La Reina Melchor del PSOE de Almonte se sienta en el banquillo de los acusados por los cursos de formación

El dinero público, según la Fiscalía, también sirvió para abonar el porte de una yegua adquirida en una subasta en Alemania que fue trasladada al Rocío. El traslado del equino costó a las arcas autonómicas 21.220 euros cofinanciados con dinero europeo. En total, el consorcio Formades recibió 5,55 millones de euros distribuidos en tres subvenciones anuales en 2008, 2009 y 2010.

El juicio, que empieza hoy en la Sección Tercera, se desarrollará durante 17 sesiones.

Según el auto de procesamiento dictado en enero de 2019 por la juez María Núñez Bolaños, Orihuela se aprovechó, presuntamente, del cargo que ocupaba para favorecer a amigos y familiares , entre los que estaban dos de sus hijos y un sobrino, que fueron contratados con dinero público.

En dicho auto, la magistrada sostiene que, «aún de forma indiciaria, habría contratado, o facturado sin contrato, servicios o suministros con familiares y amigos, fraccionando contratos y pagos para evitar licitaciones, beneficiando con ello indebidamente» a parientes y conocidos.

Los hechos que se van a juzgar tiene su origen en 2006 y se repitieron hasta hasta noviembre de 2011. En este periodo la principal acusada «habría desviado fondos públicos bajo la apariencia de realización de actividades cuya realidad no queda justificada o de actividades que no se ajustaban a la finalidad de la subvención».

En esta causa, la juez María Núñez Bolaños procesó a cuatro de los 20 investigados en esta pieza separada del caso Formación. Archivó la causa contra once trabajadores y proveedores del consorcio y cinco exaltos cargos de la Junta que, según la Guardia Civil, le concedieron subvenciones «de modo arbitrario» y «sin la verificación técnica del proyecto formativo».

De otro lado, la Fiscalía, en su escrito de acusación, señala que «la Dirección General de Formación de la Consejería de Empleo elaboró en enero de 2014 un informe en el que expuso, literalmente que, 'de los 14 consorcios analizados hay tres que incurren en las más graves deficiencias que hacen inviable su supervivencia' , siendo estos Forman, Formades y CTI, proponiendo su disolución, decisión que se aprobó por la Junta ese mismo mes de enero«.

La Fiscalía indica en su escrito que en el primer trimestre de 2011 el interventor descubrió «irregularidades en facturas expedidas por el hijo» de la acusada y exgerente de Formades Ana María Orihuela, Manuel Ramírez, «al tiempo que descubrió que no existía contratación con este y otros proveedores siempre de la órbita familiar de la misma».

« La acusada comenzó a contratar servicios con familiares y amigos, faltando no sólo a los más elementales deberes legales , sino soslayando de modo absoluto las reglas de contratación que se exigen en la legislación de las subvenciones«, indica la Fiscalía señalando que Orihuela »adjudicó contratos sin licitación previa«, »aceptó que familiares y amistades presentaran facturas que en modo alguno cumplen con la legislación vigente, de tal manera que ni describen la realidad del servicio, ni puede saberse si este se hizo« y »fraccionó contratos de manera que no superaran los límites de 12.000 euros para la prestación de servicios«.

Cristóbal Ojeda Orihuela, «sobrino de la acusada directora gerente, fue contratado como vigilante de seguridad a pesar que los servicios de seguridad fueron ejecutados por una tercera empresa«, según la Fiscalía, que le atribuye la percepción de 13.533,58 euros sin que conste »un contrato escrito, ni si este se adjudicó mediante el procedimiento de licitación pública previsto«, siempre según la Fiscalía.

Además, según la Fiscalía, Orihuela «ordenó pagos y servicios de naturaleza muy variada en modo alguno relacionados con los fines del consorcio», destinando 40.078,16 euros a publicidad , asignando por ejemplo 6.555 euros a «regalos y caramelos para la Cabalgata de Reyes« de Almonte de 2009 , en la que ella encarnaba al rey Melchor, además de dedicar otros 600 euros a un desayuno vinculado al cortejo real.

La Fiscalía detecta así delitos continuados de prevaricación y malversación, reclamando para Ana María Orihuela seis años de cárcel , diez de inhabilitación especial y 15 de inhabilitación absoluta.