«Era imposible que las ayudas de los ERE cumplieran el sistema legalmente establecido»

Así lo ha manifestado Ángel Turrión , uno de los cuatro peritos de la Intervención General que realizaron 275 informes sobre este causa de corrupción a petición del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla , que entonces dirigía Mercedes Alaya. Turrión ha comparecido, junto a dos compañeros, Eduardo Villaseca y Rosa María Hernández, en el que es el cuarto juicio de los ERE, en la que se ve la ayuda de 420.000 euros que en 2003 concedió Francisco Javier Guerrero, director general de Trabajo ya fallecido, a los cinco socios de Novomag , que están acusados de prevaricación y malversación . Como éstos admitieron la Junta le dio casi medio millón de euros para saldar las deudas que tenían con la Seguridad Social .

Los cincos encausados eran trabajadores de la sucursal de Magefesa en la Línea de la Concepción. Pero tras su cierre en la década de los noventa, este grupo de empleados decidieron crear la sociedad anónima laboral Industrias Domésticas Inoxidables del Sur (Idisur). Estos trabajadores se convirtieron en socios de Idisur.

Consiguieron que el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), que después se convirtió en agencia IDEA , le concediera las instalaciones de la empresa y la maquinaria. En los primeros años de la década del 2000, Idisur cesó su actividad, con deudas «considerables», aunque el consejo de administración, del que formaban parte los cinco acusados, continuaba en funcionamiento. Entonces, según declararon los acusados, aparecieron «varios inversores» para nuevos proyectos y acudieron al IFA en busca de apoyo económico. La respuesta fue que tenían que montar una empresa para poder darle una subvención .

Ese fue el origen de Novomag (Nueva Magefesa), que se fundó en abril de 2003. Recibió 420.000 euros (70 millones de las antiguas pesetas) de la partida 31L, conocido como 'fondos de reptiles' , el dinero destinado por la Junta para el pago de los ERE. El dinero fue a pagar las deudas que tenía Idisur con la Seguridad Social que ascendía a casi medio millón de euros.

Durante la sesión de este martes en el juicio los peritos de la Intervención General han vuelto a exponer el cúmulo de irregularidades que detectaron en el sistema usado para la concesión de las ayudas de los ERE, centrándose en la dada a Novomag: «no había crédito presupuestario, la concedió el director general de Trabajo cuando no era la autoridad competente (consejero de Empleo), no existió fiscalización ni se siguió el procedimiento legalmente establecido».

En la investigación de esta ayuda sólo encontraron u n convenio firmado en 2003 entre el director general de Trabajo de entonces, Francisco Javier Guerrero, y el IFA, pero no es un convenio sobre la concesión sino que se encomienda al IFA para el pago de 420.000 euros a la empresa gaditana. «No existió resolución de concesión» , según Turrión. No se especificaba si la ayuda iba para la inversión en maquinaria o pago de deudas, que no se desglosaba. Fue una subvención «sin objeto definido».

Además, no es posible obtener una subvención pública sin estar al corriente de pago con la Seguridad Social o Hacienda , por eso le indicaron que crearan Novomag. Tampoco existe en este caso una solicitud de la ayuda, ni un documento que justifique haber recibido el dinero. «No hay documentos justificativos», ha añadido Turrión, que ha insistido en que en este caso ni fue una ayuda ni una subvención.

El perito de la IGAE ha insistido que el sistema montado para dar las ayudas en la Consejería de Empleo «se obviaba el paso legalmente exigible que era la fiscalización. Era imposible fiscalizar sin acto de concesión de la subvención«.

Por todo ello, ha concluido que la subvención de de Novomag, «como el resto de las de 270 concedidas, era imposible que hubiesen cumplido el sistema legalmente establecido. Nunca tuvieron crédito presupuestario. Eran nulas de pleno derecho «. Y ha insistido en una idea que durante el juicio de la pieza política, donde resultaron condenados casi una veintena de ex altos cargos de los gobiernos socialistas como los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, levantó ampollas: » el presupuesto de la Consejería de Empleo y de la agencia IDEA estaban falseados para permitir el procedimiento de concesión de las ayudas de los ERE«.

Los acusados en este juicio son María de los Ángeles Z.D. y Juan Manuel P.B., administradores de Idisur y Novomag, y los socios de ambas empresas José Luis F.J., Miguel A.G. y Rogelio M.I., quienes inicialmente se enfrentan a tres años de cárcel y ocho años y tres meses de inhabilitación absoluta por delitos de prevaricación y malversación.

Sin embargo, este martes, en el trámite de conclusiones definitivas, la Fiscalía ha anunciado que modifica su acusación. Aprecia la atenuante de dilaciones indebidas en esta causa, por lo que ahora solicita un año y siete meses de cárcel para cada uno de los investigados. El PP-A se ha adherido a estos cambios. Además, la Fiscalía pide que los cinco indemnicen a la Junta con 420.708,47 euros.