El fenómeno de la venta de viviendas con okupa dentro: «Quiero quitarme la casa ya de encima como sea»

Asegura que al principio era «seria»; que entró a vivir con su madre a la casa y pagaba religiosamente la renta, «pero al año discutieron y se fue». Luego compartió el piso con una amiga y ocurrió exactamente lo mismo, «porque ella discute con todo el mundo», añade. Y explica que fue en ese momento cuando dejó de pagar la renta, alegando que se había quedado sin trabajo, y empezó su «calvario».

Desde entonces, Esther, que incluso ha ofrecido trabajos a su inquilina morosa, ha intentado recuperar su vivienda por la vía civil y la no tan civil, acudiendo a los servicios de una conocida empresa de desocupación -«me sacaron 4.000 euros y no hicieron nada, fue un timo», relata- y contratando los servicios de un detective privado, que reunió pruebas que acreditaban que su arrendataria trabajaba limpiando casas o cuidando niños, pero cobrando 'en b'. Además, Esther asegura que también descubrió que Leydi Lorena estaba subarrendando las habitaciones del piso.

Pero nada de eso ha servido para que su inquiokupa abandone el inmueble. Desde hace casi un año, Esther tiene también abierto un procedimiento legal para desahuciar a su inquilina, pero después de todo este tiempo permanece a la espera de juicio oral, tras pasar por un farragoso trámite burocrático en el que su inquilina ni siquiera se ha presentado al proceso de mediación.

A estas alturas, Leidy Lorena adeuda a Esther alrededor de 17.000 euros, asegura la propietaria. «Te cuesta el dinero, te cuesta la salud física, mental y es horrible. Lo que quiero es quitarme la casa de encima ya como sea». Es por todo ello que hoy Esther vende su inmueble aún con el inquilino moroso dentro. ¿El precio? Alrededor de 60.000 euros, cuatro veces menos del que dice que es su valor real de mercado, unos 260.000 euros, «porque cuando la alquilé estaba recién reformada», asevera.

El de Esther ya no es ni mucho menos un caso aislado. Desde que en 2020 el Gobierno aprobara como parte del escudo social la moratoria de los desahucios por impago del alquiler para colectivos vulnerables, las ventas de pisos con 'bicho dentro', como se les conoce en el sector inmobiliario, se han multiplicado. Tanto es así que hoy representan el 3% del mercado, con más de 23.000 unidades a la venta en toda España, según los datos de Idealista.

En provincias como Barcelona, la segunda más poblada del país, el porcentaje de casas con okupa en venta sobre el total es del 7,9% y le siguen en orden decreciente Sevilla (6,6%), Toledo (5,3%), Huelva (5,1%) y Almería (5,1%). En Madrid, la principal plaza para el sector residencial del país, también representan un 2,7% del total de inmuebles en venta.

Fuentes del mayor portal inmobiliario español señalan que no disponen de métricas que relacionen la moratoria de los desahucios con este fenómeno creciente, pero aseguran que ya llevaban tiempo observando cómo cada vez aparecían más viviendas en cuyos comentarios reconocían que estaba 'okupada', por lo que se decidieron incluso a generar un nuevo filtro de búsqueda para este tipo de inmuebles. «Esto generaba 'ruido' para las personas que estaban buscando una vivienda para mudarse a ella, por lo que decidimos crear un nuevo filtro que permitiera que pudieran quitarse de las búsquedas de los usuarios que no estaban interesados, o que fuera más sencillo encontrarlas para aquellos que las estaban buscando», señalan.

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Del crecimiento de este tipo de operaciones da buena cuenta Carlos Alonso, manager para Tecnocasa en Aragón y Valencia, que explica que se venden tanto casas con inquilinos morosos dentro como con okupas ilegales, pero asegura que son más los casos de lo primero. Respecto al perfil de vendedor señala que habitualmente son «gente normal, de calle», personas que tienen un piso «de toda la vida» y que se han comprado otro para alquilarlo y obtener un ingreso extra. «Son temas que les superan realmente y les hace sentir cierta impotencia, por lo que muchas veces para ellos el piso se convierte más en un problema que en otra cosa», relata el profesional, que asegura haber visto «auténticos dramas» por la okupación.

Cuenta, por ejemplo, el caso de un señor de Valencia al que la segunda vez que fue con la policía a recuperar su vivienda por orden judicial se encontró con que el okupa al que tenían que desahuciar ya no estaba, y la vivienda la okupaba otra familia. «Tenía 70 años y casi le da un infarto, tuvimos que llamar a la ambulancia», relata.

De la parte interesada en adquirir la casa, el profesional sí dice que en la mayoría de las ocasiones son personas que quieren la vivienda como inversión, no para vivir, aunque en el caso de Tecnocasa niega que sean fondos los que se acerquen a sus locales para interesarse por ellos. «Son personas que tienen dinero ahorrado y pagan al contado», cuenta.

Aun así son operaciones que conllevan riesgos adicionales porque los pisos se compran a ciegas, lo que explica también los grandes descuentos a los que se firman. Alonso señala que los compradores de este tipo de vivienda son conscientes de que están adquiriendo un inmueble que probablemente hayan dejado destrozado los ocupantes. «El comprador puede saber la superficie que compra o las características de la finca a través del catastro, pero no el estado en el que se encontrará la vivienda. La mayoría da por hecho de que se lo va a encontrar en malas condiciones», detalla.

Aún con esa certeza, el experto inmobiliario asegura que este tipo de activos despierta mucho interés cuando hay descuentos importantes de entre el 40 y el 60% . «Si el precio es atractivo, se vende enseguida».

Otro punto importante en estas operaciones es la firma del contrato de compraventa. El profesional de Tecnocasa señala que es esencial que se especifique que no se entrega la posesión de la vivienda, sino solamente la propiedad, «porque la posesión no se puede entregar dado que es un bien que está en estado de ocupación».

Una vez cerrada la operación, la pelota pasa al tejado del comprador que es quien hereda la batalla por echar al okupa o inquiokupa. Santiago Thomás de Carranza, socio director y fundador del despacho Thomás de Carranza Abogados, sostiene que en muchos casos el entuerto se resuelve a través de acuerdos extrajudiciales. Pero si se opta por la vía legal, el nuevo propietario puede realizar una nueva demanda o subrogarse a la causa abierta por el anterior poseedor de la vivienda si la hubiera.

El abogado incide en que a un okupa normalmente se le intenta desahuciar por la vía de un procedimiento penal de usurpación, cuyo proceso puede tardar en resolverse más de un año. En el caso de los inquilinos morosos asegura que incluso se podría ir por la vía de lo penal por estafa porque ha podido existir una intención deliberada de acceder a la vivienda mediante un contrato de alquiler para luego dejar de pagarlo. «Pero mediante este proceso se tarda mucho más», puntualiza Thomás de Carranza.

Sobre las cláusulas del contrato, el letrado destaca la importancia de recoger en la escritura tanto que se está transfiriendo la posesión de un inmueble ocupado, como constatar que el comprador renuncia a cualquier reclamación derivada del estado de conservación de la vivienda. En su caso, el letrado sí asegura que son inversores oportunistas los que se interesan por este tipos de activos. «Buscan un ahorro importante y tienen la capacidad económica para poder aguantar el proceso judicial si ya existía, y si no existe iniciarlo, o contratar a una empresa mediadora que hable con los okupas y trate de llegar a un acuerdo, muchas veces con dinero por delante», detalla.

De la parte vendedora también especifica que detrás de la venta de grandes carteras de inmuebles okupados están entidades financieras que han optado por deshacerse de las casas por sus problemas para poder gestionarlas o por la repercusión social que tiene para ellos llevar a cabo los desahucios.

En los próximos tiempos incluso podrían ser más las casas con 'bicho dentro' que puedan salir al mercado. Porque los socios del Gobierno presionan ahora para que la moratoria de los desahucios se prorrogue durante todo 2026 o incluso se perpetúe como piden desde Unidas Podemos. Son alrededor de 60.000 lanzamientos de inquiokupas los que están bloqueados por la norma vigente desde la pandemia, -aunque la asociación Asval rebaja esa cifra a 30.000- cuyo destino podría decidirse este mes.

Desde la Plataforma de Afectados por la Ocupación (PAO) llevan tiempo pidiendo de manera insistente en que se ponga fin a la medida y así lo volvieron a exigir el pasado 24 de noviembre en el Senado. «El 98% de nuestros socios afectados tienen una única vivienda bien en posesión o alquiler. Somos víctimas, somos familias trabajadoras, somos ciudadanos y tenemos derechos. Necesitamos algún tipo de medida y creánme que es demasiado duro sufrir la okupación, la inquiokupación o vivir en un edificio de mafias okupas», defendió el portavoz de la PAO, Ricardo Bravo, en la Cámara Alta.