Piden imputar al presidente de la CHJ tras afear la Guardia Civil la falta de avisos en la dana

Aunque la magistrada de Catarroja rechazó hace unos meses otorgar la condición de investigado a Polo, una decisión avalada por la Audiencia de Valencia, la entidad considera que el informe de la Guardia Civil -que señala errores en la actuación del organismo estatal- supone un nuevo punto de inflexión en el procedimiento ante el «despropósito» de su actuación.

Como viene informando ABC, en el extenso documento aportado al juzgado a solicitud de la instructora los agentes apuntan a la «inexistencia de avisos» sobre caudales por correo electrónico durante dos horas y media y a «una aparente ausencia de control sobre el dispositivo de registro en la rambla del Poyo justo en el peor de los momentos».

Se trata del periodo que pasó entre el último aviso de las 16.13h, en el que se advertía un descenso del caudal -que, sin embargo, empezó a crecer de nuevo pocos minutos después- y el mensaje de las 18.43h, cuando la rambla ya causaba estragos a su paso por los municipios de la zona cero.

Liberum considera acreditado que la CHJ «no cumplió con su función de comunicar a tiempo real y puntual sobre el aumento del caudal en los embalses en relación con los diferentes umbrales, sino que, lo hizo a destiempo o sencillamente, no lo hizo, lo que, obviamente condicionaba la toma de decisiones que debían adoptarse por los estamentos de Protección Civil y servicios de emergencias», al calificarla como «deficiente».

Respecto a ese correo de las 18.43h sobre el Poyo, barranco que provocó 192 de las 228 muertes, indica que, «además de tardío, su escueto y parco contenido solo informaba que la 'crecida está siendo muy rápida' sin especificar desde cuándo se inició el aumento del caudal, ni las consecuencias de este».

«Pero lo más, grave es que, en ese momento en el Cecopi -órgano que dirigía la crisis- estaba el presidente de la CHJ y ante este aviso no dio instrucciones ni alertó de la gravedad de la situación, ni realizó gestión alguna para averiguar si ya se habían producidos daños personales en la zona», asevera.

«Si como figura en los autos la tardanza y parquedad en los avisos a la ciudadanía emitidos por parte de la Generalitat han dado lugar a estas diligencias previas, con cuánta más razón (si no la misma) lo merecen los responsables de la CHJ, al menos, respecto de lo ocurrido en el barranco del Poyo», sostienen los letrados de Liberum.

De momento, sólo figuran como investigados en la causa penal la ex consellera de Justicia e Interior Salomé Pradas -que ejercía el 'mando único'- y el entonces secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso.

En paralelo, se solicitan diligencias para que se dilucide si el desembalse de la presa de Forata tiene algún tipo de conexión con el desbordamiento del Poyo, algo que la juez ya descartó y calificó de «bulo». También a raíz del informe de la Benemérita, la asociación reclama que se cite como testigo a la presidenta de Aemet, María José Rallo del Olmo.

El documento criticaba la falta información «en tiempo real» sobre las precipitaciones por parte de la agencia, un «hecho gravísimo imputable» al organismo estatal, según Liberum, que destaca ese silencio «desde las 9:41 horas hasta las 16:24 horas (casi 7 horas de oscuridad informativa), momentos cruciales y críticos de la riada».