La juez de la dana tacha de «erróneo» e «incompleto» el informe de la Guardia Civil que señala a la CHJ

La magistrada de Catarroja Nuria Ruiz Tobarra señala en un auto que la recopilación de datos y comunicaciones efectuada por los agentes es «extensa y minuciosa» a los largo de sus 220 páginas, pero el documento que ella misma solicitó es «claramente incompleto» y «había de limitarse a elaborar una cronología» de los desbordamientos en ríos, barrancos y presas y su relación con los fallecimientos.

La instructora no quería «ninguna valoración» de los hechos ni de la responsabilidad de las Administraciones y organismos, como sí reclamó la Fiscalía. Una petición que descartó. Por ello entiende que el informe «es erróneo en sus consideraciones y apreciaciones sobre los fallos y negligencias de los intervinientes» en lo ocurrido el 29 de octubre, un análisis que es «exclusivamente jurisdiccional».

El mismo sirvió para que la asociación Liberum, una de las acusaciones populares que también representa a la familia de una víctima, pidiera la imputación del presidente de la CHJ, Miguel Polo. La juez lo deniega de nuevo. La Audiencia de Valencia, recuerda, ya resolvió sobre la posible responsabilidad penal del organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y determinó que la Generalitat Valenciana era quien dirigía la crisis y debía alertar a la población. De ahí que se investigue a la exconsellera Salomé Pradas -con las competencias en emergencias- y a su entonces 'número dos' Emilio Argüeso por los presuntos homicidios y lesiones por imprudencia.

Las valoraciones de la Policía Judicial «no poseen eficacia incriminatoria, ni tampoco exculpatoria, de los investigados ni de cualquier otro implicado», argumenta la instructora.

«La causa estaba plenamente judicializada cuando se acordó la prueba. Cuando se encargó la cronología, no existía ningún informe, ni atestado elaborado por la Guardia Civil que revelara o afirmara cualquier tipo de negligencia o error en la gestión de la emergencia, en la causación de los 228 muertos, por lo que no era factible y no se acordó en ningún momento, trasladar una valoración de tal calado a la Policía Judicial, que no la había efectuado de oficio en su momento. Cualquier valoración exclusivamente policial de las negligencias o incumplimientos estaba condenada al fracaso, porque el análisis se sustentaría siempre en un análisis limitado exclusivamente a la prueba documental», indica.

«Es un informe erróneo por los limitados elementos de prueba con los que cuenta en su elaboración», recalca. Pese a su extensión, la juez entiende que el informe «ni puede atender a lo que sucedió en el Cecopi -el órgano que dirigía la emergencia-, a las testificales de los técnicos, a las declaraciones de los familiares de las víctimas que fijan en muchos casos casi el momento exacto en el que fallecieron sus allegados (elemento de conexión con el retraso en la alerta), a los peritos que analizan y analizarán aspectos cruciales sobre las previsiones y los desbordamientos», apunta.

«No se atiende a declaraciones de especial relevancia y de indudable prestigio por su cualificación profesional que expresan conclusiones radicalmente distintas a las expuestas e incluidas indebidamente en la cronología», agrega. Es decir, considera que la Benemérita no puede emitir una opinión al no contar con todas las piezas del puzzle que sí obran en la instrucción judicial.

Como viene informando ABC, la Guardia Civil puso el foco en las dos horas y media en las que la Confederación dejó de informar por correo electrónico a la Delegación del Gobierno y a Emergencias de la Generalitat Valenciana sobre el caudal del barranco del Poyo -el que causó 192 muertos- el pasado 29 de octubre.

Se trata del periodo que pasó entre el último aviso manual de las 16.13h, en el que se advertía un descenso del caudal -que, sin embargo, empezó a crecer de nuevo pocos minutos después- y el mensaje de las 18.43h, cuando la rambla ya causaba estragos a su paso por los municipios de la zona cero. Con esa «inexistencia de avisos», la CHJ incumplió el protocolo, al no informar sobre la superación de los umbrales establecidos, lo que denotaba para los agentes «una aparente ausencia de control sobre el dispositivo de registro en la rambla del Poyo justo en el peor de los momentos».

De las testificales que se han practicado a técnicos se extrae que el correo de las 18.43h llegó al Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana, pero nadie supo interpretar el peligro que representaban esos niveles de agua. Tampoco se trasladó a la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), que estaba centrado en el riesgo de colapso de la presa de Forata. Miguel Polo participaba de forma telemática en ese encuentro.

No obstante, la magistrada sostiene que el 112 tenía acceso a los datos actualizados cada cinco minutos del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Confederación, que también estaban disponibles en su web. Además, incide en que con una alerta hidrológica activada -que no se desactivó durante toda la jornada- era la Generalitat por normativa quien debía efectuar el control de los barrancos, atendiendo también a los datos de precipitaciones que tenía. Para ello desplegó a los bomberos, que fueron retirados del Poyo a la hora de comer.

El auto defiende que «el único apagón que se produjo es lo que se calificó en el Cecopi como periodo de trabajo exclusivamente presencial, que se produjo en dos ocasiones, en momentos cruciales, y que por otro lado no es objeto de análisis en su repercusión y consecuencias en el informe de la Guardia Civil». Momentos en los que se dejó fuera de la reunión a quienes la seguían de forma telemática. En paralelo, la juez vuelve a rechazar los «bulos» sobre la supuesta incidencia de la presa de Forata en el Poyo, algo que ha quedado descartado.

Respecto a los avisos de la Aemet, la magistrada incide en que la Universidad de Valencia se sirvió de ellos para cancelar las clases y el Ayuntamiento de Algemesí pidió que se desalojaran los polígonos industriales a las 17h de aquella trágica tarde ante el temor a la crecida de los barrancos.

También critica que no se recojan en el documento de la Benemérita las llamadas que la agencia hizo al 112 informando sobre la evolución meteorológica. Una de ellas se publicó recortada en los medios. «No existe mención alguna a dicha comunicación de especial relevancia que fue publicitada y difundida públicamente, incluso por alguna autoridad, como un medio de desacreditar la existencia real de avisos», critica.

Asimismo, el informe «olvida» más allá de la información proporcionada por los organismos estatales y las llamadas al 112, el seguimiento de la evolución del temporal que hicieron en tiempo real los medios de comunicación. La resolución judicial puede ser recurrida en reforma y/o apelación.