Un juzgado investiga a la exdirectora del CNI por el supuesto espionaje al abogado de Junqueras

En sendos autos, consultados por ABC, la juez María Antonia Coscollola indica que los hechos que relata Van den Eynde en su querella podrían ser constitutivos de un delito de descubrimiento y revelación de secretos. El abogado apuntó que sus comunicaciones habían sido intervenidas durante la pandemia, en mayo de 2020, cuando coordinaba la estrategia de defensa de varios dirigentes republicanos. Sostiene así la instructora que sus móviles pudieron ser infectados con el 'software' Pegasus, que la empresa israelí podría haber «facilitado a terceros», «entre ellos al CNI».

Una correlación que estable la misma acusación particular al aludir al caso del expresidente catalán Pere Aragonès, y la «posible implicación por parte» de los Servicios de Inteligencia, todo ello pese a que, entre la lista de 18 dirigentes monitorizados -nunca desvelando los medios para ello, es decir, sin alusión alguna al programa israelí- que la propia Esteban desgranó en su comparecencia en la Comisión de Secretos Oficiales, de estos cuatro casos judicializados de ERC, sólo estaba Aragonès. Para ello, el Centro contó con el aval del Supremo, debidamente motivado.

Así, para imputarla en la causa de Van den Eynde, la instructora sostiene que «en ese estado de cosas y siendo Paz Esteban la máxima responsable en el período de tiempo en que tuvieron lugar los hechos investigados, no parece oportuno que deba retrasarse su declaración como investigada». Se trata de la cuarta imputación a la exresponsable de los Servicios de Inteligencia españoles, también investigada por Instrucción 20 por el presunto espionaje los dirigentes de ERC Josep Maria Jové y Diana Riba, por lo que está citada a declarar el próximo 29 de septiembre. También, además de la de Aragonès, está imputada en la causa del exdiputado en el Parlamento Europeo Jordi Solé.

Cabe recordar que por el caso de Aragonès, Esteban ya fue citada a declarar y entonces se acogió al secreto oficial para no hacerlo. Por eso, la acusación de los dirigentes republicanos reclamó a la justicia que, antes de volver a citarla, hacía falta pedir el suplicatorio al Consejo de Ministros para que la dispense del deber de guardar secreto -según obliga la ley de secretos oficiales, que rige al CNI y a sus empleados- a fin de que pueda ser interrogada. Lo mismo que ahora hace la instructora, que sostiene que «será necesario expedir nuevo suplicatorio al Consejo de Ministros a los efectos de habilitar tal declaración». Por el momento, según indican a este diario fuentes de toda solvencia, no se espera que se produzca ningún cambio al respecto.