Un juzgado de Barcelona admite la primera querella contra la Guardia Civil por el espionaje con Pegasus

Ahora, Instrucción 2 de Barcelona la ha admitido a trámite «pudiendo ser los hechos denunciados constitutivos de presuntos delitos». Así consta en un auto, consultado por ABC, que acuerda la incoación de diligencias previas, así como la práctica de cuantas fuesen necesarias para «esclarecer los hechos relatados» en la misma. La queja se dirige contra los exdirectores generales del Instituto Armado Félix Azón y María Gámez, así como contra la exdirectora del CNI Paz Esteban y los dueños de Pegasus y de otro programa espía, Candiru.

Entre las diligencias solicitadas, están la de desclasificar documentos sobre el uso de los 'software', incluyendo las autorizaciones judiciales o administrativas, así como el coste de las operaciones y los expedientes generados. También la declaración de los querellados, incluyendo a los directivos de NSO Group (Pegasus) y Saito Tech Ltd (Candiru); y requerir a los Mossos d'Esquadra la realización de informes periciales sobre los dispositivos de los querellantes para acreditar las infecciones.

Quienes presentaron la queja, bajo la asociación Sentinel Alliance, son Joan Arús, Jordi Balinya, Pau Escrich, Joan Matamala y Xavier Vives. En esta ocasión, la formalizada ante los juzgados de Barcelona, presenta una novedad respecto a la que interpusieron ante la Audiencia Nacional, y es que los cinco han ofrecido sus discos duros y teléfonos móviles para que la Policía Científica de los Mossos pueda analizar las infecciones denunciadas.

Su querella se apoya en el informe de CitizenLab, laboratorio adscrito a la Universidad de Toronto (Canadá), que denunció el espionaje con el 'software' israelí a 65 independentistas, aunque en una comparecencia a puerta cerrada en el Congreso, el CNI sólo admitió la monitorización de dispositivos de 18 de ellos; entre los que se encuentra el expresidente de la Generalitat Pere Aragonès, con la preceptiva autorización judicial.

Reclaman así en su queja que «el Gobierno español debe llevar a cabo una investigación completa, justa y eficaz, en la que se proporcione total claridad sobre todos los presuntos casos de uso de 'software' espía, incluidos los 47 casos en los que aún no está determinado si fueron o no objetivo del CNI con autorización judicial o si lo fueron de otra autoridad española con o sin autorización judicial».

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También reclaman que el Ejecutivo facilite «un acceso adecuado a las 18 personas investigadas reconocidas por el CNI a las autorizaciones judiciales que habilitaban dichas intromisiones». Sobre la Guardia Civil, los querellantes indican que fueron investigados en el caso Tsunami, aunque finalmente «a ninguno le fue imputado delito alguno ni les fue comunicada su condición de investigados ya que tras conocer que estaban siendo espiados, solicitaron personarse en dichas diligencias en varias ocasiones, siéndoles denegado el derecho a defenderse».

Sus comunicaciones habrían sido intervenidas entre 2019 y 20202 y por eso piden también investigar a los máximos responsables del Instituto Armado de la época -Azón y, posteriormente, Gámez- al entender que «resulta impensable que estas medidas tan invasivas y sin autorización judicial se realizaran sin su conocimiento ni aprobación previa». Y es que los desarrolladores informáticos apuntan que, más allá de las intervenciones autorizadas por la misma Audiencia Nacional en el marco de la investigación, sus terminales fueron infectados por sendos programas espías. «Así, aunque la Guardia Civil ha asegurado no utilizar el 'spyware' Pegasus por boca del ministro del Interior, existen indicios suficientes para afirmar que ha utilizado tanto Pegasus como Candiru», abundaron.