El juez investiga a la mujer, el hermano y dos cuñadas del ‘ex número 2’ del PSOE andaluz por el fraude de formación

El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, que investiga por supuesto desvío de las subvenciones al que fuera ‘número dos’ del PSOE regional ha ampliado a sus familiares el círculo de imputados en la causa abierta por la «presunta ilicitud del proceso de concesión, gestión, justificación y liquidación» de cuatro ayudas para cursos de formación que sumaban 193.936 euros concedidas entre los años 2006 y 2009.

Atendiendo una petición cursada por la acusación popular que ejerce el PP andaluz, el magistrado dictó un auto el pasado 28 de diciembre por el que cita como investigados en el procedimiento a Antonia Montilla López, esposa de Velasco y administradora única de Aulacen Cinco S.L. ; Rafaela e Inmaculada Montilla López, cuñadas del exdirigente socialista, que aparecerían como evaluadora y docente, respectivamente, en los cursos de formación subvencionados, y a Pedro Velasco Sierra, hermano del político que también impartió clases en la citada academia. Todos ellos tienen «relación de consanguinidad hasta el cuarto grado o afinidad en segundo grado» con la administradora única de la empresa y con Rafael Velasco, al que el juez considera como «administrador de hecho» de la academia.

El instructor advierte de que emplear a personas con estos lazos familiares «estaría expresamente prohibido» por la Ley General de Subvenciones y el Reglamento de Subvenciones, tal y como había alertado en su escrito dirigido al juzgado el letrado del PP-A. El abogado Luis García Navarro había identificado a otro fichaje de la academia vinculado a Velasco, pero que no está imputado: Alfredo Fernández Pérez, que trabajaba para el PSOE andaluz. Era cuñado y chófer de Velasco .

En el auto se cita a una quinta persona como investigada. Se trata de Antonio Solís Franco, quien « sin ostentar cargo que le habilitara para ello, habría intervenido en los procedimientos y expedientes administrativos objeto de la presente causa, suscribiendo comunicaciones dirigidas a los beneficiarios de subvenciones, recibiendo comunicaciones a su nombre, emitiendo certificados y participando en la toma de decisiones en la Jefatura de Servicio de la Dirección General de Formación para el Empleo del Servicio Andaluz de Empleo, sin que hubiera obtenido el nombramiento para esa responsabilidad».

El juez decide investigarlos porque « pudieran haber tenido algún tipo de participación material en los hechos delictivos objeto de las actuaciones: incumplimiento ilícito de la disciplina de concesión, control y justificación de las subvenciones para la Formación Profesional Ocupacional gracias al deliberado concierto de los beneficiarios con los responsables del órgano gestor de la subvención».

La causa fue archivada por la anterior instructora y titular del juzgado, María Núñez Bolaños, decisión que luego revocó la Audiencia Provincial de Sevilla tras estimar un recurso presentado por el PP-A.El auto prorroga seis meses más el plazo de instrucción, como pidieron la Fiscalía y la Junta, a la espera de recibir los informes encargados a la Guardia Civil y la Intervención General sobre las citadas ayudas.

El abogado de Velasco se opuso a ampliar el plazo para investigarlo alegando que el juzgado no acordó las preceptivas prórrogas mientras la causa estaba sobreseída libremente por la juez Núñez Bolaños. Con posterioridad la Audiencia anuló el archivo y obligó a reabrir la causa. Para el juez, el argumento de Velasco «carece, no ya de apoyo normativo alguno, sino que atenta contra la lógica jurídica».