El fiscal carga contra Roberto Macías: «No denunció las corruptelas de UGT ante el sindicato y las autoridades»

El talismán funcionó a medias. El juicio previsto este jueves ha sido suspendido en el último minuto, como pretendía su defensa. El letrado que lo representaba renunció por escrito porque mantenía «posiciones irreconciliables» con el acusado . Su nuevo abogado, Francisco José Sánchez Ramón, no había podido preparar el juicio con suficiente antelación y ni la Fiscalía ni la acusación se opusieron a su petición.

La juez de lo Penal número 15 de Sevilla, Ana Rosa Curra , acordó aplazar el proceso hasta el 6 de marzo próximo. En una breve vista donde se abordaron las cuestiones previas, la defensa también comentó que había sido asaltado su despacho en los días previos a la celebración del juicio y se habían llevado documentación de distintas causas de corrupción, entre ellas el caso de Macías.

Pero la magistrada, que le requirió la denuncia del robo , expresó dudas sobre las razones expuestas por el acusado. También el fiscal y la acusación de UGT-A. Curra planteó que puede haber un «ánimo de fraude» o un «abuso del derecho de renuncia» de la defensa por parte del propio acusado.

La organización que dirige Carmen Castilla –que acudió ayer a los juzgados– le pide cuatro años de cárcel –la Fiscalía solicita tres– y el pago de 60.000 euros por los «daños morales» causados a UGT-A. El procesado, que estuvo arropado por miembros de la Plataforma por la Honestidad, a la que éste pertenece, no lo va a tener fácil. El fiscal Fernando Soto cuestionó con contundencia la tesis del acusado. «Es falso que este señor colaborara con la Justicia, utilizó para su provecho la información» sobre la contabilidad del sindicato que, según explicó, «obtuvo ilícitamente» antes de su despido el 30 de noviembre de 2012 y guardó en su domicilio durante más de un año para ir «suministrándola a la Prensa».

El torpedo iba directo a la línea de flotación de la defensa . El letrado de Roberto Macías calificó el juicio como «un montaje procesal que ha hecho la acusación particular» y argumentó que la directiva que protege a los alertadores –«whistleblowers», en inglés– de corrupción aprobada por el Consejo Europeo –que aún no está en vigor– ampara casos como el de su cliente. «No se puede seguir un procedimiento judicial contra los denunciantes de corrupción», señaló Sánchez Ramón , que ha denunciado los presuntos casos de corrupción que han salpicado al alcalde del Partido Popular de Roquetas de Mar, Gabriel Amat . Este letrado defendió que los datos de UGT son públicos atendiendo a las leyes de transparencia estatal y autonómica.

El representante del Ministerio Público discrepó. A su juicio, al que fuera administrativo de la federación regional no se le puede aplicar la norma europea porque no hizo una denuncia interna en UGT y «si no hubiera confiado en ella para poner en su conocimiento estas corruptelas , para eso estaban las autoridades públicas». «No fue ni a la Policía ni a la Guardia Civil ni al Juzgado ni a la Fiscalía ni a ningún organismo público», sostienen el fiscal y el sindicato.

El abogado de UGT-A nada tuvo que añadir, más que suscribir punto por punto los argumentos el fiscal. Aportó a la causa como prueba la agenda telefónica de Federico Fresneda , el extesorero de UGT-A que fue jefe del acusado, a quien éste situaba como ideólogo de las facturas infladas de proveedores de confianza de la central para justificar subvenciones de la Junta para cursos de formación.

La juez también admitió la prueba presentada por el fiscal, el acta de la declaración prestada por Macías ante la Guardia Civil el 15 de enero de 2014 donde detallaba los distintos mecanismos utilizados por el sindicato para su supuesta financiación ilegal a través de fondos públicos: el rápel o descuento de los proveedores en las compras que no se comunicaba a la Junta, las presuntas facturas ficticias de alquiler de aulas para los cursos y el llamado bote, un fondo creado con facturas supuestamente infladas sobre compras ficticias.

Las informaciones de estas prácticas, las «corruptelas» a las que se refirió el fiscal, fueron aireadas en la prensa en 2013. UGT-A sostiene que Macías fue el filtrador . Aquellas publicaciones desembocaron en una investigación abierta en septiembre de ese año. En las diligencias están imputados desde octubre de 2014 dos exsecretarios regionales del sindicato, Manuel Pastrana y Francisco Fernández Sevilla , pero aún no hay juicio a la vista. La Justicia es lenta, pero siempre llega. Para algunos antes que para otros.