Los siete pecados capitales de la juez Núñez

El futuro de la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla , que ha solicitado la baja laboral debido a problemas personales, depende ahora de la investigación abierta en el seno de la Fiscalía Anticorrupción y de una eventual intervención del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) . Pero, ¿qué razones han motivado la protesta unánime de los fiscales? ¿Cómo se ha llegado a este punto inédito en la investigación de grandes causas en la Justicia española?

Independientemente de las posibles irregularidades en la instrucción de Núñez, que tendrán que ser evaluadas por los órganos de gestión de la judicatura, lo cierto es que el trabajo de la magistrada ha provocado numerosas polémicas. Estos son los siete puntos que se le han reprochado a la instructora de los ERE :

Nada más llegar al juzgado de Instrucción número 6, Núñez decidió dividir la causa de los ERE en tantos casos como ayudas se habían aprobado en la Junta. Asumía así la metodología que habían solicitado desde un primer momento las defensas de los acusados y la propia Junta de Andalucía . Alaya siempre se había negado a ello al entender que el caso ERE no era una mera sucesión de expedientes irregulares, sino que había una estrategia política tras el fraude. La división del caso en decenas de procesos diluía la acusación y atomizaba la instrucción .

Los fiscales han advertido reiteradamente de la lentitud -«pasividad evidente», llegaron a señalar- con la que la juez ha instruido las causas, incluyendo continuas suspensiones y aplazamientos de declaraciones de los investigados . La Fiscalía Anticorrupción ya denunció, por ejemplo, que tras dos años y medio de instrucción del caso Avales «el avance en la investigación ha sido prácticamente inexistente».

La consecuencia directa de esta parsimonia procesal ha sido que numerosos casos han prescrito o están al borde de la prescripción . Sólo en el caso ERE, la más importante de las seis macrocausas que instruye Núñez Bolaños, la magistrada ha ordenado 35 archivos por prescripción de delitos , aunque muchos de estos autos han sido recurridos. La persecución del delito decae a los diez o quince años de su comisión, dependiendo de la tipología penal. Los fiscales han reprochado reiteradamente a la juez que no esté pendiente de este calendario, que puede dejar numerosos casos en nada.

La magistrada ha ordenado la exculpación de ex altos cargos de la Junta y de beneficiarios de las ayudas ilegales incluso sin haberlo pedido los acusados, con el argumento de que era necesario agilizar la instrucción. Muchas de estas exculpaciones han sido posteriormente revocadas por la Audiencia. En la última, la exculpación del exdirector general Daniel Alberto Rivera en una de las piezas desgajada del caso ERE, la Audiencia reprochó a la juez los argumentos «erróneos» y «contradictorios, carentes de fundamento y de toda lógica procesal» que utilizó para justificar la exculpación. Una contundencia inusual en los escritos de la Audiencia.

La juez Núñez ha alegado varias veces que no ve delito alguno en las causas que instruye . Ocurrió con la causa de los avales de IDEA, cuando decretó su archivo señalando que «se han desvanecido uno por uno los indicios de delito». Igual ocurrió con el fraude de Formación , con 24 dirigentes socialistas de la Junta imputados, entre ellos el exconsejero Antonio Fernández. Núñez alegó que veía irregularidades administrativas, pero no delitos. Huelga decir que la Fiscalía Anticorrupción no comparte el criterio.

La magistrada no tramita los escritos que el Ministerio Público presenta solicitando la práctica de diligencias . Algunas de ellas, como en el caso Avales de IDEA, a pesar de que la propia Audiencia de Sevilla le hubiese ordenado por dos veces la práctica de las mismas. En muchos casos Núñez deniega las peticiones de la Fiscalía incluso sin contestarlas o motivarlas. Igual ocurre con la acusación particular, ejercida por el PP, con cuyos abogados mantiene un enfrentamiento abierto con cruce de ataques permanentes.

No sólo con la Fiscalía ha mantenido diferencias la juez de los ERE. Ha reprochado a la Guardia Civil errores en su investigación , como hizo en el caso de las ayudas a Fundaciones Caetano S.A. Por otra parte, se niega a remitir a la Unidad Central Operativa (UCO) y a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) toda la información referente a avales concedidos a empresas andaluzas, tal y como le solicitó la Fiscalía Anticorrupción. En lugar de hacerlo, decidió archivar la causa. Por otra parte, ha ordenado archivar piezas sin esperar a conocer el informe que estaba realizando la Guardia civil, como en el caso de los cursos de formación.