El juez ordena a la Guardia Civil que investigue los contratos de 84 'enchufados' del PSOE en la Faffe

Diez años después, la agencia de colocación en la que se convirtió este organismo público representa una pieza más en el rompecabezas de la macrocausa de la Faffe, cuyo director, Fernando Villén, va a ser juzgado por pagar con su tarjeta black en varios prostíbulos. El juez de refuerzo de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana , que investiga el 'enchufismo' en la fundación y «el ilícito mantenimiento del personal así contratado en distintos puestos de trabajo» creados a su medida y sin utilidad, acaba de remitir un oficio al SAE para que «a la mayor brevedad posible» facilite a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil un informe para identificar a «84 sujetos» que, según denunció el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), fueron contratados supuestamente « por razones de clientelismo político o nepotismo ». La mayoría son contratados con primer y segundo grado de parentesco con cargos socialistas.

En un auto dictado el pasado 13 de enero, al que ha accedido ABC, el magistrado solicita a la agencia pública de la Junta que concrete si fueron contratadas por la Faffe para el desempeño de puestos directivos y de puestos técnicos de nivel E, « con indicación de los periodos de tiempo durante los cuales estuvo cada uno de ellos contratados », desde la fecha de la vinculación laboral hasta «la fecha de inicio de la prestación de los servicios». El instructor del caso también quiere saber si cumplían con su jornada laboral, para lo que reclama datos del « registro de control horario » para los citados puestos, así como las candidaturas presentadas a los mismos en las convocatorias de 2006 y 2007, «a fin de poder determinar el motivo por el que fueron seleccionadas» las personas incluidas «en la lista de 84 sujetos» frente al resto de aspirantes, si es que los hubo.

Mediante la citada resolución el juez prorroga seis meses más la instrucción de esta causa amparándose en la «complejidad» de la investigación y la «grave carga» de trabajo que pesa sobre este órgano judicial. Pese a la «decidida voluntad por parte de este juzgado de conseguir la mayor agilidad y eficacia de la instrucción de las denominadas macrocausas (ERE, Formación, Avales, Faffe…), «su elevado número así como su complejidad sustantiva y procesal, necesariamente han de comportar ciertas limitaciones en orden a conseguir aquel objetivo», expone. Para terminar de agravarlo, las pesquisas se han visto afectadas por la pandemia del Covid .

La investigación se circunscribe a «al menos» 84 personas en las que «se habría detectado» la contratación « con omisión de los principios de publicidad y libre concurrencia, sin procedimiento ni convocatoria de ningún tipo ni observancia de los principios de mérito y capacidad». En la larga relación facilitada al juzgado figuran los exalcaldes socialistas de las localidades sevillanas de Lebrija y Montellano, Antonio Torres y Francisco Aguilera Acevedo , ya investigados en otras piezas separadas, el exregidor de Espejo, en Córdoba, Santiago Castro . También aparecen el cuñado, la esposa y un sobrino del exdirector general de la Faffe , Fernando Villén; la esposa del alcalde de Sevilla, Juan Espadas; las hijas del alcalde de San Juan de Aznalfarache, Juan Ramón Troncoso, y de la alcaldesa de Gélgar, María Membrive ; concejales del PSOE en Adamuz, Camas y Aguilar de la Frontera; sobrinos del exconsejero de Gobernación Luis Pizarro , y dos familiares del exconsejero de la Presidencia Gaspar Zarrías.