las empresas seleccionadas podían acceder a ayudas que oscilaban entre los 4.000 y los 200.000 euros, de acuerdo al decreto 61/2021 de aprobación de las bases reguladoras para la concesión directa de subvenciones extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial por la Covid-19, consultado por este diario. Y a Cronosport se le concedió la máxima cantidad posible. En 2021 facturó 510.073, 90, un 65% por ciento menos que en el año 2020. Este diario se ha puesto en contacto con los responsables de la firma, sin obtener respuesta al cierre de esta edición. Cronosport realizó el 'merchandising' de la campaña de las municipales de 2007 con la que Carmen Alborch quería arrebatar la vara de mando a Rita Barberá, así como la de los comicios generales de 2008, en la que los socialistas llevaban a María Teresa Fernández de la Vega como cabeza de lista por Valencia.

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Toni Jiménez

Un informe de la UCO sostiene que el partido no pagó 'merchandising' de la campaña de Joan Ignasi Pla a la Generalitat en 2007 y de las primarias que perdió su actual secretario general en 2008

Por esos trabajos habría cobrado un total de 332.588,48 euros que, según los investigadores, no habría abonado el partido directamente, sino cinco mercantiles que previamente habían resultado adjudicatarias de contratos públicos millonarios. «El motivo por el que estas mercantiles asumen costes de trabajos desarrollados en beneficio del PSOE se encuentra, indiciariamente y en base a los diferentes elementos recopilados, en diversas actuaciones desarrolladas en el seno de Acuamed u otras empresas públicas vinculadas a esta», apuntaba la UCO en su informe.

Así, Gigante Edificaciones y Obras pagó a esta mercantil 33.367 euros por camisetas, gorras, chapas, colorines, abanicos, globos o hasta caramelos para la campaña electoral de 2007. Sin embargo, los investigadores han podido determinar que se trataba de una sociedad interpuesta y que el origen último de los fondos era el Grupo Axis, propiedad del promotor y presunto cabecilla de la trama, Jaime Febrer. Por su parte, Soluciones Industriales y Tratamientos Ambientales (SITRA) abonó otros 108.344 euros en gastos electorales y Construcciones Lujan, 120.060 más.

La juez que instruye la macrocausa enmarca este último pago en la adjudicación de un contrato público en el que participó el extesorero de los socialistas valencianos Pepe Cataluña: la del tramo E del trasvase Júcar-Vinalopó, licitado por la empresa pública Aguas del Júcar, que fue absorbida por Acuamed. «Se comprueba que ni el PSOE directamente habría abonado estas adquisiciones, así como que tampoco las habría declarado como gastos electorales, pese a que aparentemente deberían haberse declarado como tal» al Tribunal de Cuentas, incidía la Guardia Civil.

En un registro realizado en la sede de Cronosport, los agentes pudieron comprobar que ninguna de las mercantiles formaba parte de su lista de clientes habituales. La operativa se habría repetido en las elecciones generales de marzo de 2008. La Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense (FACSA) –mercantil del Grupo Gimeno– pagó 70.817 euros para mochilas, gorras o ponchos impermeables. La magistrada destaca en el último auto de imputación que dos meses antes resultó adjudicataria de un contrato con la desaladora de Moncofa por 50,8 millones.