La Audiencia de Barcelona mantiene imputada a la exdirectora del CNI por el espionaje con Pegasus a Aragonès: «La investigación no ha sido agotada»

En su auto, fechado el pasado 14 de octubre y al que ha tenido acceso ABC, la Sección 9ª apunta que ese informe pericial debe «obtener indicios» como «trazas de instalación de programas de acceso remoto y secreto, cantidad y tipos de datos extraídos», así como «origen y destino» de los mismos. Recuerda además, que pese a que el Tribunal Supremo autorizó al centro la monitorización del móvil de Aragonès con el 'software' israelí Pegasus, «el objeto central» de esta investigación es si el espionaje se limitó «a los periodos autorizados» y, en su caso, «si se ajustó a los límites» que fijó el aval judicial.

Además, recuerdan los magistrados, todavía queda pendiente recibir el resultado de, al menos, dos comisiones rogatorias. Una de ellas, la que pretende obtener declaración de Osy Technologies -empresa vinculada a NSO, dueña del programa espía-, y otra, al Estado de Israel para que aporte información sobre Pegasus. «En consecuencia, la investigación no ha sido agotada», por lo que desestima el recurso que reclama el cierre de las pesquisas contra Esteban.

La resolución, de 27 páginas, indica también que no puede «excluir toda tipicidad penal» de la «participación» de la exresponsable del Centro en el espionaje a Aragonès ya que las peticiones de autorización para ello dirigidas al Supremo las emitió, «precisamente» su Secretaría General Técnica. «No puede excluirse una actuación [de Esteban] con relevancia penal», por ejemplo, en caso de que la misma «se hubiera extralimitado en los concretos términos autorizados en la ejecución de las injerencias» o «bien se hubiera podido utilizar indebidamente por parte del CNI los datos recabados» del terminal del expresidente catalán.

Por ello, las magistrados abundan que son esas circunstancias las que están investigando, así como su posible relevancia penal. Tal y como advirtió Aragonès en su querella, ante «posibles injerencias por parte del Estado, de naturaleza estrictamente política, incompatibles en cualquier sociedad democrática».

El Supremo autorizó el espionaje del CNI a Aragonès, ante la sospecha de que lideraba los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) desde la clandestinidad. Fue así como el magistrado Pablo Lucas emitió sendos autos para que el Centro pudiese monitorizar con el 'software' Pegasus el teléfono móvil del político republicano, cuando este ejercía como número dos del Govern de Quim Torra. En base al peritaje del terminal que encargó el propio afectado, habría sido entre julio de 2018 y marzo de 2020, con Pedro Sánchez al frente del Ejecutivo.

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El espionaje, según apuntó Aragonès en su declaración ante el Juzgado de Instrucción 29 de Barcelona, se habría producido coincidiendo con momentos de «especial relevancia política», como la formación del Govern; las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez, en 2020, así como las de los Presupuestos y la Mesa de Diálogo. Negociaciones en las que Aragonès ejerció como «máximo representante de ERC».

El auto que desestima la petición de sobreseimiento libre cuenta con un voto particular, el del magistrado Andrés Salcedo. Si bien coincide en cuanto a mantener a Esteban como investigada, no comparte algunos argumentos de la misma, como el que señala que la monitorización del terminal pudo extenderse más allá del periodo autorizado por el Supremo porque, hasta la fecha, «no se han aportado elementos de sospecha determinados».