Los «efectos perversos» del caso de los ERE por no juzgar a los altos cargos en todas las piezas

El abogado Adolfo Cuéllar, que defiende a Ángel Rodríguez de la Borbolla, ha expuesto la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva como consecuencia de la situación jurídica compleja que se generó en esta macrocausa desde que la Sección Séptima fuese excluyendo, contra el criterio de las acusaciones, a los altos cargos políticos de las piezas separadas, toda vez que éstos fueron juzgados y, en su mayoría, condenados por la Sección Primera en la pieza política o del procedimiento específico. Sentencia pendiente de los recursos ante el Tribunal Supremo.

A juicio del letrado, en esta causa se produce "indefinición" por las acusaciones por cuanto juzgan a cinco personas como "cooperadores necesarios" en delitos de prevaricación y malversación pero no se enjuician a los altos cargos o funcionarios que concedían las ayudas, en este caso Fernández, Viera y Guerrero.

Se da la circunstancia de que esta pieza, la tercera que será juzgada, es la primera en la que no se sientan en el banquillo los altos cargos. Y es que la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla, en la pieza de Acyco , hizo caso omiso al criterio de la Sección Séptima y sentó en el banquillo a los altos cargos porque aseguraba que los hechos juzgados en la pieza política no eran los mismos que en la ayuda de Acyco. «Los hechos (Acyco) no han sido enjuiciados y permanecen los indicios de culpabilidad apreciados a los acusados en las distintas resoluciones dictadas contra ellos en este procedimiento, por lo que deben ser sometidos a enjuiciamiento», exponía la Sección Tercera.

El tribunal de Acyco, en defensa de su postura de juzgar a los altos cargos, exponía que de no hacerlo "se llegaría al efecto perverso de que juzgáramos solamente a los «extraños» (empresarios) en delitos de prevaricación y malversación y no a las autoridades y a los responsables de la toma de decisiones a enjuiciar», o los efectos, «igualmente perversos», de enjuiciar de forma separada a los «extraneus» (empresarios) y después a los responsables (políticos) de tales decisiones, o que hechos que afectaran a diversos investigados, objeto del auto de procesamiento y de acusación «quedaran sin enjuiciar e impunes», afirmaba la Audiencia.

En base a este argumento, Adolfo Cuéllar ha expuesto la extraña situación que se vive en este juicio, donde se van a juzgar a los "extraneus" y no a los "intraneus" (personas que intervienen en un delito), los altos cargos de la administración. Tanto la Fiscalía como las acusaciones rechazan que se vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva. En este caso Anticorrupción ha respondido a este planteamiento de la defensa que en esta pieza se están juzgando otros hechos distintos a la pieza política. "No hay identidad de hechos ni autores", ha afirmado la fiscal, que ha recordado un auto del tribunal que juzgó la pieza política en el que indicaba que las ayudas individuales no eran objetos de la pieza política .

Ésta ha sido la cuestión previa más relevante de las que se han planteado en la primera sesión del juicio que celebra la Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla por los 8,4 millones de euros que recibió las empresas vinculadas al sector del corcho de Ángel Rodríguez de la Borbolla, como Corchos y Tapones de Andalucía (Cortansa), Corchos de Cazalla, Servicios y Mantenimiento de Cazalla, Enoworld y Corchos Higuera , con cargo a la partida presupuestaria 31L de la Junta de Andalucía , con la que eran sufragados los expedientes de regulación de empleo fraudulentos e incluso innecesarios y subvenciones arbitrarias y sin publicidad.

La Fiscalía pide siete años de cárcel para Ángel Rodríguez de la Borbolla, hermano del expresidente socialista de la Junta de Andalucía José Rodríguez de la Borbolla y exalcalde de Cazalla de la Sierra por el PSOE durante veinte años, vinculado a dicho grupo de empresas en ocasiones como socio mayoritario y en otras como administrador único o apoderado. Los otros acusados son el coadministrador de las empresas R.B.M.; un empresario portugués de la industria del corcho y administrador de hecho de varias de las entidades, identificado como F.P.M.O.; y Sotero Manuel Martín Barrero, actual alcalde socialista de Cazalla de la Sierra, como partícipe del capital societario y de los órganos de administración de varias de las empresas. Éstos se enfrenta a seis años de cárcel. El quinto procesado es un responsable de una entidad bancaria identificado, G.C.E., al que la Fiscalía pide cuatro años. En el caso de Sotero Martín, se mantiene en la Alcaldía a pesar de estar sentado en el banquillo, incumpliendo el código ético del PSOE.

El caso abarca las ayudas concedidas entre 2001 y 2007 por importe de 8.408.096,42 euros a este grupo de empresas, «prescindiendo absolutamente de los principios y procedimientos legalmente establecidos para ello, sin fiscalización, justificación ni control previo, y, en definitiva, de forma fraudulenta y arbitraria», según el juez instructor. No obstante, la defensa del exalcalde de Cazalla y beneficiario de las ayudas ha defendido la concesión de las mismas, pues era una apuesta del Gobierno andaluz, incluso antes de 2001, apoyar a las entidades del sector del corcho para que esta industria generara riqueza en Andalucía, en concreto en la Sierra Norte.

"Eran ayudas perfectamente incardinadas en la decisión política de la Junta de ayudas a estas empresas", ha afirmado el letrado, que ha lamentado que su cliente lleva una década de " daño reputacional y con una situación económica, moral y familiar calamitosa".