La CHJ tampoco alertó a tiempo de la crecida en otros cauces el día de la dana

Así consta en el extenso informe que la Guardia Civil ha aportado a la causa penal que investiga la gestión de la barrancada. Como viene informando ABC, en el documento solicitado por la juez de Catarroja que instruye las diligencias la Benemérita reprocha al organismo estatal –dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica– que dejara de enviar correos electrónicos durante las dos horas y media en las que se gestó la tragedia en el barranco del Poyo, cuyo desbordamiento se cobró 192 de las 228 víctimas mortales.

Una situación similar se dio en la cuenca del Turia, en la que la devastación fue menor. No obstante, las inundaciones costaron la vida a ocho personas en esta zona, aguas arriba de Quart de Poblet, en la que el mayor volumen de lluvias se dio bien entrada la tarde. En el citado municipio, el río abandona su curso natural y continúa por una canalización artificial hasta el mar que salvó a la ciudad de Valencia –sin contar a las pedanías afectadas– del desastre.

Aunque Emergencias de la Generalitat y la Delegación del Gobierno tienen acceso a los datos de caudales –actualizados cada cinco minutos– del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), el Plan Especial ante el Riesgo de Inundaciones obliga a la CHJ a advertir por correo electrónico a las autoridades cuando se superan determinados registros, que son distintos en cada punto de medición. Cuando esas cifras llegan a la sala de control del SAIH, los técnicos tienen que validarlas y enviar el aviso de forma manual. Algo que, sin embargo, no ocurrió. «Llama la atención la ausencia de avisos por superación de umbrales que se estaban registrando en los distintos dispositivo SAIH establecidos en esta cuenca», asevera el informe. Al igual que en el Poyo, incide, «cabría preguntarse el motivo por el que no fueron emitidos».

Es el caso del embalse de Buseo, en la localidad valenciana de Chera, que rebasó su capacidad a las 22h y empezó a desembalsar por un aliviadero. Las mediciones se mantuvieron en 0 hasta las 21.50 horas del 29 de octubre, momento en el que empezaron a aumentar exponencialmente. A las 22.15 se contabilizaban 646 metros cúbicos de agua. Pese a que los umbrales establecidos (15, 75 y 150) se superaron a las 21.50h, a las 21.55 y a las 22h, respectivamente, «no se remitieron mensajes de aviso alguno».

Lo mismo ocurrió en la Rambla Castellana, en Pedralba. La Confederación envió un único aviso a las 21.19h advirtiendo de un ascenso de caudal con un registro de 225 metros cúbicos por segundo, por lo que se superaba el umbral 3, fijado en 150 para este punto. El primero y el segundo –cifras superiores a 50 y 80– ya se había alcanzado más de una hora antes sin que se hubieran transmitido como está estipulado.

El caso del aforo de Villamarxant es singular. Entre las 20.30 y las 20.40 horas, en cuestión de diez minutos, se pasó de 182 metros cúbicos por segundo a 1.192. Pese a rebasar los tres umbrales, no se enviaron avisos porque la CHJ consideró que se trataba de una «posible anomalía» por un fallo del sensor. Cuando comprobaron que ese caudal se reflejaba en la estación de aforos ubicada aguas abajo de este punto, en el Azud de Manises, se emitió el aviso a las 21.47h por «ascenso de caudal». Hacía media hora que este punto había sobrepasado el umbral de 200 y el valor ya se situaba en 453 metros cúbicos por segundo.

Fuentes de la CHJ defienden que el informe no recoge los cerca de 200 avisos pluviométricos y de caudal que la entidad envió aquel día y que se incluyen en un documento que hará llegar al juzgado cuando declare como testigo –todavía sin fecha– su presidente, Miguel Polo.

Además, afirman que la Guardia Civil obvia que hay un periodo de unos 25-30 minutos entre la toma de datos del sensor y su visualización en el centro de control del SAIH. Pese a que la juez y la Audiencia de Valencia lo rechazaron hace unos meses, una de las acusaciones –la asociación Liberum– ha vuelto a pedir la imputación de Polo.