La exdirectora del CNI niega ante la juez cualquier «actuación» sobre Jové y Riba en el caso Pegasus

Pese a que fuentes jurídicas indicaron primero que se había acogido a su deber de reserva, Esteban, que ha comparecido por videoconferencia desde Madrid durante escasos 5 minutos, sí que ha negado cualquier tipo de actuación respecto a los dos dirigentes de ERC. Es lo único que ha dicho, ya que, sin autorización del Gobierno, no puede hacer referencia a ningún tipo de información a la que tuviese acceso como máxima responsable del Centro, de ser así, incurriría en un delito de revelación de secretos. Para poder declarar ante la juez, y negar «cualquier actuación», sí ha contado con el visto bueno del Ejecutivo.

Y es que Esteban se rige por el deber de secreto y reserva profesional, tal y como recoge el artículo 75 del Real Decreto 240/2013, de 5 de abril, del Estatuto del personal del Centro Nacional de Inteligencia. Dicho estatuto recoge que «el personal del CNI estará obligado a guardar el secreto profesional sobre las actividades» del Centro, así como «sobre las informaciones o datos que puedan conducir al conocimiento de las materias» clasificadas.

El incumplimiento de dicho deber, «aún en el caso de haber perdido la condición de personal estatutario», daría lugar a la correspondiente responsabilidad penal que determinen los órganos judiciales competentes, sin perjuicio de su consideración como infracción disciplinaria. Igualmente, el personal del CNI deberá guardar la debida reserva y sigilo profesional respecto de aquellos hechos o informaciones no clasificados de los que haya tenido conocimiento en el ejercicio de sus funciones o por razón de su cargo.

Hasta el momento, Esteban está investigada en cuatro causas diferentes por la presunta monitorización de los dispositivos de políticos independentistas con el 'software' israelí. Además de la de Jové y Riba, que ha negado hoy, también la del expresidente catalán Pere Aragonès, que contó con la autorización del Tribunal Supremo, la de el exdiputado en el Parlamento Europeo Jordi Solé y la del abogado de Esquerra Republicana, Andreu Van den Eynde.

Además, la semana pasada, otro juzgado de Barcelona admitió a trámite la primera querella contra dos exdirectores de la Guardia Civil por el espionaje con Pegasus. La queja por revelación de secretos y acceso ilegal a sistemas informáticos, también dirigida contra el CNI, la formalizaron cinco empresarios y desarrolladores de programas, investigados por el caso 'Tsunami'. Primero la presentaron ante la Audiencia Nacional, que la inadmitió, al considerar que los hechos denunciados no son de su competencia, y apuntó así que correspondería investigarlos a un juzgado ordinario donde residen las víctimas de los «supuestos ataques».

Así, Instrucción 2 de Barcelona la admitió finalmente a trámite «pudiendo ser los hechos denunciados constitutivos de presuntos delitos». Así consta en el auto, que acordó la incoación de diligencias previas, así como la práctica de cuantas fuesen necesarias para «esclarecer los hechos relatados» en la misma. La queja se dirige contra los exdirectores generales del Instituto Armado Félix Azón y María Gámez, así como contra la exdirectora del CNI Paz Esteban y los dueños de Pegasus y de otro programa espía, Candiru.