Cuatro años de la juez Núñez: el desmontaje de los casos de corrupción de la Junta de Andalucía

En aquel momento no habían pasado seis meses desde su aterrizaje y la juez a la que sustituyó en este órgano judicial, Mercedes Alaya , aspiraba a seguir dirigiendo las macrocausas de los ERE, Formación y Avales a empresas de la agencia IDEA, el caso que su sustituta acaba de archivar. Tras lograr su ascenso como magistrada de la Audiencia Provincial de Sevilla , Alaya pidió una comisión de servicios que acabaron denegándole.

El abogado no estuvo atinado con su negro augurio que lanzó a Núñez. El 16 de junio cumplirá cuatro años al frente del juzgado donde se instruyen los casos Formación, Faffe, Transferencias de Financiación, Santana, Avales y ERE. Este último proceso, cuya instrucción había delegado en su juez de apoyo, sentó en el banquillo a medio Consejo de Gobierno andaluz, incluidos dos expresidentes, Manuel Chaves y José Antonio Griñán . Sus 152 sesiones se convirtieron en una anatomía a los vicios de una forma de gestión que ha perdurado 37 años. Los acusados aguardan ahora la sentencia.

Muchas cosas han cambiado en el ya no tan temido juzgado de las macrocausas desde que se hizo con sus riendas. « Hemos pasado del colapso del juzgado a colapsar la Audiencia . El atasco salta de edificio», comentó la nueva titular a los periodistas cuando llevaba dos años de instructora. Donde ella sólo ve luces en su gestión, otros aprecian sombras. Cuatro años después, es hora de hacer balance.

Las investigaciones que más incomodaban al partido gubernamental —desalojado del poder por el PP, Ciudadanos y Vox tras las elecciones autonómicas— han pasado a la historia. La juez archivó la llamada causa política de la formación contra 24 ex responsables de la antigua Consejería de Empleo, como había pedido la Fiscalía. Rechazó que los fondos millonarios para cursos se hubiesen repartido con criterios de «clientelismo político» .

El mismo destino ha tenido el caso Avales, pero esta vez con la oposición del Ministerio Público, que ve supuestos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos en la actuación de cuatro ex altos cargos. Siguiendo el mismo esquema que utilizó en el caso Formación y en la pieza ya instruida del consorcio de empleo de formación Formades, la juez exculpa a los políticos en el caso Avales alegando que aprecia «meras irregularidades» administrativas. Los letrados de la Junta también libran a los políticos del proceso y redirigen su munición penal contra las empresas que IDEA avaló ante los bancos.

Otros sumarios, como el de los ERE, abierto en 2011, están diluyéndose como cubitos de hielo en un vaso largo de whisky, a medida que avanza la instrucción y se suceden los archivos.

El caso ERE acumula más de 35 archivos por prescripción de los delitos. En un recurso contra uno de sus sobreseimientos, publicado por ABC, los fiscales Anticorrupción denunciaron la «pasividad evidente» de quien debe evitar la impunidad. «Simplemente deja pasar el tiempo», advertían. No están solos en este pulso judicial. La acusación popular del PP andaluz tampoco ceja en su empeño de pedir diligencias a través de una sucesión de escritos y recursos.

Hasta la Audiencia de Sevilla, que abrió la puerta a excluir de las piezas de las ayudas de los ERE a los políticos acusados en el juicio, ha tumbado muchos de sus autos de archivo exprés y anulado la exculpación indiscriminada de ex altos cargos y beneficiarios en las más de un centenar de investigaciones que conforman esta macrocausa troceada para agilizar su instrucción . En un auto del 12 de marzo pasado, la sala que resuelve los recursos del caso ERE revocó la decisión de la titular del Juzgado de excluir al exdirector general de Trabajo de la Junta Daniel Alberto Rivera de una pieza desgajada de esta macrocausa.

En un tono inusualmente crítico, la Audiencia aseguró que Núñez empleó argumentos «erróneos», «contradictorios», « carentes de fundamento y de toda lógica procesal » al negar la supuesta actuación delictiva de Rivera en relación a ayudas de 98 millones de euros concedidas a Santana Motor.

Durante cuatro años, se han acentuado las quejas de los fiscales hacia la forma de instruir de la juez, su negativa a realizar diligencias e imputaciones y las continuas suspensiones y aplazamientos de las declaraciones de investigados. Los fiscales y las acusaciones ejercidas por el PP y la Junta de Andalucía solicitan pesquisas para avanzar en la investigación que son ignoradas por la juez a veces sin contestarlas ni motivarlas.

Cansado de que sus peticiones fueran ignoradas «de manera sistemática», el fiscal del caso Avales recurrió a la Audiencia de Sevilla, que le dio dos veces la razón y ordenó el encargo de informes a la Guardia Civil y la Intervención del Estado sobre los avales concedidos a empresas pendientes desde 2015. El fiscal de Anticorrupción lamentó que « el avance de la investigación ha sido prácticamente inexistente » durante dos años y medio. La causa terminó archivada, al igual que otras piezas del caso ERE.

La persecución del delito decae a los 10 o 15 años dependiendo del tipo penal y de la cuantía, pero el reloj no se detiene hasta que se cita a los investigados . De ahí que el tiempo sea crucial. Durante toda la instrucción se han multiplicado los escritos de los fiscales pidiendo a Núñez que abra piezas, concrete delitos y notifique imputaciones, con el fin de «evitar mayores demoras de las que ya se han producido en relación a estas ayudas».

En una decisión que puso de acuerdo a los magistrados conservadores y progresistas, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) denegó a Alaya la comisión de servicios para instruir las macrocausas. Años después, en una entrevista en ABC, la afectada ofreció una explicación política a aquella maniobra: « PSOE y PP me quitaron por miedo a que investigara los cursos de formación » después de descubrir hechos «sumamente graves». En esta decisión pesó mucho que Alaya cuestionara la independencia y preparación de su sustituta a través de un escrito enviado al CGPJ.

Haciéndose eco de informaciones periodísticas, la magistrada expresó su inquietud por la «estrecha amistad» de la nueva titular del juzgado con el consejero de Justicia, Emilio Llera , «notorio detractor» del trabajo de Alaya como instructora de los casos de corrupción que más dolores de cabeza provocaba a los gobiernos socialistas.

En el desembarco de Núñez en el juzgado, el consejero elegido por Griñán y fiscal en excedencia jugó un papel capital. Llera le animó a presentarse a última hora a un concurso que tenía ganado de antemano frente a aspirantes con menos antigüedad que ella. El consejero ironizó sobre su amistad con la magistrada ante un periodista: «Busque usted un juez de Sevilla que no sea amigo mío, búsquelo a ver si es capaz de encontrarlo. Van a tener que buscar al sustituto en la estratosfera ». Lo decía el amigo de «todos los jueces» de Sevilla, al menos en el planeta Tierra.