El socialista José Antonio Viera admite que las ayudas de los ERE eran «a demanda»

José Antonio Viera, y su sucesor en el cargo, Antonio Fernández , condenados a pena de cárcel en la pieza política de los ERE que está pendiente de recurso ante el Tribunal Supremo , han comparecido este martes como testigos en la vista oral que juzga los 8,4 millones que los distintos gobiernos socialistas, entre 2001 y 2007, dieron a un entramado empresarial de la Sierra Norte vinculado al corcho y en el que tenía un papel importante Ángel Rodríguez de la Borbolla, el que fuera alcalde socialista de Cazalla de la Sierra y hermano del expresidente de la Junta José Rodríguez de la Borbolla. Junto al exalcalde de Cazalla se sientan en el banquillo el actual primer edi de este municipio sevillano, el socialista Sotero Martín, dos empresarios y un empleado de banca.

Ha sido en su testifical donde Viera, a la segunda pregunta de la fiscal anticorrupción ha afirmado que las ayudas se daban «a demanda», a lo que la representante del Ministerio Público ha querido saber cómo sabían los empresarios que existían las ayudas si eran «a demanda». Viera ha explicado que, a través de los acuerdos de concertación, la Confederación de Empresarios y CCOO y UGT las conocían.

No había convocatoria específica de las ayudas, pero tampoco requisitos. «Ante una situación de crisis en un sector, la empresa y los sindicatos acudían a la Junta y se iniciaba una negociación para prestar la ayuda «, ha explicado el exconsejero de Empleo sobre los requisitos.

Y el sector del corcho, en la Sierra Norte, formaba parte de esos sectores productivos estratégicos a apoyar por la Junta . Tanto Viera como Antonio Fernández, eso sí, han señalado que toda la responsabilidad en la gestión de las ayudas a estas empresas del corcho vinculadas a Ángel Rodríguez de la Borbolla y las otras que se concedieron bajo el mismo sistema era de la Dirección General de Trabajo, en este caso bajo gestión de Francisco Javier Guerrero , ya fallecido. Precisamente, Guerrero, Viera y Fernández estuvieron investigados en esta pieza pero fueron excluidos por la Audiencia de Sevilla.

Sobre los 8,4 millones dados a las empresas de Rodríguez de la Borbolla, Viera ha dicho desconocer quién solicitó las ayudas aunque ha matizado: «imaginó que fue la persona vinculada a las empresas..., la persona que ha tenido vinculación política (entre los acusados) era el alcalde (Ángel Rodríguez de la Borbolla)» .

Pero «nunca» se reunió con él, de hecho ha afirmado que hubo discrepancias políticas dentro del PSOE de Sevilla entre el testigo y el acusado.

Después ha sido el turno de Antonio Fernández, sobre el que ya pesan dos condenas en el caso de los ERE (pieza política y Acyco) . También ha reconocido que las bases de las ayudas de los ERE o la convocatoria de éstas no se publicaron en ningún boletín oficial, pero venían recogidas «en las leyes presupuestarias en los programas de ayudas a empresas en crisis». Ha negado discriminación y oscurantismo en la concesión y difusión de las ayudas.

Sobre los requisitos exigidos a las empresas para ser beneficiarias, Fernández, como Viera, ha explicado que más que requisitos como tal se hablaba de las circunstancias individuales de una crisis empresarial que afectaba a un sector y que tenía consecuencias directas en el empleo y en el peso industrial de la comunidad.

El sustituto de Viera en la Consejería ha asegurado que «nunca estuvo en la gestión de las ayudas» , ni como consejero ni antes como viceconsejero, por lo que no sabe si aquí hubo solicitud o no. «Parece que no existe, es una cuestión de la Dirección General de Trabajo». Aunque matizó que ha habido muchos «movimientos de papeles» y no sabe si se han perdido o no, a pesar de que fue Fernández quien firmó los convenios para las ayudas a estas empresas.

Fernández sí mantuvo un reunión con Ángel Rodríguez de la Borbolla, Guerrero y otro de los empresarios , aunque no se habló de las ayudas sino de una iniciativa empresarial en la Sierra Norte.

El abogado del PP, Luis García Navarro, como hiciera antes con Viera, le ha preguntado a Fernández por las competencias de Guerrero como director general para dar las ayudas, algo que se plasmó en una orden recogida en un Boletín Oficial de la Junta de Andalucía en 2010. Ese año «se acometió» esa delegación de competencias tras un análisis de las ayudas anteriores y por orden de la intervención general, para «adecuar» el sistema, aunque Fernández ha reconocido que el sistema de concesión de las ayudas no era inadecuado .

La siguiente pregunta de esta acusación a Fernández ha sido sobre la falta de fiscalización previa de las ayudas , cuestión que, de forma sorpresiva, ha respondido el presidente del tribunal: «quizás sea porque las pagaba el IFA» (Instituto de Fomento de Andalucía), posterior agencia IDEA. Esto ha provocado que el abogado haya pedido al magistrado dejar responder al testigo. El presidente del tribunal ha afirmado que las piezas de los ERE están por toda la Audiencia y «algo conocen ya».