La Fiscalía Anticorrupción acusa a la Junta de Andalucía de «desobediencia y obstrucción a la Justicia»

En concreto, el Ministerio Público solicitó a la juez María Núñez Bolaños —que ahora está de baja— que amonestara a las personas que ocupan la Dirección General de Formación y la Delegación de Servicio Andaluz de Empleo en la provincia de Cádiz, «ya que en uno u otro centro debería constar» la documentación que necesita el perito de la Intervención General de la Junta de Andalucía . A este experto la juez le encomendó en 2016 un informe sobre la justificación de las ayudas que recibió el antiguo político socialista.

El perito autonómico Pedro Antonio Zorrero dirigió un escrito al juzgado el 16 de mayo en el que justificaba el retraso de este trabajo porque no le habían entregado las cuentas justificativas de los expedientes de ayudas de los años 2009 y 2010. «A fecha de hoy, los informes de las ayudas referidas al año 2011 se encuentran prácticamente finalizados», pero el resto de periciales «estaría condicionado al análisis» de los expedientes «una vez que los tenga disponibles», alegaba en su descargo.

En su escrito, el funcionario de la Intervención de la Junta explicó que la documentación aportada por el juzgado para realizar sus informes « asciende a más de 25.000 páginas » y que él ha tenido que analizar los expedientes fuera de su jornada de trabajo como interventor de control financiero de subvenciones y fondos europeos».

A la vista de este escrito, el fiscal señala que la documentación justificativa de las ayudas « ha sido solicitada y reiterada en varias ocasiones por el perito » y el propio Ministerio Público. Por ello, pide a la juez que vuelva a requerir la documentación de diez subvenciones que suman 26 millones de euros y que fueron a parar a asociaciones vinculadas al grupo Prescal, administrado por Ángel Ojeda.

Ante la petición del fiscal, en un escrito del 5 de junio, la juez rehúsa apercibir a cargos de Empleo, pero les insta a entregar la documentación « en el plazo improrrogable de 20 días », que ya se habrían cumplido.

El exconsejero de Hacienda recibió en total 33,3 millones de euros de la Junta de Andalucía para formar y contratar a empleados de la antigua factoría de Delphi. En su declaración como investigado en el caso de los cursos de formación el 24 de mayo de 2016, Ojeda aseguró que las subvenciones de la Junta de Andalucía han supuesto la «ruina» para sus empresas, lamentó que esta Administración le debía 5 millones de euros y defendió que todos los cursos fueron justificados «hasta el último céntimo».