¿Quién dio la orden de ejecutar a Valentín Moreno?

Un veredicto que abre la puerta a que ahora el fiscal del caso, Félix Martín, solicite la reapertura de las pesquisas para localizar a los autores intelectuales: quienes dieron la orden de matar a Moreno. Algo que prevé hacer una vez el magistrado emita su sentencia. El sicario se enfrenta a una petición de 20 años de cárcel –diez efectivos y expulsión–, mientras que para Gutiérrez las acusaciones solicitan 31. De ellos, seis por tenencia ilícita de armas y usurpación de estado civil.

Sentarlos en el banquillo ha sido posible gracias a dos años de pesquisas del Grupo de Homicidios de los Mossos d'Esquadra y, a un «haz de luz», en palabras del fiscal, una multa de tráfico que permitió a los investigadores descubrir la identidad de los dos colombianos a quienes Gutiérrez contactó para perpetrar el crimen. Uno es Díaz Mora y el otro Alexander Chaverra, ahora en paradero desconocido.

Chaverra y Díaz Mora viajaron desde Colombia hasta Barcelona con el encargo de vigilar a Moreno. Sergio les alquiló un piso, y también les proporcionó dos DNI robados para comprar teléfonos móviles y que alquilasen sendos patinetes para seguir a la víctima. También les dio información sobre las rutinas de Moreno: dónde vivía, a que gimnasio acudía y el bar donde desayunaba. Y allí los captaron las cámaras de seguridad. De hecho, a Díaz Mora se le puede ver incluso con guantes de látex dentro del local, el Tom Tom de Sant Adrià, mientras observa a su objetivo.

El primer día del juicio, el fiscal, después de afirmar que en el banquillo «no están todos los que son, pero sí son todos los que están», hizo un llamamiento a los acusados para que, además de reconocer los hechos, confesasen «quién dio la orden» de matar a Moreno. Así, siguiendo el consejo de su abogado, Joaquim Bech de Careda, el sicario colombiano admitió haber dado «plomo» a Moreno y aportó detalles sobre el caso, señalando a Sergio como el intermediario del asesinato a sueldo. Según su relato, el encargo que aceptó era realizar «seguimientos» a la víctima pero, tras varios días, ese encargo, por el que le pagarían 5.000 euros, mutó. Aquel 18 de noviembre, sobre las 19.00 horas, su compatriota Alexander le trasladó «un cambio de planes»: que había que matarlo.

Lo ejecutó –con una semiautomática de 9mm– escasos 50 minutos más tarde, porque sino tendría que hacerse cargo de los gastos de su traslado hasta España, y «no podía volverme a Colombia sin plata», detalló en la sala, mientras la familia de Moreno se revolvía escuchándolo. Lo hizo desplazándose en una bicicleta. El vehículo se lo facilitó Sergio, después de que un agente de la Guardia Urbana interceptase a los dos colombianos en Barcelona, tras saltarse un semáforo en rojo, por lo que les incautó sendos patinetes, con los que habían estado siguiendo a Moreno. Ese golpe de suerte permitió llegar hasta los dos sospechosos, ya que cuando el policía les dio el alto se identificaron con sus pasaportes y, gracias a ese incidente, los Mossos pudieron relacionarlos con la ejecución meses más tarde.

El sicario afirma desconocer a los autores intelectuales del crimen, pero sí detalló el papel de Sergio como intermediario. Además de su confesión, una huella en la llanta delantera de la bici relaciona a Gutiérrez con el crimen. También el posicionamiento de los teléfonos lo sitúa cerca del lugar de los hechos, al igual que el coche de su amante, que pasó cerca de la zona donde ejecutaron a Valentín antes y después del crimen. El sicario aseguró que él fue quien lo recogió para dejarlo en un piso, antes de regresar a Colombia, donde fue detenido meses después para ser extraditado e ingresar en prisión provisional en España.

Pero, ¿quién dio la orden de matar a Moreno y por qué? Según la propia familia de la víctima, habrían sido dos individuos con los que se reunió cuatro horas antes de recibir el disparo mortal con un arma modificada, cuando salió de su coche, en Sant Adrià.

Una información que no trasladaron a los investigadores –que no llegaron a localizar el móvil de la víctima– y que desvelaron en la segunda sesión del juicio. A la cita acudieron Moreno, Javier G. alias 'Javidubi' –exintegrante de los Casuals, facción más violenta de los Boixos Nois–, así como Cristian R., y Daniel Caballero alias 'Bubito'. Este último, un estibador al que la Policía relacionaba con el tráfico de drogas, ejecutado también de un disparo en la cabeza, en noviembre de 2024.

En el encuentro se abordó una presunta deuda por un cargamento de cocaína, por el que debían a la víctima entre 700.000 y 1,5 millones de euros. En días anteriores, Moreno había reclamado a 'Javidubi' ese dinero. «Ya no eres mi hermano...Tienes un serio problema...Me siento muy traicionado...Vete, Javi, y no aparezcas...Tú no te vas a quedar con una cosa que yo he construido con mis cojones», le dijo a través de unos audios que, temiendo posibles represalias, reenvió luego a uno de sus hermanos quien, a su vez, se los facilitó a los investigadores.

En la cita previa a la ejecución, habrían abordado la deuda y Moreno salió aliviado, pensando que todo se había aclarado. Tanto fue así que decidió, por primera vez, dejar de salir acompañado –con una suerte de escolta– y también desarmado.

Estaba «convencido de que todo iba a salir bien porque había llegado a una solución con ellos», apuntó otro de sus hermanos, Iván, durante su declaración. Fue precisamente pocas horas después cuando lo mataron. En la ambulancia, aún consciente, trasladó a sus familiares: «Han sido ellos, me la han jugado».

Aunque los Mossos habían citado a 'Javidubi' a declarar como investigado durante sus pesquisas, no pudieron acreditar su participación en el crimen y no fue imputado. Durante el juicio sí declaró, pero como testigo y a petición del letrado de Sergio, Ricardo Vidal-Colomer de Torre. Una «jugada», señaló el fiscal, que pareció una suerte de 'performance' con la intención de exonerar tanto a su cliente como a quien habría ordenado ejecutar a Moreno. «No descarto que exista un pacto para echar las culpas al autor intelectual, pero al venir como testigo no pasa nada y así yo me exonero de todo», apuntó en referencia a Gutiérrez. La intención habría sido que el jurado, «viendo que se llevan tan mal, piense que es imposible que estén relacionados», 'Javidubi' y Sergio. Algo que, precisó el representante del Ministerio Público, no puede probar, pero tampoco descartar. Por eso, cuando vio «el espectáculo» el pasado viernes en la sala de vistas, decidió no interrogar al testigo, para reservarse la opción, una vez haya sentencia, de reclamar la apertura del procedimiento contra Javier G., por la presunta autoría intelectual de la ejecución de Moreno.

Se trata de un crimen dentro del ámbito de la «delincuencia organizada», tal y como apuntó el fiscal, del que el móvil sería una deuda por un cargamento de cocaína, pero, tal y como recordó el propio Martín, «si no paramos los pies a este tipo de muertes, esto se puede convertir en el lejano oeste. No lo podemos permitir», subrayó en una de sus intervenciones.

Moreno saltó a la crónica negra la noche que cumplía la mayoría de edad, por el que se denominó como crimen de la Villa Olímpica, por matar a golpes, en abril del 2000, junto a otros individuos, a Carlos Javier Robledo, un joven de 22 años, a las puertas de una discoteca de Barcelona. Por ello fue condenado a internamiento en un centro de menores, donde pasó ocho años. Su familia recordaba, durante el juicio, que «ya había pagado por ello», y pedían no referirse a él como asesino.

Ya en 2009, volvió a ser detenido por una paliza racista que, junto a otros integrantes de su equipo de fútbol de tercera regional, el Bada Bing, propinaron a jugadores del Rosario Central, por ser de origen sudamericano. Los dos principales implicados fueron Valentín y su hermano Israel –que ahora ha colaborado con la Policía para esclarecer su asesinato–, condenados a seis años de prisión.

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Por ese motivo, el Ministerio Público pidió al tribunal popular no prejuzgar, pese al «contexto delictivo del suceso», y ponerse en la piel de la familia de Moreno. De hecho, tal y como explicó a ABC uno de sus hermanos, Gabriel, tras acabar la testifical de 'Javidubi' les amenazaron. Fue al salir de la sala de vistas cuando recibió una llamada desde un teléfono fijo de Sevilla, y en catalán, su interlocutor le advirtió: «Esto acabará mal». Información que trasladó, junto al número, a la Policía catalana.

El abogado de la familia, David Comellas, recordaba que Valentín «ya pagó por lo que hizo en su vida» y que ahora era el momento de saber «qué le pasó» y «quién ordenó que eso le pasara». Tras el juicio, se abre la puerta a sentar en el banquillo a los presuntos autores intelectuales del crimen.