La Fiscalía Anticorrupción añade que la juez Núñez «justifica una conducta delictiva» en el caso ERE Andalucía

Pocos escritos reflejan con tanta virulencia este choque de trenes entre los dos órganos investigadores como el que la Fiscalía envió al juzgado el 20 de mayo pasado contra otro archivo de la juez Núñez. En un recurso de apelación presentado ante la Audiencia Provincial de Sevilla , le reprocha que emplee argumentos sin sostén jurídico «para justificar una conducta que de todo punto es delictiva».

Las fiscales María José Sánchez Martínez y María Nazaret Salguero Gil impugnan un auto del 7 de mayo pasado por el que daba carpetazo a la causa abierta contra una empresa, Romero Álvarez S.A., que, «prescindiendo groseramente» de la ley, recibió una ayuda 1,2 millones de euros con cargo al fondo de los ERE para montar un secadero de jamones y embutidos. El tono de reproche sube y se añade a otros calificativos cada vez más frecuentes en los escritos que salen de Anticorrupción como «la pasividad evidente» o el uso de «todo tipo de cortapisas» en instrucciones «exiguas».

El pulso jurídico entre los fiscales y la juez ha desembocado en un escrito de queja inédito firmado por los seis fiscales Anticorrupción de Sevilla y enviado al fiscal jefe en Madrid, Alejando Luzón , en el que cuestionan con dureza su forma de instruir los casos de corrupción.

En lo que respecta a la empresa Romero Álvarez S.A ., la magistrada acordóel sobreseimiento libre de la causa con respecto a Guillermo Romero Álvarez, el hijo del dueño de la empresa, Manuel Romero (ya fallecido). La instructora exculpó al hijo del empresario alegando que «no tuvo participación alguna en la tramitación, solicitud o justificación de la ayuda».Las fiscales discrepan amparándose en la documentación incluida en el sumario de esta pieza desgajada de la causa matriz de los ERE, que analiza una lluvia de más de 50 millones de fondos públicos que «regó» a sociedades de la Sierra Norte de Sevilla.

Para la Fiscalía, Guillermo Romero era, al menos, apoderado de la empresa «con una implicación absoluta en la misma». Por tanto, «era plenamente conocedor de la existencia de estas ayudas , de cómo empresas de la zona se estaban beneficiando de ellas, de quién era la persona que las concedía y de con quién tenía que hablar para que ello fuera así». «Independiente es quién estampara la firma en el protocolo que se firmó después», apuntan.

El punto tercero del recurso el Ministerio Público está cargado de minas. Asegura que «se hace uso por la magistrada instructora de los principios de confianza en la Administración y buena fe para justificar una conducta que de todo punto es delictiva ». Esta tesis entronca con el nuevo marco mental del caso ERE que ha establecido Núñez a través de sus autos.

Para la magistrada, algunos beneficiarios de ayuda, «más que delincuentes, podrían considerarse víctimas o perjudicados por la actuación» de la Junta. Con esta teoría, ha archivado varias piezas, entre ellas la del centro geriátrico del Obispado de Cádiz por una ayuda de 300.000 euros. Las fiscales recriminan a la juez que apele al dictamen del Consejo Consultivo sobre esta última ayuda, obviando que el mismo órgano emitió una resolución el 13 de abril de 2013 que niega de plano la supuesta buena fe de la empresa Romero Álvarez S.A.

« La ayuda fue concedida prescindiendo groseramente del procedimiento , sin concretar mínimamente las obligaciones de la mercantil beneficiaria», que debía justificar el empleo de los fondos recibidos y las causas de reintegro, según advirtió el Consultivo. La empresa aportó con posterioridad a la Junta el expediente de subvención del secadero, la sala de despiece y el obrador de embutidos, pero «no consta que dicho expediente fuese presentado en ningún registro administrativo» y la solicitud de ayuda no lleva firma. «En estas condiciones difícilmente puede invocarse el principio de confianza legítima en el actuar de la Administración», recoge el dictamen.

Las fiscales piden que el archivo sea revocado, entre otras razones porque el citado órgano declaró nulo el protocolo de colaboración donde se plasmó la ayuda el 25 de febrero de 2003.

La Intervención General del Estado detalló un cúmulo de irregularidades. No se acreditaron las inversiones. La Junta concedió los fondos con un «concepto presupuestario inadecuado y sin competencia legal para ello, haciendo uso de la mera discrecionalidad para determinar las empresas beneficiarias y dejando al margen los principios de publicidad, concurrencia y objetividad o la constancia de resolución motivada de los requisitos».