Caso Pegasus: los Mossos certifican el espionaje al exlíder de Junts Jordi Sànchez

Sànchez ha reprochado que, tras los informes previos de Citizen Lab y Amnistía Internacional sobre el espionaje, «se corrobora de manera inequívoca que hubo una utilización maliciosa para vulnerar los derechos políticos y las libertades individuales» al menos, en su caso y en el de la también exdirigente de la ANC Elizenda Paluzie, y Sonia Urpí, antigua integrante del secretariado de la entidad soberanista.

Según el informe de la Policía catalana, el espionaje a los móviles de Sànchez, Paluzie y Urpí se habría dado en una veintena de ocasiones entre 2015 y 2020. En el caso del primero, según ha detallado la ANC, la monitorización de su teléfono se habría producido «coincidiendo en alguna ocasión con un permiso penitenciario del que disfrutó mientras participaba en la fundación del partido».

Sobre el recorrido judicial, el exlíder de Junts ha subrayado que, en caso de ser necesario, llegarán hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para «defender la verdad sobre el espionaje político, protagonizado por los cuerpos policiales del Estado español». Por su parte Paluzie, también a las puertas de los juzgados de Barcelona, ha apuntando que su objetivo inicial es saber si el Supremo autorizó el espionaje -como ocurrió en el caso del expresidente catalán Pere Aragonès, cuando aún era vicepresidente, durante el mandato de Quim Torra- en «un momento concreto».

«Hemos sido espiados por ser integrantes de la ANC, y afecta al conjunto de la ciudadanía porque puede tener un efecto disuasorio sobre el activismo», ha lamentado. Por ello reclama «asunción de responsabilidades» ante un caso «totalmente injustificado y desproporcionado que ha vulnerado el derecho a la intimidad».

Cabe recordar que, también por el espionaje con Pegasus, en este caso, a Aragonès, la Audiencia de Barcelona mantiene imputada a la exdirectora del CNI Paz Esteban, al considerar que «la investigación no ha sido agotada». Una decisión del tribunal, que rechaza el recurso de la Abogacía del Estado, al que se adhirió la Fiscalía, porque quedan aún pendientes diligencias de investigación, como el informe pericial del móvil del exdirigente del Govern, y determinar si la monitorización del terminal se limitó a los periodos autorizados por el Tribunal Supremo.

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Además, la entidad Irídia formalizó una ampliación de querella hace unas semanas, para pedir la imputación de tres directivos de NSO Group por el espionaje al abogado de ERC Andreu Van den Eynde. El escrito pide incluir en la causa como investigados a Omri Lavie, fundador de la empresa israelí que comercializa el 'software'; a Shalev Hulio, también fundador y director general hasta 2022; y a Yuval Somekh, el único que también consta como miembro de las juntas directivas de Osy Technologies y Q Cyber Technologies, parte del entramado societario, radicado en Luxemburgo, responsable de la venta y mantenimiento del programa espía.

La entidad indicó en su petición, remitida al Juzgado de Instrucción 24, que la dificultad de efectuar una investigación transfronteriza ágil ha impedido, hasta el momento, la «identificación de personas físicas responsables de la dirección de las mencionadas mercantiles».